Justicia legitima violación al derecho a la consulta indígena, en proyecto de minería a gran escala.

 

El 10 de junio del presente año, indígenas shuar ubicados en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala “Panantza - San Carlos”, presentaron una acción de protección ante la violación de su derecho a ser consultados. Esta acción de protección intenta impugnar la Resolución Nro. 194, emitida en mayo de 2011, mediante la cual, el Ministerio del Ambiente, MAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la exploración avanzada del proyecto mencionado.

 

Dando curso a la acción, la juez Amparito Zumárraga, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 5, avocó conocimiento de la causa y posteriormente convocó a las partes procesales, a una audiencia pública, la misma que tuvo lugar el día viernes 19 de junio de 2015.

 

En la mencionada audiencia, la parte demandante estableció en sus argumentos la falta de consulta indígena, de conformidad con el Art. 57.7 de la Constitución ecuatoriana , disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, haciendo referencia también a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH contra Ecuador en el caso Sarayacu, que entre otros derechos estableció la violación del derecho a la consulta de este pueblo amazónico.

 

Se señaló además, que el MAE haya otorgado una licencia ambiental a este proyecto de minería a gran escala, en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera y ambiental.  A eso, se suma que en el 2010, la Contraloría General del Estado, CGE observó que la licencia ambiental del 2007, que es uno de los soportes a la licencia impugnada, fue otorgada por la Subsecretaría de Protección Ambiental de manera irregular,  al no haber sido realizado según las disposiciones ambientales vigentes a ese momento.1

 

El proyecto Panatza-San Carlos está ubicado al sur-este del Ecuador, en la región amazónica, en Morona Santiago, provincia en la que está localizada la mayor parte de territorios indígenas del pueblo Shuar históricamente conocido como “pueblo de las cascadas sagradas”. Específicamente en las parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón, del cantón San Juan Bosco, y la parroquia San Miguel de Conchay, del cantón Limón Indanza, así como a centros y comunidades shuar y campesinas del cantón Gualaquiza.

 

El pueblo shuar tiene una concepción de territorio por la cual más que propiedad y convencionalidad jurídica, existe la noción de posesión y relación directa con la tierra y la naturaleza. El principal uso que el pueblo shuar hace de la tierra está en relación con sus actividades ocupacionales tradicionales especialmente de auto-subsistencia como son la agricultura en sus chacras, la caza menor en los bosques y últimamente la ganadería especialmente de carne. No es difícil imaginar los graves efectos que el proyecto de minería a gran escala “Panantza San Carlos” pueda ocasionar en el territorio, bosques y ríos utilizados históricamente por el pueblo shuar.

 

Durante la audiencia, también se contó con el testimonio de un dirigente shuar de la Asociación Nankints de Morona Santiago, quien narra el proceso de lucha de su pueblo en contra de varias empresas, entre ellas mineras, que de forma inconsulta ingresaron al territorio para explotación de recursos naturales. Indica que, desde 1952, ingresa la empresa minera Gemsa, que en adelante fue cambiando de nombre, hasta constituirse en 1993 como Explorcobres S.A., subsidiaria de Corriente Resources S.A. de capital chino, registrada en Canadá.

 

Así también, el dirigente shuar señala que su pueblo, al no haber obtenido información oportuna y adecuada acerca de los riesgos y beneficios que el proyecto minero involucra, en noviembre de 2006 varias familias shuar se vieron avocadas a tomar medidas de hecho  como, por ejemplo, la posesión del campamento “Rosa de Oro”, para reivindicar así, la defensa de su territorio ancestral. Manifiestó que el proyecto minero nunca fue debidamente consultado de acuerdo a la Constitución e incluso cuestionó el informe de socialización presentado por la empresa, puesto que el mismo solo consta de ciertas entrevistas a algunos dirigentes, más con las miles de personas que conforman el pueblo shuar.

 

Finalmente, luego de escuchadas las partes y pese a las pruebas aportadas, la jueza resuelve rechazar la acción de protección por considerar que los recursos administrativos y judiciales no se  agotaron. En su exposición afirma que el Estado permanentemente ha venido realizando la consulta previa a las comunidades indígenas y curiosamente expresa que el Estado es el titular de los derechos de la Naturaleza o Pachamama.

 

Nos encontramos a la espera de la respectiva notificación con la sentencia, porque al no estar de acuerdo con mencionado fallo, se apelará ante la Corte Provincial de Pichincha.

 

 

  1. Contraloría General del Estado, Oficio DIAPA/04235, 23 de febrero de 2010.