Comunicación comunitaria: para la defensa del territorio y territorio en disputa

La defensa del territorio ha sido el punto de encuentro a los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, más aún está amenazado por el extractivismo. En este proceso de organización y articulación de las luchas, la comunicación desde las comunidades ha sido un puntal para la difusión de hechos y situaciones que vulneran sus derechos humanos y colectivos. Permiteademás, tejer redes que aunque son incipientes todavía, se van fortaleciendo rápidamente.

 

Entre los días 7 y 10 de noviembre se vivió el Tercer Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, el mismo que proviene de un proceso de tres años de capacitación y articulación entre jóvenes de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, con sus dirigentes de organización, a este proceso se ha incluido a la academia y a colectivos urbanos que empatizan luchas.

 

Esta tercera edición fue coorganizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; CONAIE, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; CEDHU, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, FACSO-UCE; la Universidad Andina Simón Bolívar; UASB, FES-ILDIS Ecuador y El Churo Comunicación.

 

Durante los cuatro días que duró el Encuentro se realizaron diversos eventos como un desayuno con docentes de la FACSO-UCE, que buscaba sensibilizar a la academia para su vinculación con la comunicación comunitaria; un taller interno con duración de dos días, en los que se trabajó la agenda de comunicación de los pueblos y nacionalidades indígenas, y que fue el insumo principal del manifiesto final; foros abiertos al público, con la presencia de expositores nacionales y extranjeros expertos en materia de comunicación comunitaria, para la educación y para las organizaciones sociales. En el cuarto día de encuentro se realizaron talleres técnicos y se finalizó con una presentación musical.

 

Participaron alrededor de 40 comunicadores y comunicadoras comunitarias, y hasta 200 personas asistieron a los eventos abiertos al público. Durante el Encuentro, el término “territorio” se constituyó en al menos dos sentidos: el primero como la tierra en la que se habita y se defiende contra el despojo, y la segunda como el ejercicio del derecho a la comunicación y que también está en disputa, porque la comunicación no es solo difusión, sino que también es producción de sentidos y expresión de saberes, donde también existe un acaparamiento capitalista y homogeneizante. Por tal razón tres organizaciones presentaron sus propuestas para el concurso de frecuencias de radio y televisión de Ecuador.

 

El manifiesto final, aprobado por los y las presentes, contempla la creación de la Asamblea Nacional de Comunicación Comunitaria del Ecuador, ANCCE, como estructura que permita el cumplimiento de los compromisos establecidos, el ejercicio de exigencia del derecho a la comunicación y el trabajo en coordinación con la organización, pero con cierta autonomía que impida que en determinado momento, un cambio de dirigencia la debilite o desaparezca. A esta asamblea también se unen colectivos de comunicación comunitaria urbana, que han generado empatía con las luchas indígenas y campesinas, que han visto en la articulación la posibilidad de exigir el derecho a los medios de comunicación.

 

El texto fue leído por los miembros de la comisión que acudió a la Cumbre Continental de Comunicación Indígena en Cochabamba-Bolivia, cuya tercera edición tuvo lugar la semana del 15 al 19 de noviembre de 2016.

 

La Cumbre Continental es un esfuerzo de las diferentes organizaciones sociales indígenas del Abya Yala, y constituyó un proceso de varias precumbres durante tres años. Buscaba, así mismo vincular las luchas de los diferentes territorios americanos.

 

A través de un boletín, el movimiento indígena representado por la CONAIE y la ECUARUNARI, expresaron su experiencia en la Cumbre, firmando la declaratoria denominada “La Cumbre es de los Pueblos y no de los Estados”, y su presencia en la mesa autónoma constituída para afianzar procesos y consolidar los principios, el carácter y el sentido que tiene los encuentros continentales de los pueblos y procesos de comunicación indígena. Invitan a las organizaciones indígenas y sociales de Bolivia e integrantes de la Comisión de Seguimiento de distintos países a la reflexión más allá de las coyunturas, instando también, a seguir trabajando por la Unidad de los pueblos indígenas y procesos de comunicación del Abya Yala.

La FIDH le pide a la defensoría del pueblo ecuatoriano promover acciones e intervenir para lograr una solución pacifica con la comunidad Nankints

CARTA ABIERTA:

 

Paris, Bruselas 25 de Noviembre de 2016

 

La FIDH está preocupada frente a la situación que se está dando desde el 21 de noviembre del 2016 en Nankints, provincia de Morona Santiago. En agosto del 2016, la comunidad de Nankints, asentada en la parroquia Panantza, fue desalojada de manera violenta de su territorio, concesionado a la empresa China Ecuacorriente (ECSA). Un territorio que esta comunidad indígena considera ancestral y legítimamente como suyo. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankints fue un episodio más de vulneración de derechos que se suma a las continuas presiones, hostigamientos, amenazas, incursiones policiales, y enjuiciamientos sufridas por esta comunidad a lo largo de esta última década.

 

Luego, de los acontecimientos violentos del 21, 22 y 23 de noviembre de este año, la FIDH pide a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto. La efectividad de este proceso dependerá del marco de respeto a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que esta institución propicie.

 

Acogemos con satisfacción la buena disposición de sus oficinas, tal como expresa su llamado del pasado 22 de Noviembre 2016 : “como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional,…,ponemos a disposición de las partes nuestro contingente humano e institucional para restaurar la convivencia pacifica en la localidad. ”, y citando la misma comunicación de “una respuesta adecuada a las demandas que originan el presente contexto de conflictividad”.

 

La FIDH considera esencial que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Conviene subrayar que en este caso, el proceso de concesiones del proyecto minero Panantza-San Carlos, otorgadas por el Estado inicialmente a la empresa transnacional Corriente Resources y que actualmente es de propiedad china, no respetó ninguna de las condiciones previamente enumeradas. En ese sentido también llamamos a todas las partes, a la empresa, al Estado y a las comunidades Shuar a que se sienten alrededor de una mesa de diálogo, para que este conflicto se pueda resolver de forma pacífica.

 

Confeniae en respaldo al pueblo shuar de #Nankins

 Puyo, 21 de noviembre de 2016

 

En horas de la mañana comuneros de la nacionalidad Shuar del sector Nankins, San Carlos Pananza, provincia de Morona Santiago, se tomaron el campamento que meses atrás instalara la empresa minera Ecsa Ecyacorriente a través de un operativo de la fuerza pública.

 

En horas de la madrugada comuneros de la zona, bases de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH, ocuparon el campamento de manera pacífica sin encontrar resistencia por parte de los trabajadores de la empresa, en estos momentos decenas de comuneros se encuentran posecionados en el lugar y denuncian la intención de movilizar a militares desde otros sectores, situación que mantiene a la población en máxima alerta.

 

Tras la decisión tomada por las bases, las organizaciones provinciales NAE, FICSH, NASHE; regionales CONFENIAE y nacionales CONAIE expresan su total respaldo a la medida adoptada

 

"Las bases shuar han ocupado su territorio de manera legítima pues nunca hubo consulta previa para dar paso a la minera, cualquier hecho producido por ingerencia de la fuerza pública serán de total responsabilidad del gobierno nacional", expresó Marlon Vargas en rueda de prensa brindada esta mañana en la ciudad de Puyo.

 

Confeniae llama a sus bases y a la sociedad en su conjunto a mantenerse en la máxima alerta y exhorta al estado a no movilizar fuerzas policiales ni militares al sector, caso contrario nos veremos obligados a movilizarnos. El pueblo de Nankins nunca fue consultado para que la empresa ingrese a su territorio por tanto la acción tomada goza de total legitimidad y debe ser respetada por el gobierno ecuatoriano

 

Consejo de Gobierno de Confeniae

“La Cumbre es de los pueblos y no de los gobiernos”

Boletín de Prensa

Cochabamba, Bolivia, 18 de noviembre de 2016

Con el compromiso y la esperanza de construir tejidos, sostener los procesos caminados a nivel internacional entre los pueblos indígenas y los procesos de comunicación, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, decidió participar en la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala que se dio en Tiquipaya, Bolivia desde el 15 hasta el 19 de noviembre de 2016. Así como la Ecuarunari con su presidente, Carlos Pérez Guartambel, junto a sus bases Pueblo Kayambi, Karanki y FOA.

Desde el inicio de la Cumbre la CONAIE intentó llegar a la sensibilidad de los hermanos y hermanas miembros del Pacto de la Unidad por Bolivia y representantes de quienes hemos venido emprendiendo este tipo de procesos, en aras de la Unidad para alcanzar un acuerdo. Entre panelistas de la Cumbre constaba Ricardo Ulcuango, vocero del Gobierno Ecuatoriano. A pesar de reparar, o los intentos, el sentido de la Cumbre era de Gobierno a Gobierno (con relación a Ecuador) cosa inevitable e imposible de cambiar.

Los procesos de cada país son diferente. Respetamos el contexto por el que atraviesan las organizaciones indígenas de Bolivia y su relación con el Gobierno. En Ecuador nuestra situación es distinta.

Motivo por la cual, bajo los principios del movimiento indígena del Ecuador, nos sumamos a la mesa autónoma que se constituyó dentro de la Cumbre para afianzar procesos y consolidar los principios, el carácter y el sentido que tiene los encuentros continentales de los pueblos y procesos de comunicación indígena. Resultado de ello hemos firmado la Declaratoria que lo hemos denominado “La Cumbre es de los Pueblos y no de los Estados”, documento en el cual hemos trazado el camino a seguir en los próximos años.

Por ello INVITAMOS a las organizaciones indígenas y sociales de Bolivia e integrantes de la Comisión de Seguimiento de distintos países a la reflexión más allá de las coyunturas. Instamos a seguir trabajando por la Unidad de los pueblos indígenas y procesos de comunicación del Abya Yala.

Por el Consejo de Gobierno
Pedro Tankamash
Comunicación CONAIE

CONAIE frente a la llegada del presidente Chino a Ecuador

Boletín de Prensa

D.M. Quito, 18 de noviembre de 2016

La presencia del presidente de China Xi Jinping en el Ecuador es un síntoma de cómo se profundiza la dependencia del Ecuador, como proveedor de materias primas y bienes primarios para el principal productor industrial del planeta en esta nueva etapa de colonización con el imperio chino.

La “alianza estratégica” que el gobierno de Rafael Correa festeja expresando “eterna gratitud” al mandatario chino es presentada aisladamente como un mecanismo para concretar líneas de financiamiento para proyectos como la Refinería del Pacífico y dar nuevo impulso a ámbitos tradicionales de cooperación; sin embargo, la evidencia de los resultados de esta alianza estratégica en la década de la revolución ciudadana, es un alza en el endeudamiento externo atada a la venta de recursos naturales, que no ha resultado en un cambio de la matriz productiva, sino en una insoslayable avanzada del Estado sobre los territorios para la expansión extractivista –donde evidentemente nos encontramos en franca contradicción-.

Lo que está en debate es si la estrategia de desarrollo que promueve el gobierno a partir de la Alianza con China conduce de algún modo al Buen Vivir (o al socialismo), o es una necesidad para sostener una forma de neo desarrollismo que finalmente beneficia a los grupos capitalistas y a la profundización de un tipo de economía que ahonda la explotación cada vez más intensa de los trabajadores y de la naturaleza.

En el seno de esta discusión está la vida de los pueblos indígenas, los derechos sociales y laborales, y la subsistencia de la diversidad como base a una economía no capitalista entre muchas otras dimensiones que determinan nuestro futuro. La ceguera del presidente por el desarrollo no le permite dimensionar las consecuencias de hipotecar nuestros territorios a la China. Por ello rechazamos la visita de Xi Jinping al país, peor sobre todo, rechazamos lo que ésta implica.

Como pueblos indígenas nos mantendremos firmes en defensa de nuestros territorios, de los derechos de nuestra gente, de un Estado Plurinacional y del Sumak Kawsay.

Por el Consejo de Gobierno

Jorge Herrera

PRESIDENTE CONAIE

Manifiesto del 3er Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria – Ecuador

En la ciudad de Quito, Ecuador, se reencontraron comunicadores y comunicadoras de distintos lugares del país, quienes representan a varias organizaciones, pueblos, nacionalidades indígenas y colectivos. Luego de profundas reflexiones en cuanto a la comunicación comunitaria sale el siguiente manifiesto, el cual puede ser descargado dando click en el enlace:

Manifiesto 3er Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria

DESIGNACION DE DEFENSOR DEL PUEBLO SERÁ INCONSTITUCIONAL Y PROMOVERÁ LA IMPUNIDAD

La Defensoría del Pueblo es la institución nacional que promueve y defiende los derechos de todas las personas que hacen parte de un Estado. La importancia de esta institución obliga que quien esté a la cabeza no solo sea una persona con suficientes conocimientos académicos y con experiencia en la administración en el sector público; pues debe ser, sobre todo, una persona independiente de todo organismo o forma de poder, sea político, económico, de organismos armados, o cualquier otro; porque precisamente deberá cuestionar los excesos que cometan funcionarios que ostentan estos poderes; debe ser una persona que promueva y defienda las formas de organización de la sociedad civil que surgen bajo la consigna de defender derechos, ya sean individuales, colectivos, de los pueblos o de la naturaleza; debe ser una persona que asuma su trabajo como una responsabilidad con la sociedad, y no con el gobierno de turno que respalde su designación. En el ámbito ecuatoriano, la pregunta que surge es si el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cumplió con estos preceptos durante su mandato de cinco años y si su labor sustenta su deseo de ser designado para un nuevo periodo. La respuesta es no, un rotundo no.

 

Ramiro Rivadeneira, y su defensor adjunto, iniciaron su gestión con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, respaldo que se lo dio en la creencia de que al provenir de estas organizaciones, mantendrían ese espíritu de militancia a favor de los derechos, mirados en su integralidad. Nada nos hacía suponer que una vez que asumieran dichos cargos, darían un giro para, rodeado de organismos afines a las tesis gubernamentales, en lugar de proteger los derechos de la población, se dediquen a proteger los derechos del gobierno y trabajen únicamente en temas que no afecten la imagen gubernamental. Veamos algunos ejemplos:

 

Al inicio de su periodo rechazó el informe sobre la criminalización de la protesta social realizada por su predecesor argumentando vacíos en la metodología e inconsistencia en la cifras de defensoras y defensores procesados. Este informe desapareció de la web institucional de la Defensoría del Pueblo. Igual trato sufrió el informe que hiciera el relator de la ONU, Philip Alston, sobre ejecuciones extrajudiciales en julio del 2010. Este informe de nueve páginas también desapareció de la web de la Defensoría a pretexto de que era muy pesado para la web.

 

En lugar de patrocinar acciones de protección a favor de la población o de grupos en estado de vulnerabilidad, se dedicó a patrocinar acciones en favor del gobierno, como la acción que buscó impedir la circulación del informe de Miguel Ángel Cabodevilla "Una Tragedia Ocultada", que analizaba cómo la ineptitud de funcionarios gubernamentales no impidió la matanza, el 29 de marzo de 2013, de miembros del pueblo Tagaeri, pueblo en aislamiento voluntario que vive en el Yasuní.  

 

En contra de su mandato de defender derechos como la libertad de opinión, se dedicó a proteger al Presidente Correa activando acciones en contra de medios de comunicación, como Diario La Hora, y avalando la aplicación de una ley de comunicación que vulnera el derecho a la libertad de expresión. La Delegada de la Defensoría del Pueblo en la CORDICOM ha sido cómplice del hostigamiento a varios medios de comunicación y la persecución a periodistas y caricaturistas.

 

La Defensoría del Pueblo ha vulnerado también el derecho de libre asociación al querer eliminar a organizaciones que le son incómodas al gobierno, como fue el caso de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (ASFADEC). La Defensoría promovió su fraccionamiento e, incluso, se ofreció asesoría legal para quienes deseen alejarse de esta organización que, para reclamar justicia, ha mantenido plantones en la Plaza de la Independencia, algo que molesta profundamente al Presidente.

 

La DPE aceptó la vigencia de una Ley de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad que no garantiza la reparación integral y la no repetición.  Evidencia además una gestión ineficaz del Programa que hasta el momento tendría una sola víctima reparada, ninguna gestión para agilitar la judicialización de los casos documentados por la Comisión de la Verdad que, en más del 90%, siguen en la impunidad y procedimientos de revictimización que tienden al debilitamiento de las organizaciones creadas para la exigibilidad.

 

La Defensoría del Pueblo ha mantenido un silencio cómplice frente a acciones de tortura y maltrato provocado por agentes policiales, tanto en los centros penitenciarios, como el caso de la cárcel de Turi o con menores infractores; así como en acciones de control social, como fue el Caso Saraguro o el caso de las protestas en Macas. El Mecanismo de Prevención de la Tortura, dirigido desde la Defensoría, duerme el sueño de los justos y es ajeno a la realidad penitenciaria.

 

Nada ha dicho sobre las violaciones a los derechos indígenas y los desalojos en territorios indígenas; al contrario, ha emitido informes en concordancia con las tesis gubernamentales, lo que ha provocado el rechazo de comunidades shuar en Tundaymi, de los sionas en el Triángulo de Cuembí o de los campesinos del pueblo montubio en Colimes. Es grave la actitud asumida en Pacayacu (Sucumbíos), donde la población denunció en el 2011 los atropellos de la industria petrolera y la contaminación del agua que consume, se planteó la necesidad de ejercer los derechos del agua como parte de la aplicación de los derechos de la naturaleza; después de una tibia resolución, hasta el día de hoy (5 años después) ni se han implementado medidas de protección, ni responsabilidades, ni mucho menos acceso al agua limpia para una población que la sigue consumiendo con desechos de la actividad petrolera.

 

Nada ha resuelto sobre las quejas presentadas en relación con violaciones a derechos humanos de habitantes de comunidades de frontera, de las cuales son responsables, presuntamente, miembros del ejército ecuatoriano. Tampoco ha resuelto sobre violaciones a derechos colectivos y de la naturaleza cuya responsabilidad presunta recaería en Petroamazonas y otras empresas petroleras. Quejas que en algunos casos llevan más de 4 años abiertas ante la Defensoría.

 

Nada ha dicho sobre los procesos legales que se siguen contra dirigentes sociales o la desintegración de organizaciones, promovidas desde el gobierno con el fin de eliminar la crítica y silenciar a la oposición. Casos como el cierre de Pachamama y la Unión Nacional de Educadores han merecido el silencio de la DPE; de igual manera los más de 140 casos de hostigamiento judicial en contra de activistas que participaron en el levantamiento indígena de agosto de 2015.

 

Si bien para su reelección, el Defensor del Pueblo ha presentado el respaldo de algunas organizaciones de consumidores, personas de la tercera edad o GLBTI, no ha asumido la defensa de sus principales derechos y se ha alejado de reivindicaciones como la no des- financiación de la seguridad social o el reconocimiento del matrimonio igualitario

 

Para cerrar con broche de oro su primera gestión y permanecer en el cargo por cinco años más, hoy se presenta como candidato en un proceso que está direccionado para su propia designación, como se establece del análisis del punto 3.2 y el punto 4 del reglamento de elección que tratan sobre la valoración de méritos de las candidaturas. Cualquier activista de derechos humanos que ha optado como opción de vida la defensa de la sociedad y el fortalecimiento de las organizaciones sociales al margen del poder político, no tiene ninguna posibilidad de ganar este concurso, pues se valora más la participación de los candidatos en funciones del sector público y de gobierno. El reglamento de elección no permite que una persona verdaderamente independiente pueda ganar este concurso.

 

Estas y muchas otras acciones de la Defensoría del Pueblo, dirigidas por Ramiro Rivadeneira, nos ha llevado a rechazar su segura reelección y cuestionar el accionar que ha tenido durante los últimos cinco años de gestión. Rechazamos la forma en cómo se desea asegurar su reelección, lo que nos hace pensar que el gobierno solo está interesado en tener el control de las instituciones que tienen la obligación de denunciar las violaciones a los derechos humanos, a más de las instituciones encargadas de controlar la corrupción y de promover juicios a los responsables de estos actos. El control de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado mantendrá intacto ese triángulo de impunidad que ha beneficiado al interés gubernamental y de sus grupos afines.

 

En este escenario, las organizaciones sociales y de derechos humanos que han mantenido una acción histórica e independiente anunciamos que no participaremos con candidatura alguna a la Defensoría y que interpondremos acciones de inconstitucionalidad frente a un reglamento de elecciones que discrimina y vulnera el derecho de igualdad ante la ley. Tenemos la seguridad de que es un concurso amañado que tiene ya una persona designada en función del interés gubernamental y no en función de una verdadera promoción y protección de los derechos humanos, mirados integralmente y relacionándolos con los otros derechos, como son los de los pueblos y la naturaleza  

 

Quito, 15 de noviembre de 2016


Jorge Herrera
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE

Elsie Monge
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU

Rocío Rosero
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.

Beatriz Villarreal Tobar
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH

Fernando Gutiérrez y Billy Navarrete
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH

Cecilia Chérrez
Acción Ecológica

César Augusto Zea Abad
Asociación de Derechos Humanos del Azuay -. ADHA

José Luis Echeverría
Movimiento Mi Cometa

Alfredo Carrasco
Asamblea de usuarios de servicios básicos del Guayas.

Mario Macías
FIAN Ecuador

Juan G. Auz
Terra Mater

Thelmo Pacheco
Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, (ASFADEC)

Luis Sánchez Zhinaycela
Comunidad indígena CASCOMI.

César Cárdenas
Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Cecilia Jaramillo
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres

Clara Elena Merino Serrano
Comité de Víctimas y Familiares de Graves Violaciones de DDHH y Delitos de Lesa Humanidad.

Zita Suárez
Federación de Mujeres de Sucumbíos

Wilson Suarez
Asamblea Social Permanente de Comunidades Afectadas Pacayacu - Dureno (ASPCAPD)

Dr. Mario Melo
Docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Dr. Juan Pablo Albán
Profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito

Lina Maria Espinosa
Defensora de Derechos Humanos.

Luis Xavier Solis T.
Abogado de Derechos Humanos

 

Unidad y lucha se consolidan entre regionales de la Conaie tras masivo y contundente Consejo Ampliado

Boletín de Prensa

Unión Base-Puyo, 23 de octubre de 2016

Alrededor de 1000 representantes de base y dirigentes de las tres regionales Confeniae, Ecuarunari, Conaice sostuvieron la mañana y tarde de ayer, sábado 22 de octubre, el Consejo Ampliado de la Conaie que por primera vez y de manera histórica se efectuó en la sede de Confeniae, Unión Base, Puyo.

La primera jornada permitió afianzar los lazos de unidad del Movimiento Indígena por la defensa de los territorios y la autonomía de las organizaciones frente a los intentos divisionistas por parte de los gobiernos de turno. Muestras y compromisos concretos de solidaridad a la Confeniae se dieron por parte de las 30 organizaciones, federaciones y nacionalidades de base, así como dirigentes nacionales, asambleístas, autoridades de elección popular y demás.

Asistieron por Confeniae: FONAKISE, Fepcesh-S, Fenash-O, Naoki, bases de Foin, Onwon, Nae, Fenash-P, Nacionalidad Kichwa, Sapara, Shiwiar, Nashe, FICSH, FEPNASH-ZCh. Por la Ecuarunari: FICI, Pueblo Kayambi, Kitu Kara, MICC, MIT, FECAB – BRUNARI, UPCCC, FOA, Korpukis, Zamaskijat, UOCE, y por la Conaice: el Pueblo Huancavilca; junto a los consejos de Gobierno de Conaie, Confeniae, Ecuarunari, Conaice y la presencia especial de dirigentes y líderes de Coica, Coordinación Nacional y provinciales, asambleístas y autoridades de elección popular del MUP PACHAKUTIK e invitados fraternos de organizaciones aliadas.

El evento enfatizó la posición firme e inclaudicable de defensa del territorio entre otros temas que en horas de la tarde fueron entregados dentro de los cinco ejes programáticos del plan de gobierno 2017, al candidato presidencial por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo.

La posición firme de las nacionalidades se sostuvo durante dicha entrega con las intervenciones claras por parte de los dirigentes de las regionales y federaciones filiales. “El petróleo y la minería son temas innegociables y deben quedar bajo tierra. Nos mantendremos vigilantes, nuestro espíritu de lucha nunca se detendrá”, expresó Marlon Vargas, presidente de Confeniae.

Finalmente los #29DeSaraguro y #7DePastaza junto a los criminalizados por luchar entregaron el pedido de amnistía a los perseguidos políticos. “No pedimos ningún indulto, exigimos nuestro legítimo derecho como luchadores sociales y con la frente en alto reafirmamos que la cárcel no nos va a silenciar. Somos trabajadores, estudiantes, albañiles, campesinos, indígenas y vamos a resistir de pie, nunca de rodillas”.

Comunicación Confeniae/Conaie

Derechos humanos “deben ser la base para implementar la Nueva Agenda Urbana” – Alta Comisionada Adjunta cierra su participación en Habitat III

Foto: Katy Gilmore en reunión con organizaciones sociales. Fuente: Naciones Unidas

 

QUITO (21 de octubre de 2016) – La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, concluyó este jueves 20 de octubre su visita de cinco días a Quito, Ecuador, durante la cual participó de actividades en el marco de la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III (ver galería de fotos).

 

Gilmore llegó al país el domingo 16 de octubre y participó en paneles de alto nivel, sesiones especiales y eventos paralelos sobre temas tan diversos como migrantes y refugiados, ciudades inclusivas y el cambio en la percepción de que vivienda adecuada, más que una mercancía, es un derecho humano. “No hay ciudades sin personas, ni personas sin derechos humanos”, señaló.

 

En tal sentido, la Alta Comisionada Adjunta manifestó que los derechos humanos “deben ser la base para implementar la Nueva Agenda Urbana, que a su vez debe enmarcarse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya promesa principal es no dejar a nadie atrás”, y abogó porque los derechos humanos estén presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana. “La ciudad debe traer los derechos a casa”, comentó.

 

Kate Gilmore sostuvo también una serie de reuniones con diversos actores relevantes, tales como organizaciones de la sociedad civil internacionales y la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, Leilani Farha.

 

A nivel local, la Alta Comisionada Adjunta se reunió con la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador, Ledy Zúñiga; con un grupo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil que defienden diversos derechos humanos; así como con el equipo de país de las Naciones Unidas en Ecuador.

 

Reconociendo importantes progresos en materia de derechos humanos, tales como la Constitución nacional y los logros en materia de reducción de la pobreza, Gilmore también planteó preocupaciones sobre la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Ecuador.

 

Además de instar a las autoridades nacionales a utilizar la asesoría experta de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (tales como los Relatores Especiales), Gilmore llamó a todos los sectores del país a sostener un diálogo significativo hacia el desarrollo y el disfrute pleno de los derechos humanos.

 

“Ecuador está viviendo un momento muy interesante; es un país que ha llegado muy lejos”, comentó la alta funcionaria de derechos humanos de la ONU. “Ahora debemos dar los próximos pasos todas y todos, juntos”, concluyó.

 

La lucha anti-minera de CASCOMI, a un año de los desalojos en Tundayme

 

Al cumplirse un año de los desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la Comunidad Indígena Amazónica Cordillera del Cóndor-Mirador, CASCOMI,  visibiliza la situación de las familias desalojadas y recibe el respaldo de la CONAIE, del pueblo shuar Arutam y de la prefectura de Zamora Chinchipe.

 

El 13 de octubre de 2016 se recordaron los hechos con una rueda de prensa, una exhibición fotográfica y una marcha pacífica. Durante la rueda de prensa, presidente de la CONAIE dio a conocer que de las 24 provincias de Ecuador, solo la de Tungurahua está libre de concesiones mineras, que si bien nuestro país no tiene experiencia en minería a cielo abierto,  sí existen experiencias negativas como la de Cajamarca-Perú, cuya población ha sido empobrecida por la minería yafectada por la corrupción,  la delincuencia y la prostitución.  Afirma que esto se debe al modelo económico capitalista que está destruyendo el mundo y que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresa, además:

 

“Nosotros conocimos y recorrimos el territorio de San Marcos, era un lugar de paisaje verde, donde nuestros hermanos hacían efectivo el Sumak Kawsay, ahora ese territorio está lleno de tantas maquinarias, contaminación. Los ríos que eran antes de color azul ahora tienen un color negro, pardo, esa no es la vida de los amazónicos, esa no era la vida de la cordillera del Cóndor y por eso estamos conscientes de todas las amenazas que vienen”

 

En la exhibición fotográfica que acompañó el acto, se mostraron los daños ambientales que ha provocado la empresa ECSA durante la construcción de la infraestructura para el desarrollo minero a gran escala. Se pudo apreciar imágenes secuenciales del levantamiento de la capa vegetal de la Cordillera del Cóndor, la contaminación del agua y las inundaciones.

 

En contraste, un afiche mostró la diversidad de especies de aves que habitan la zona y que se encuentran amenazadas por la contaminación. Así mismo se mostraron imágenes de actividades alternativas al desarrollo extractivista, respecto a lo cual el prefecto de Zamora Chinchipe, denunció la destrucción de viveros de San Marcos, ocurrida durante el desalojo de hace un año. Estos viveros habrían formado parte de pequeñas inversiones públicas del Gobierno Provincial y de la Junta Parroquial de Tundayme, y por cuyos daños nadie ha respondido. Comenta que el Gobierno Provincial ha resuelto, en varias ocasiones, la suspensión de los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor.

 

“El foro mundial en París decidió crear un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para la mitigación del cambio climático. Hemos planteado que con una parte de ese fondo se indemnice a estas empresas mineras y se vayan. Ese fondo ya existe lo está manejando las Naciones Unidas”.
 

El prefecto, invita además, a revisar la información científica que se ha generado respecto a los daños de la minería a gran escala y que entiendan que su oposición está bien fundamentada.

 

El representante del pueblo Shuar Arutam, al igual que el presidente de CONAIE, expresó la necesidad de consolidar las luchas de los pueblos por la defensa de los territorios, indicando:

 

“Nuestro territorio está ubicado desde el cantón Tiwinza hasta Gualaquiza, en todas las faldas de la Cordillera del Cóndor, el 11 de agosto (de 2016) la comunidad de Nankintz fue desalojadapor este régimen. Nuestro gobierno plantea que con la minería ‘responsable’ saldremos de la pobreza. ¡Qué absurdo! Esa noes la realidad de un pueblo ancestral que ha vivido luchando, que enfrentó la guerra contra el vecino país Perú, que fue declarado héroe del Cenepa, de la cordillera del Cóndor, y ahora la cordillera está amenazada por la minería”.

 

El presidente de CASCOMI hizo un recuento de los derechos violentados a las familias desalojas a partir del 30 de septiembre de 2015. Afirma que:

 

“Se ha faltado el respeto a muchos derechos que están en la Constitución: se ha violado el derecho a la vivienda, a la salud, a los territorios comunitarios, a la calidad y cantidad de agua, el derecho a la alimentación. Ahora nuestras familias: sin casa, sin tierra, sin trabajo, ¿qué van hacer, a donde van a ir? es decir que se ha destruido el proyecto de vida de ya medio centenar de familias en la zona. Eso es producto de la intromisión de los proyectos mineros en los territorios y que no es solo en la parroquia Tundayme, esto se va a extenderse en todo el Ecuador. Nuestra gente dice: ‘ahora el agua no sirve ni para lavarse las manos’, ¡eso es verdad, es puro lodo!. Ahora tienen que ir hasta el mercado para comprar sus víveres porque ya no tienen esa chacra que era el supermercado de nuestra gente”.

 

También denunció que se ha vulnerado el derecho a la libre movilidad por parte de la guardia de la empresa EcuaCorriente S.A., ECSA; al mantener el control del ingreso a la zona de San Marcos. Por todo ello, las familias desplazadas exigen la paralización del proyecto, la restitución de sus tierras y la reparación por los daños ocasionados. Culminó invitando a las y los asistentes, a exigir a la Fiscalía de Gualaquiza que tramite las acciones legales presentadaspara la recuperación de sus enseres perdidos durante el desalojo.

 

Tanto el presidente de la CONAIE, como el prefecto de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo a la lucha de la comunidad CASCOMI y su compromiso de consolidar sus procesos reivindicativos.