Situación de personas detenidas durante Levantamiento indígena

El día 9 de septiembre de 2015, en la sede de la CONAIE se realizó una rueda de prensa con el fin de dar a conocer a la luz pública la situación de personas que aun continúan detenidas en el contexto del levantamiento indígena.

Durante la rueda de prensa se repartió el siguiente boletín de prensa:

 

Evaluación del cumplimiento de las garantías al debido proceso dentro de las instrucciones fiscales iniciadas en entre el 13 y el 18 de agosto de 2015 con motivo del levantamiento nacional

 

Boletín prensa

 

D.M. Quito, 9 de septiembre de 2015

La Mesa Jurídica del levantamiento nacional, conociendo que se aproxima la fecha límite en la que la Fiscalía debe, por mandato legal, concluir las instrucciones fiscales iniciadas en entre el 13 y el 18 de agosto de 2015 con motivo del levantamiento nacional; y que el Consejo de la Judicatura, conforme lo establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial tiene la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios y funcionarias que incurran en las causales establecidas en la ley, manifestamos:

  • La “Mesa Jurídica”, conformada por juristas y organizaciones que asumimos la tarea de monitoreo y denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas que participan en las jornadas de protesta convocadas por la CONAIE, creemos necesario evidenciar ante la opinión pública nacional e internacional la arbitrariedad con la que, en algunos casos, han actuado los jueces penales ecuatorianos.

  • Hasta la fecha 36 personas a nivel nacional han recuperado su libertad a través de la aplicación de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva o del pago de caución (fianza).

  • 24 personas continúan aún con prisión preventiva, siendo las provincias de Pichincha con 9, la de Orellana con 8 y la de Pastaza con 6, las de mayor número de privados de la libertad.

  • Ningún proceso a nivel nacional ha sido archivado.

  • Las calificaciones de flagrancia y las formulaciones de cargos se dieron sin indicios claros de la participación de los aprehendidos y de procesados en los hechos relatados en el parte policial. Así mismo, no existió una individualización clara de los actos por los cuales se formuló cargos a los ciudadanos y su debida motivación fáctica.

  • Los partes policiales fueron redactados por agentes policiales que en muchas de las ocasiones no participaron en la aprehensión.

  • Los y las fiscales y los jueces y juezas de las diferentes instancias no a aplican los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo, y las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Nacional de Justicia en materia de excepcionalidad de la prisión preventiva para miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades.

  • En los procesos en donde se evidencian, del expediente y de los exámenes médicos, lesiones en la aprehensión, huellas de tratos crueles, inhumanos o degradantes o señales de tortura, los fiscales han incumplido su obligación legal de iniciar de oficio investigaciones por estos hechos, dejando en impunidad las violaciones a la integridad física. No existe a nivel del país ninguna investigación iniciada de oficio por la Fiscalía General del Estado.

  • Varios de los procesados privados de libertad no han estado presentes en todas las diligencias del proceso, especialmente en audiencias en las que se resolvía sobre sus derechos. Además, en la provincia de Orellana han sido interrogados sin la presencia de un abogado patrocinador.

 

Caso Saraguro

  • En el caso 435-2015 seguido ante el Ab. Alex Torres, Juez Multicompetente del Cantón Saraguro en contra de 26 presuntos participantes de la jornada de protesta del 17 de agosto de 2015, por el supuesto delito de paralización de servicios públicos (Art. 346 COIP), se dictaron órdenes de prisión preventiva sin la debida motivación. Esto llevó a que la defensa de los procesados interponga un recurso de apelación para ante la Corte Provincial de Loja. La Sala Penal de dicha Corte, compuesta por los jueces Claudio Francisco Regalado, Leonardo Bravo González y Wilson Condoy Hurtado, resolvió el recurso mediante auto notificado a las partes el 4 de septiembre de 2015 y al hacerlo reconoció que, efectivamente, el juez no motivó debidamente las órdenes de prisión preventiva, violando por tanto una garantía constitucional establecida a favor de los procesados.

  • Lo sorprendente es que, en lugar de declarar la nulidad de las órdenes de prisión preventiva por haber sido dictadas sin debida motivación y por tanto en violación evidente del debido proceso, ordenando la inmediata libertad de los procesados presos, decide “convalidar los casos en que la prisión preventiva no se encuentra motivada, disponiendo que el juez cumpla con la garantía de motivación, sin anulación del proceso penal.” Peor aún, cita dos casos anteriores resueltos por la misma Sala, “…en donde no se recurre a la figura de la nulidad procesal por tratarse de vicios de garantías convalidables, por no tratarse de nulidades insanables.”

  • ¿Cómo se puede creer, que en un Estado de Derechos y de Justicia, jueces letrados, y peor de una Corte Provincial, puedan sostener que la violación de una garantía constitucional del debido proceso tan importante como la motivación, es un vicio “convalidable”, más aún tratándose de órdenes de prisión preventiva?

  • Podría resultar hasta cómico, sino fuera tan trágico, que esos jueces pretendan mantenerse en su línea jurisprudencial de convalidar gravísimas violación del debido proceso en perjuicio de procesados a los que se les priva de su libertad sin debida motivación, “…para garantizar a las partes el derecho a la igualdad y seguridad jurídica…”. En otras palabras, pretenden, por un lado, que se violen por igual los derechos constitucionales de las personas que tienen la desgracia de caer en manos de una justicia penal de ese nivel y por otro, ofrecen seguridad de que de todos modos las garantías del debido proceso y de la libertad individual que consagra la Constitución son letra muerta.

  • Hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura para que observe el comportamiento de los referidos jueces que con su actuación violan derechos humanos y generan responsabilidades internacionales en el Estado Ecuatoriano.

Al cumplir un mes de la represión se realizará un evento solidario denominado “Domingo por la Libertad” este 13, en el Parque El Arbolito a partir de las 10h00, e invitamos a toda la ciudadanía a ser partícipe de esta acción solidaria.

 

Domingo por la Libertad”

 

Atentamente

 

Mesa Jurídica del Levantamiento