Carta abierta de apoyo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ante retiro de comodato de su oficina matriz

Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el retiro del inmueble que la CONAIE mantenía en comodato con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a pesar de tener todos los documentos y obligaciones en regla y en plena vigencia del convenio.

 

El inmueble ha estado en poder del movimiento indígena desde 1984 cuando la Federación Pichincha Riccharimui lo gestionó. Una vez que la federación consiguió su propio local le cedió la casa a la CONAIE, es entonces que en 1991, durante el gobierno de Rodrigo Borja, a través del entonces, Ministerio de Bienestar Social, al no existir la figura legal de la donación, les entregan el lugar en comodato por el lapso de 15 años para que desarrollen "actividades de fortalecimiento y superación socio-organizativa a través de un sistema de dirigencias". Una vez cumplido el tiempo se renovó el convenio por un lapso de tiempo igual, que culminaba en el año 2021

 

La CONAIE cumplió con todos los compromisos del convenio: el pago de los servicios, impuestos, adecuaciones que se hacían año a año y se reportaban debidamente al Ministerio las actividades para las que se estaba utilizando el inmueble. Por lo que consideramos que no había motivo alguno para el retiro unilateral del convenio, perjudicando seriamente a una organización que históricamente representa un pilar de la democracia y el estado de derecho intercultural y plurinacional, como lo señala en la constitución.

 

El último considerando de la Resolución de Terminación de Convenio de Comodato Nº 1962014, en base al Art. 5 del Reglamento General de Bienes del Sector Público, manifiesta que los bienes estatales solo pueden utilizarse para fines de servicio público y no para "fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público".

 

No es la primera vez que el actual régimen emplea un argumento similar para desaparecer, al menos jurídicamente, una organización que a su manera de ver, no concuerda con sus proyectos políticos. Con la promulgación del Decreto 16, se limitó las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, prohibiendo su injerencia en políticas públicas. Bajo este argumento se cerró la Fundación Pachamama hace poco más de un año, sin un sumario administrativo previo, lo que atenta además, al derecho a un debido proceso. La fundación daba apoyo jurídico y social a pueblos de la Amazonía, quienes además se oponían a la extensión de las actividades extractivistas en sus territorios.

 

Tampoco existe sumario alguno contra la CONAIE. Días atrás de la entrega de la resolución, un funcionario visitaría las instalaciones para constatar el estado legal del inmueble y se encontró que todo estaba en orden. La orden da cuenta en todo su contenido que responde a una política aplicada desde el ejecutivo, en la que en nombre de la protección de la niñez y adolescencia ecuatoriana, cuyo deber no se desconoce, intenta desarticular la organización social más grande del país.

 

La CONAIE viene luchando por las protección del territorio ancestral de pueblos indígenas disminuido por la implementación del extractivismo, considerado estratégico por el gobierno nacional; contra la criminalización a sus miembros y dirigentes, y en el fortalecimiento de sus bases, aparentemente la actividad más peligrosa.

 

Está claro que el gobierno utiliza temas sensibles como este para poner cortinas de humo en relación a la aprobación de las leyes ilegitimas, inconsultas, que tiene que ver con la distribución de la tierra, del agua, y la ratificación de la firma de acuerdos comerciales dentro de la asamblea.

 

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo indígena ecuatoriano, en reconocimiento de su lucha histórica en pos de un país más democrático, inclusivo y equitativo. Compartimos además, la decisión de los dirigentes en negarse a abandonar la casa y acogerse al derecho a la resistencia consagrado en la Constitución.

 

 

Firman a continuación:

Organizaciones:

Asociación de Derechos Humanos del Azuay

Coalición de Mujeres

Colectivo ProDH

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU

Comité de Familiares, amigas y amigos de gente presa

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Guayas

FIAN Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH

Servicio Paz y Justicia del Ecuador, SERPAJ-E

SURKUNA Ecuador

 

A título personal:
Alberto Acosta

Billy Navarrete

Boris Tobar Solano

Cristina Vera

Edwar Vargas

Fernanda Valverde

Francisco Hurtado

Gina Benavides Llerena

Martha Sofía Vargas

Pedro José Restrepo

Susy Garbay