Concesiones mineras otorgadas a la empresa Corriente Resources, hoy consorcio chino CCRC-Tongguan, contravienen Mandato Constitucional

Según el informe definitivo de la Contraloría General del Estado sobre gestión de los Ministerios del Ambiente, de Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas con los proyectos mineros Mirador y Panantza - San Carlos, emitido en septiembre de 2013, las concesiones mineras otorgadas a las empresas EcuaCorriente y ExplorCobres, subsidiarias de la empresa Corriente Resources, pertenecientes en la actualidad al consorcio chino CCRC-Tongguan, superan el número de tres, contrariando el Art. 4 del Mandato Constitucional Nro. 6 expedido en abril de 2008.

El mandato minero en su Art. 4, establece:

“…la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que en número mayor de tres (3) hayan sido otorgadas a una sola persona natural o a su cónyuge; o a personas jurídicas y sus empresas vinculadas, sea a través de la participación directa de la persona jurídica, o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se excluye a las concesiones mineras de no metálicos que se encuentren en explotación”.-. Primera disposición final.- Notifíquese al Ministerio de Minas y Petróleos disponiendo que cumpla con los actos administrativos regulatorios para el estricto cumplimiento del presente Mandato. ”


CONCESIONES DEL PROYECTO MIRADOR, EN ZAMORA CHINCHIPE

De acuerdo al informe de Contraloría, al 18 de abril de 2008, la empresa  EcuaCorriente S.A. poseía las siguientes concesiones, cuya totalidad suma 9928 hectáreas:

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A pesar que el Mandato minero establece que debían ser extinguidas aquellas concesiones que superaran a tres, en el referido informe de Contraloría consta que en abril de 2010, el Ministerio de Minas, sustituyó las cuatro concesiones descritas en el cuadro anterior por otros títulos mineros, dando un total de 11 concesiones sobre la misma superficie (9928 hectáreas mineras) y a nombre de la misma empresa EcuaCorriente S.A., como se aprecia a continuación.

En base a esta información, la Contraloría General del Estado concluye:

“El Ministro de Minas yPetróleos, el Subsecretario de Minas y el Director Regional de Zamora, no declararon la extinción sin compensación económica de las concesiones otorgadas a la Cía. Min. Ecuacorriente S.A. por superar el número permitido; sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 4° del Mandato Constituyente 6…” (p.32 del Informe DIAPA-0027-2012, Contraloría General del Estado).


CONCESIONES DEL PROYECTO PANANTZA- SAN CARLOS, EN MORONA SANTIAGO

Según información constante en el informe de auditoría de la Contraloría General del
Estado, al momento de la expedición del mandato minero (abril de 2008), la empresa Explorcobres S.A. era titular de cuatro concesiones mineras, tal cual se visualizan el siguiente cuadro:

Además, de estas concesiones la empresa ExplorCobres tenía en su haber otras 7 concesiones que se encontraban suspendidas al momento de la expedición del Mandato Minero, sumando un total de 23.660 hectáreas mineras.

De acuerdo a información de la Contraloría General del Estado, el 16 de marzo de 2010, la empresa ExplorCobres constaba como titular de13 concesiones mineras, como consta en el siguiente cuadro:

Curigem 2, Curigem 3, Curigem 8, Panantza 2, Curigem 6, Curigem 7, Curigem 11, Curigem 22, Caya 20, Caya 7, Caya 29, San Carlos, Panantza

En relación a estas evidencias, la Contraloría General del Estado, concluye:

“Los Ministros de Energía, Minas y Petróleos, Ministro de Recursos Naturales No Renovables, el Director Nacional de Minería, y el Director Regional de Minería del Azuay, inobservaron el artículo 4 del Mandato Constituyente 6, por cuanto el total de las concesiones antes del Mandato Minero 6, a nombre de Explorcobres S.A. fueron cuatro (4), más siete (7) suspendidas por fuerza mayor, cantidad que supera la permitida por dicho instrumento jurídico, sin que debido a esta circunstancia se haya declarado la extinción de alguna de las áreas concesionadas sin compensación económica.” (p. 82, Informe DIAPA-0027-2012, Contraloría General del Estado).

 

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