Situación del pueblo shuar del Ecuador, expuesta ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas


La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

 

Estas organizaciones hacen un llamamiento urgente  a las Naciones Unidas por la situación de vulnerabilidad que experimentan líderes sociales de las provincias de de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

 

La solicitud relata las muertes de José Tendetza, ocurrida en diciembre de 2014; Freddy Taish, sucedida en noviembre de 2013 y la de Bosco Wisum ocurridadurante las protestas contra la Ley de Aguas, el 30 de septiembre de 2009. Los tres- indígenas shuar forman parte de la lucha contra  la minería a gran escala, instalada en el sector.. Las organizaciones expresan consideran que,

 

“los tres asesinatos son parte de un patrón más amplio de la escalada de violencia, criminalización y represión contra dirigentes indígenas que se oponen al proyecto minero Mirador y a los proyectos San Carlos Panantza,  ubicados en territorios indígenas ancestrales Shuar y campesinos de la Cordillera del Cóndor (provincias de Zamora Chinchpe y Morona Santiago, y que dejarían graves e irreparables lesiones a la nacionalidad indígena Shuar del Ecuador”.

 

Denuncian además, que el apoyo otorgado por el Estado  a estos proyectos ha vulnerado  derechos humanos y colectivos contemplados en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales como es el Convenio 169 de la OIT.

 

Así, se han vulnerado los derechos a la consulta libre, previa e informada y corren grave riesgo el derecho al acceso a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, el derecho al agua potable, el poseer y  utilizar sus tierras.

 

Estas violaciones han sido denunciadas con anterioridad, ante diferentes instancias nacionales. Enn el año 2012, se presentó un pedido de auditoría sobre la intervención de la empresa EcuaCorriente en el proyecto Mirador, ante la cual la Contraloría General del Estado emitió un informe que revela múltiples irregularidades, entre ellas, el incumplimiento del Mandato minero. En el año 2013, se presentó una Acción de Protección por los derechos de la Naturaleza e  igualmente, una demanda de incumplimiento del Mandato minero ante  la Corte Constitucional.

 

A nivel internacional, en el año 2013, se  presentó una queja ante la OCDE en Canadá, denunciando una serie de atropellos cometidos por la empresa EcuaCorriente, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Además, se comunicó el comportamiento de esa empresa, a la embajada China y a los bancos chinos que financian el proyecto Mirador.

 

La presencia de la empresa EcuaCorriente en la zona ha afectado negativamente las relaciones sociales entre comunidades, ha provocado el desplazamiento de familias como las delbarrio San Marcos y más alrededores de la parroquia Tundayme, la última acción de la empresa fue la destrucción de la capilla y la escuela comunitarias, por parte de empleados de la empresa. Dirigentes y líderes sociales han sido criminalizados por su trabajo de defensa del territorio.