CRONOLOGÍA DE LA RESISTENCIA

 

INTRODUCCIÓN

Mirador es un megaproyecto de cobre y oro que queda aproximadamente a 1000 metros de altura en la Cordillera del Cóndor, al límite de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui.

Actualmente es el megaproyecto minero más avanzado del Ecuador. Al año 2015 Mirador se encuentra en la etapa de desarrollo, es decir de construcción de infraestructura necesaria para la futura extracción a cielo abierto de cobre y oro.

Mirador se encuentra en una zona particularmente sensible a nivel físico como social, por su alta pluviosidad y sismicidad, por su nivel de endemismo y su megabiodiversidad, y por ser territorio de la nacionalidad indígena shuar.

A lo largo de los últimos veinte años, las concesiones del megaproyecto Mirador han cambiado varias veces de manos: inicialmente, al ser propiedad de la multinacional australiana BHP Billiton, fueron adquiridas, primero parcialmente, y luego en su totalidad, por la junior canadiense Corriente Resources. Actualmente, la empresa concesionaria de Mirador es Ecuacorriente Sociedad Anónima (ECSA). Sin embargo, ECSA pertenece a su vez al consorcio chino CRCCTongguan, el cual está conformado por las empresas estatales chinas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation, dos grandes productoras y refinadoras de metales en China.

A mediados de 2010, la china Tongling-CRCC compró Mirador a la canadiense Corriente Resources, la cual ya había efectuado trabajos de exploración avanzada, e identificado el yacimiento durante la primera década del 2000.

Cabe señalar que desde inicios de la década de 2000, la presencia de empresas mineras transnacionales en la Cordillera del Cóndor ha generado una alta conflictividad social, siendo un ejemplo de ello, en el caso de Mirador, el paro de diciembre de 2006, durante el cual hubo enfrentamientos entre grupos opuestos al proyecto por una parte, y obreros de la empresa y policías por otra.

La empresa ECSA necesita asegurar el acceso a la mayor superficie de terreno para extraer el volumen diario que se ha planteado a largo plazo. En consecuencia, la empresa ECSA necesita expandir su operación hacia zonas que no eran parte del área directamente intervenida, sobre propiedades de campesinos.

El contexto de violación sistemática de derechos colectivos y de la naturaleza llegó a su punto más alto en 2015 con el desalojo de varias familias de comuneros del barrio San Marcos. Los desalojos se realizaron con fuertes contingentes policiales y culminaron con la destrucción completa de las viviendas y las sustracción de las posesiones de los comuneros que en algunos casos se desconoce su paradero.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) redactó esta cronología con el fin de sistematizar información y que sea más accesible para todo el que la requiera. Esta cronología aporta contenido que ayudan a comprender el impacto de la minería en la comunidad, la inseguridad en la que viven los habitantes de Tundayme, la criminalización a sus dirigentes, entre otros.

 

ABRIL DE 2008

Entra en vigencia el Mandato Constituyente Minero Nª6, que declara extinguidas las concesiones mineras en fase de exploración que al 31 de diciembre de 2007, no hayan realizado inversiones en su desarrollo, que no hayan presentado estudios de impacto ambiental o no hayan concluido procesos de consulta previa. También aquellas que se hubieren otorgado en áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua entre otras condiciones que contempla el Mandato Minero.

julio de 2008

El 18 de julio en clara contravención al Mandato Minero, el entonces Ministro de Minas y Petróleos, José Serrano Salgado emite el decreto Ministerial Nª 172 que establece los criterios de afectación a recargas, nacimientos y fuentes de agua, referente a la declaratoria de la extinción sin compensación económica de las concesiones que afecten a los nacimientos y fuentes de agua establecida en el Mandato Minero.

enero de 2009

Entra en vigor la Ley de Minería. Ley ordinaria que no puede reformar o derogar lo establecido en el Mandato Constituyente Minero por tener ese rango constitucional.

marzo de 2009

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presenta una demanda de inconstitucionalidad a la ley minera.

Representantes de los Sistemas Comunitarios de Agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, y varias comunidades de la provincia del Azuay, presentaron ante la Corte Constitucional otra demanda de inconstitucionalidad por la aprobación en Enero de 2009 de la Ley de Minería.

En apoyo a estas demandas, se presentaron ante la Corte Constitucional del Ecuador tres amicus curiae o testimonios que terceros ajenos al juicio, que contienen evidencias científicas, sociales y/o jurídicas, en relación al asunto en litigio.

febrero de 2012

El 24 de febrero de 2012 y mediante la resolución 259/2012 el Ministerio del Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) para la fase de explotación de minerales metálicos del proyecto minero Mirador, ubicado en el cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe; asimismo otorgó Licencia Ambiental a la compañía Ecuacorriente S.A. para la fase de exploración de minerales metálicos del mismo proyecto minero.

5 de marzo de 2012. Firma del contrato

El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador. El contrato permite la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales por un tiempo de 25 años renovables, en el marco del proyecto Minero Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. La empresa concesionaria es de origen chino Ecuacorrientes SA (ECSA). El proyecto Mirador tiene una extensión total de aproximadamente 6000 hectáreas (sumadas las áreas de operaciones mineras, actividades relacionadas y áreas de protección[1] ), se realizará un tajo de 1.25 km de profundidad y se estima de reservas estimadas en 4738 millones de libras.

Firma del contrato en el Palacio de Carondelet. Foto: El Telégrafo.

Firma del contrato en el Palacio de Carondelet. Foto: El Telégrafo.

La concesión y firma del contrato de explotación minera se llevó a cabo sin consulta ni participación de la comunidad, a pesar de que la Constitución ecuatoriana desde el 2008 ya reconocía este derecho no solo a comunidades indígenas (Art. 57 núm. 7 CRE) , sino a todo tipo de comunidad conocida como consulta ambiental, conforme lo señala el Art. 398 de la Constitución ecuatoriana.

mayo y junio de 2012

Diferentes entidades sociales deciden interponer dos Acciones por Incumplimiento de Normas N.° 0039-10-AN y 0033-12-AN, al Mandato Minero , en la Corte Constitucional del Ecuador, contra el Ministerio de Recursos no Renovables. Estas acciones, una presentada en mayo de 2012 y otra en junio de 2012, pretenden que la Corte Constitucional disponga a la Asamblea y al gobierno cumplir la sentencia 0008-09-IN y 0011-09-IN dictada por dicha corte en torno a la Reforma de la Ley de Minería.

La finalidad es que se consulte a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y pueblo montubio, las medidas de carácter prelegislativas como los actos administrativos previos al inicio de actividades de prospección, exploración, explotación y otros que pueden afectar sus derechos colectivos.

A lo largo del 2013 y 2014

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), a pedido de ECSA inició varios procesos de servidumbres mineras a varias familias de la parroquia de Tundayme.

12 de mayo de 2014.

La empresa ECSA, con la complicidad del Estado, destruyó de forma arbitraria e ilegítima la iglesia y la escuela de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Morona Santiago, que eran bienes que congregaban y daban vida a la comunidad. El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Cascomi (Ver escritura aquí) gracias al esfuerzo de la propia comunidad.

Maquinaria destruye iglesia y la escuela de San Marcos.

21 de agosto de 2014.

El Estado reconoce formalmente a la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) como comunidad indígena que habita en la zona de la concesión.

Al ser una comunidad indígena se debió respetar su derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que afectan su territorio (Art. 57 núm. Constitución y Convenio 169 de la OIT), como son los procesos de servidumbre, pero no fue así. A pesar de que se han concluido los procedimientos administrativos de servidumbre y los cheques están consignados, los miembros de Cascomi no los ha cobrado ni pretende hacerlo.

8 de junio de 2015.

Los miembros de la Comunidad Amazónica de la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito para presentar las medidas cautelares que eviten el desalojo de los habitantes de la zona, por las servidumbres mineras concluidas sin consulta.

Comuneros de Tundayme llegan a Quito a presentar medidas cautelares que eviten futuros desalojos.

Junio de 2015.

La jueza Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, de la Sala de Sorteos de Quito, negó la medida cautelar.

30 de septiembre de 2015.

La Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador" (Cascomi) denunció que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares desalojaron a varias familias de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme. Los habitantes desplazados defendieron su territorio.

16 familias son desalojadas de sus hogares a primeras horas de la madrugada, entre ellos la de la familia Luis Árevalo Pacheco, Ángel Polivio Arévalo y de los Hermanos Uyaguari, todas quedaron destruidas. El operativo estuvo integrado por centenares de Policías Nacionales, miembros de la ARCOM, miembros de la seguridad privada de la minera ECSA, Serseivi y otros miembros del Estado.

Las viviendas fueron destruidas, inclusive con sus pertenencias dentro, los animales que tenían los posesionarios quedaron sueltos en el territorio y se produjeron múltiples daños a sus propiedades así como pérdidas materiales de diferentes tipos. Las familias no fueron reubicadas y en algunos de los casos sus pertenencias no fueron devueltas. Se dieron actos de violencia física por parte de la Policía Nacional contra moradores y moradoras que se negaban a salir de sus hogares. Hasta inicios de 2016 las familias continúan en la misma situación y tras los desalojos en una situación de gran vulnerabilidad física, económica y emocional.

 

1 de octubre de 2015.

Luis Sánchez, presidente de Cascomi, presentó una medida cautelar para que cesen los desalojos en el sector de San Marcos, parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe.

La medida cautelar fue presentada en Yantzaza para que un juez de primera instancia lo resuelva. Esta medida fue interpuesta en contra Belén Catalina Sánchez Coba, Gerente General y Representante de Ecuacorriente S.A.; Javier Córdova Ministro de Minería; Lorena Tapia, Ministra del Ambiente del Ecuador y Cristina Silva Cadmen, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).

Cascomi organizó una rueda de prensa desde Tundayme para denunciar los desalojos. Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, visitó San Marcos para verificar la situación. Indicó que los terrenos de donde fueron desalojados los moradores no son propiedad de ECSA, sino comunales. 

El Ministerio del Interior emitió un comunicado donde informó que en el operativo policial que se realizó en San Marcos participaron más de 135 uniformados. Foto: Ministerio del Interior.

 Tras el desalojo, la minera ECSA colocó letreros con la leyenda “Propiedad en servidumbre minera a favor de Ecuacorriente S.A”.

2 de octubre de 2015

Policías antimotines custodiaron los terrenos de los habitantes de San Marcos que fueron desalojados el 30 de septiembre de 2015.

Los comuneros de Cascomi llegaron a Quito para denunciar los desalojos que se ejecutaron en Tundayme el 30 de septiembre de 2015. Se realizó una rueda de prensa en Acción Ecológica y se desarrolló con varias organizaciones.

4 de octubre de 2015

Cascomi en asamblea general con los comuneros de Tundayme habla sobre los desalojos y entrega víveres y accesorios a las familias afectadas.

5 DE OCTUBRE DE 2015

Se realizó un plantón contra los desalojos forzosos en la recta de El Pangui, Zamora Chinchipe, lugar donde se inauguraba una Unidad Educativa del Milenio por el presidente Rafael Correa.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), emitió un pronunciamiento frente a los desalojos ilegales y derrocamientos de las viviendas en Tundayme, indicando que suponen un atropello a los derechos humanos. Leer el pronunciamiento aquí.

7 de octubre de 2015.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) hacen pública la invitación a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ledy Zúñiga; Zobeida Gudiño de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional; y Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del Pueblo del Ecuador, para que sean parte de la Misión de Verificación que visitará la comunidad indígena shuar Cascomi, en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.

Esto luego de que la guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente S.A. acompañados de un operativo de policías y militares con maquinaria pesada desalojaron forzosamente a las familias de la parroquia Tundayme, el pasado 30 de septiembre.

Se esperaba que esta Misión este conformada por un delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y uno de la Unión Europea, quienes por protocolos diplomáticos de cada organismo, solo pueden acompañar esta misión si hay una respuesta afirmativa de los funcionarios del Estado.

Invitación pública a autoridades del Estado a Misión de Verificación a Tundayme. 

8 de octubre de 2015

La asambleísta, Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, anunció públicamente que asistirá a la Misión de verificación si le llega la invitación. La misma que fue entregada el 7 de octubre.

El Juez Gonzalez Medina Ángel Romelio de Juez Titular de la Unidad Judicial Multicompetente de Yantzaza, niega las medidas cautelares planteadas el 1 de octubre.

Inredh y Cedhu mediante banner y videos visibilizan los desalojos en la parroquia de Tundayme y los derechos violentados con esta acción; por medio de la campaña digital: #NoMásDesalojos y #TundaymeResiste.

Videos:  http://bit.ly/1HVJDb4

Imágenes:  http://on.fb.me/1HEAMjP

12 de octubre de 2015

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, se excusa de ir a Tundayme tras desalojo de comuneros.

17 de octubre de 2015

El Asambleísta Milton Gualán, la Conaie, Inredh y Cedhu visitaron San Marcos para verificar los desalojos. Ninguna de las tres instituciones públicas que fueron invitadas acudieron a la Misión.

Testimonios de las personas desalojadas:   http://bit.ly/1HVJDb4

Foto Documental Misión de Verificación

22 de octubre de 2015

Se creó en la Asamblea Nacional, una Subcomisión que participará en verificación de lo ocurrido en Tundayme. Los asambleísta que conformaron la subcomsión son los legisladores Christian Montenegro, Rita Matías, Betty Jerez y Zobeida Gudiño.

Petición internacional – Plataforma AvaazPresidente del Ecuador Rafael Correa Deldago: Que se suspenda el Proyecto Minero Mirador Zamora Chinchipe.

25 de octubre de 2015

En una reunión con el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, los comuneros de San Marcos desalojados el 30 de septiembre pasado resuelven viajar a Quito para visitar diferentes entidades del Estado.

27 de octubre de 2015

25 habitantes de San Marcos llegan a Quito para exigir que se respete su territorio y les devuelvan sus casas. Se reúnen con el presidente de la Conaie, Jorge Herrera; dirigente de la mujer de la Coanie, Katy Betacourt; Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Roxana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educacores (UNE); Nestor Erazo, presidente del Frente Popular; presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), y otros dirigentes sindicales quienes se comprometieron en brindar su apoyo y acompañamiento a los comuneros.

Los comuneros de Tundayme se reunieron el martes, 27 de octubre, con el comisionado de las Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorilla, quien informó que los testimonios vertidos en la cita y la documentación recibida sobre los desalojos de las 16 familias del barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, serán enviadas a la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, así lo señaló el asambleísta Milton Gualán que fue parte de la cita. En la cita participaron Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Luis Sánchez, presidente de Cascomi; Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y tres comuneros de la zona.

28 de octubre de 2015

Varias organizaciones sociales solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precautelar los derechos del dirigente de CASCOMI y defensor de la naturaleza Luis Sánchez.

Plantón en los exteriores de la ARCOM en Quito.

 

29 de octubre de 2015

Los comuneros desalojados de Tundayme realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional. La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) solicitó a la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea conocer cuándo la subcomisión, creada el pasado 21 de octubre, realizará la visita in situ el lugar de los desalojos, barrio San Marcos, parroquia Tundayme. En este lugar se encuentra el proyecto minero Mirador que extraerá oro y cobro de la zona.

A las 16:00 se realizó un plantón en los exteriores de la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet. Una delegación conformada por cinco personas fue recibida por Mario Latorre, asesor presidencial, quien escuchó los testimonios de las personas desalojadas y recibió un documento en el que los habitantes del desaparecido sector de San Marcos, exigen la salida de Ecuacorriente S.A. y la reparación integral por los daños causados por los desalojos.
 
Latorre, se comprometió a revisar el documento y hacer el ingreso formal. Además, dijo que hará las gestiones necesarias para que los ministerios que deben intervenir, tomen cartas en el asunto.

30 de octubre de 2015

Alrededor de 20 comuneros desalojados se reunieron con Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de Derechos Humanos y de la Naturaleza, para solicitarle que realice una visita in situ en la zona de Tundayme y se pronuncié por la violación de derechos humanos y colectivos de la comunidad indígena. Hasta este momento el defensor no especifica fecha para la visita.

6 de noviembre de 2015

Cuatro asambleístas de la subcomisión de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional realizó la visita in situ a la parroquia Tundyame. El objetivo: verificar los hechos y levantar información sobre lo sucedido.

30 de noviembre de 2015

Lunes, 30 de noviembre, se cumplió 2 meses de los desalojos forzados que sufrieron 16 familias en Tundayme a causa del proyecto minero Mirador.

15 y 16 de diciembre de 2015

Se producen 10 nuevos desalojos de las familias que vivían en la Vía del Cóndor, parroquia de Tundayme en las mismas circunstancias que los desalojos forzosos de septiembre. En horas de la noche y con violencia.

15 de enero de 2016

Se cumpliieron 30 días del segundo desalojo ocurrido la noche del martes 15 y madrugada del miércoles 16 de diciembre de 2015. El desplazamiento forzado se inició el martes  a las 18:00 hasta las 18:30,  hora en que fue demolida y enterrada la casa de la Sra. Julia Ordoñez y otros 9 familias de comuneros.  Con maquinaria pesada y la guardia privada de la empresa desalojó a esta familia.

Luis Sánchez Amay de 68 años fue desalojado de su finca por la Arcom

3 febrero de 2016

La subcomisión de derechos colectivos de la Asamblea Nacional, presentó una socialización de la memoria construida durante la visita a Tundayme el 6 de noviembre de 2015. En esta reunión participaron los asambleistas Zobeida Guidiño, Christian Montenegro y Rita Matías. Adicionalmente, estuvo presente Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Condor Mirador", el abogado de la organización y 2 comuneros afectados por los desalojos.

No se permitió el ingreso de organizaciones sociales.

Boletín CEDHU: Sociedad civil y autoridades legislativas opinan sobre los desalojos en Tundayme.

4 febrero de 2016

Rosario Wari, mujer shuar de aproximadamente 107 años, fue desalojada por miembros de la Policía, miembros de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la empresa minera Ecuacorriente S.A. (Ecsa), personal del Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión. La anciana fue trasladada al cantón El Pangui, aparentemente a casa de un familiar. Rosario nació en lo que hoy se conoce como San Marcos, en la Cordillera del Condor, donde su familia habitó ancestralmente.

El Estado no reconoce la situación de desplazamiento forzado que se vive en la Cordillera del Cóndor. En el caso de Rosario Wari, el Estado afirmó que la familia de la mujer pidió ser trasladada a otro sitio debido a sus precarias condiciones de vida. Una visión contrapuesta a los familiares de Rosario, quienes aseguran que fue un desalojo forzado, que se ejecutó violando normas del debido proceso y vulnerando derechos humanos.

Según un comunicado difundido por Inredh:

los familiares de Rosario Wari se encuentran preocupados por el estado emocional de la señora, ya que ella se encuentra sola y desesperada en su actual casa. Raquel Mashendo, nieta de Rosario, dice “pedimos que nuestra abuelita regrese a su territorio ancestral ya que está sufriendo mucha allá. Está alejada de su hijo”.

Foto: Visión 360

Foto: Visión 360

 

 

Boletín difundido por la Agencia de Regulación y Control Minero sobre el desalojo de Rosario Wari.

 

11 de febrero de 2016

Se realizó una rueda de prensa en la sede de Conaie. Luis Sánchez presidente de la Comunidad Indígena Shuar (Cascomi) denunció los acontecimientos que envuelven el tercer desalojo en la parroquia de Tundayme.

Abel Arpi de la Asamblea de los Pueblos del Sur, Severino Sharupi del frente anti extractivista y Jorge Herrera presidente de la Conaie respaldaron las denuncias de la comunidad.

Se anunció la presentación de una Acción de Protección con el fin de exigir la reparación integral a las familias que han sido desalojadas. En esta acción jurídica se denuncian los hechos del 30 de septiembre donde fueron desahuciadas 16 familias, el 15 de diciembre cuando afectaron a una familia más, el 16 de diciembre a la madrugada se llevaron otras 14 viviendas, y este último ocurrido el 4 de febrero donde se desplazó a la adulta mayor Rosario Wari.

18 de febrero de 2016

La directiva de CASCOMI presentó la Acción de Protección, anunciada en rueda de prensa el 11 de febrero pasado. Esta acción jurídica fue presentada en la Corte Provincial de Zamora para exigir medidas de reparación que contemplan la restitución de sus tierras.

Actualmente existen 12 procesos de denuncia penal que han interpuesto los habitantes de CASCOMI contra la empresa minera porque no saben dónde están sus bienes. Esperamos que dentro de este litigio se abra un espacio de debate sobre las condiciones en las que se pretenden desarrollar proyectos de desarrollo y los derechos humanos.