El uso del derecho penal para criminalizar

Varios casos de defensores del sur presentados el mes de octubre pasado, en el marco del 153º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, develaron el uso indebido del derecho penal para criminalizar.

El informe expuesto por parte de Ecuador da cuenta de derechos constitucionales violentados cada vez que el Estado utiliza tipos penales como el sabotaje y terrorismo, buscando deslegitimar y paralizar las luchas de los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, reconoce los derechos de la naturaleza y la obligación del Estado de consultar cuando la toma de decisiones pueda afectar el ejercicio de derechos o cuando las decisiones puedan afectar el ambiente de la colectividad en general.  De igual manera reconoce el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre e informada y en un plazo razonable, sobre los planes y proyectos que les afecten.

Estas responsabilidades del Estado han sido eludidas. La Asamblea Nacional, por ejemplo, no emitió una ley para la consulta pre-legislativa sino únicamente un instructivo, cuya  elaboración tampoco fue consultada con comunidades y pueblos indígenas, montubios y afro-ecuatorianos. El instructivo limita la participación en lugar de promoverla, requiriendo por ejemplo, una inscripción previa al proceso. Esto conduce a que las personas reaccionen y emprendan acciones por las que posteriormente son criminalizadas.

La criminalización  generalmente ocurre en contextos de expresiones sociales no violentas, de defensa o  reivindicación de derechos. Las tipificaciones penales establecidas en el Código Penal vigente hasta agosto de 2014, contenían varios etcéteras en sus textos, dando lugar a la posibilidad de interpretar como delito penal cualquier conducta. En el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) existe una visión aún más punitiva. En varios artículos como el 345 (delito de sabotaje), se sanciona a las personas por sus ideas y posiciones políticas, y entre las contravenciones (o delitos menores) consta el "escándalo público", las expresiones que desacrediten a una autoridad, la injuria contra funcionarios públicos. Todo lo cual pone en riesgo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

Muchos de los procesos iniciados no concluyen pero se mantienen abiertos, convirtiéndose esto en una forma de acallar y amedrentar a las y los defensores y de detener sus acciones de denuncia y resistencia. Entre los casos graves que corresponden al Ecuador, se mencionan los siguientes:

El caso del legislador de Morona Santiago, Pepe Acacho, quien junto a otro de los líderes shuar, fueron sentenciados a 12 años de prisión por el delito de terrorismo con muerte, a raíz de las protestas en contra de la Ley de Aguas. Acacho, en aquel entonces era presidente de la Federación Shuar y se encontraba en una reunión con funcionarios del gobierno cuando ocurrieron los hechos, aun así fue enjuiciado y sentenciado.

Tres defensores del agua que se oponen al proyecto de minería a gran escala, en Kimsacocha, provincia del Azuay, fueron sentenciados y condenados a 8 días de prisión, por obstrucción de vía y suspensión de servicios públicos. Según la sentencia, “los pocos días” de encarcelamiento obedece q que los jueces reconocieron la lucha de estos defensores, aunque no los liberaron de su cumplimiento.

Tras una protesta en contra de la compañía minera Explosur cuyas actividades afectaban el páramo y las fuentes de agua de las que se aprovisionan los pobladores del cantón Nabón, provincia de Azuay.  La Fiscalía inició proceso penal por sabotaje y terrorismo contra los líderes de la comunidad, quienes recibieron una condena de ocho años de prisión. Posteriormente fueron amnistiados por la Asamblea Nacional.

Pobladores de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe, se negaron a dejar sus tierras a la empresa minera Ecuacorriente, que ejecuta el proyecto de minería a gran escala "Mirador". A partir de lo cual han sido denunciados de supuesta usurpación de tierras, por parte de la empresa.
 
Uno de los casos graves es el del campesino Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, quien denunciado junto a su hermano, Víctor Hugo Ramírez por funcionarios de la Empresa Nacional Minera, ENAMI, por el delito de sabotaje y rebelión, a partir de que la población impidiera en este año 2014, su ingreso. Javier Ramírez continúa detenido a la espera de que se señale fecha y hora para la audiencia por el recurso interpuesto de nulidad al auto de llamamiento a juicio, impuesto por su defensa.

Finalmente, se solicitó a la CIDH, recomendar al Estado ecuatoriano que tome medidas para garantizar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos conforme los estándares internacionales, y que proceda a archivar las investigaciones o procesos judiciales en marcha y en aquellos casos en que ya existen sentencias condenatorias de oficio,  interponga los recursos necesarios para dejar insubsistentes dichas sentencias condenatorias.