Encuentro Regional de Organizaciones de Base del Sur de Ecuador

Durante los días 11 y 12 de julio de 2014, tuvo lugar el Encuentro Regional de Organizaciones de Base del Sur del Ecuador.

Este evento realizado en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones: Asociación Bomboiza, Asociación Kakaram, Centro Kupiamais, Asociación Cóndor Mirador, comunidad Tsantsarum, comunidad Micha Nunka, Asociación shuar El Pangui, organización Zamas Kijat, Federación Interprovincial de Centros shuar, FICSH, Pastoral Social de Zamora, Centro shuar Tiink, Centro shuar Piunts, comunidad San Roque del Pangui, comunidad Shiram Entsa, comunidad Kenkium, comunidad Puruwua, Centro shuar Pumpuis, comunidad Shakanas, Centro shuar Yanua y Asamblea de los Pueblos del Sur.

 

Durante el primer día, las y los asistentes escucharon dos exposiciones. Una, sobre los impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala a cielo abierto, impartida por una representante de la organización ELAW Alianza de Derecho Ambiental (que reúne a técnicos y abogadas de alrededor del mundo, con el fin de intercambiar información legal y técnica con las comunidades). La segunda exposición giró en torno al marco normativo de la minería metálica a gran escala y derechos, impartida por una representante de CEDENMA (Coordinadora ecuatoriana de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente).

El tema de impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala incluyó la revisión de conceptos tales como la minería metálica y no metálica; la minería a gran escala, la mediana y pequeña minería; las etapas mineras de exploración y prospección, perforación y explotación.

Igualmente, se abordó la contaminación ambiental que puede surgir en estas etapas y la importancia de contar con una línea base, para luego evaluar efectivamente el nivel de afectación de los bosques y ríos durante el proceso minero.

Por su parte, las y los participantes aportaron describiendo los impactos ambientales y sociales (como los desplazamientos) ocurridos durante las fases de exploración inicial y avanzada de las zonas de influencia de los proyectos mineros locales, llevados adelante por las subsidiarias EcuaCorriente y ExplorCobres. Recalcaron la importancia de contar con una línea base que permita el levantamiento de  información técnica sobre el agua, los bosques, la biología y biodiversidad, que les permita reclamar los cambios negativos que van ocurriendo. La organización ELAW ofreció revisar el Estudio de Impacto Amabiental (EIA), para la fase de explotación del proyecto Mirador.

En cuanto a la exposición acerca del marco normativo de la minería a gran escala, ésta se centró en el tema de derechos de la población local en el contexto de intervención minera, uno ellos, el derecho a la tierra y al territorio y a la protección legal que tienen las posesiones y propiedades colectivas. Algunos participantes expresaron que uno de los problemas para el ejercicio de este derecho es que algunas personas individualizaron tierras colectivas. En otros casos, ciertas propiedades fueron vendidas con escrituras públicas a la empresa, lo que legalizó esas ventas. Uno de los participantes, expresó: “de todas maneras,  en estas ventas  no se ha respetado el derecho de libertad de las personas porque son presionadas, llamadas en la noche, engañadas. ¿Cómo va a existir libertad si sobre esa tierra hay una concesión minera?. Eso vicia el consentimiento según el código civil".

Otro de los derechos constitucionales abordados fue el de la consulta, y las nuevas restricciones legales que ponen en riesgo al consentimiento libre, previo, informado. Se expuso que la Corte Interamericana, en el caso de Sarayaku (Amazonía ecuatoriana), “no mencionó que el consentimiento es obligatorio”.

Con respecto al derecho de la naturaleza, se explicó que este debe ser respetado a partir la acción de las y los defensores de derechos humanos.

Un ejemplo, sería solicitar a la Contraloría General del Estado, la elaboración de un segundo informe, que concrete la aplicación de sus recomendaciones en relación al cumplimiento del mandato minero (es decir, suspender aquellos proyectos que estén en fuentes de agua y bosques protectores), como es el caso de los proyectos Mirador y Panantza San Carlos, y las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios que hicieron caso omiso de este mandato.

La exposición concluyó con el derecho a la resistencia, el mismo que significa la creación de nuevos derechos y la correspondiente demanda de su cumplimiento.  Los y las dirigentes abordaron este tema durante el día siguiente.

Durante el segundo día del encuentro, de debate y reflexiones de las y los representantes de las organizaciones de base presentes, surgió la importancia de las jornadas de capacitación ampliadas, dirigidas a las organizaciones y comunidades. Igualmente, se puso énfasis en la coordinación y articulación de las organizaciones locales, sobre todo mediante la realización de asambleas periódicas; se anotó la necesidad de apropiarse de los derechos y conquistas sociales, conocer y difundir el Informe de la Contraloría General del Estado en tanto instrumento con el que se puede argumentar y orientar la elaboración de un sistema para que las personas puedan elaborar sus propias denuncias.