Bomboiza

La lucha social de la nacionalidad indígena shuar amenazada por la criminalización y los desalojos

El 11 de agosto de 2016 la Amazonía Sur del Ecuador fue marcada en la defensa de sus derechos colectivos. En ese día el presidente de la Asociación de Centros Shuar Bomboiza fue sentenciado a un año de prisión por paralización de servicios públicos, al mismo tiempo, miembros de la policía nacional y del ejército desalojaban la población de Nankintz.

 

El territorio de la nacionalidad shuar del Ecuador se ha visto amenazado por el ingreso de empresas transnacionales mineras. A través de la historia, se han registrado varios eventos en los que este pueblo ha demostrado su resistencia. Pero los últimos diez años se han enfrentado a la arremetida de estas empresas que trabajan con aquiescencia estatal.

 

La empresa de capitales chinos EcuaCorriente S.A. (ECSA) mantiene una serie de concesiones para la exploración y posterior explotación de cobre en la Cordillera del Cóndor, la misma que se ubica entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y considerado por la nacionalidad shuar como su territorio ancestral. De esta manera, ECSA, con apoyo de la fuerza pública, ya desalojó comunidades en la provincia de Zamora Chinchipe para desarrollar el proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto “Mirador”, y su empresa filial Explorcobres, ha empezado el mismo proceso contra comunidades en la provincia de Morona Santiago, para dar paso al proyecto “Panantza-San Carlos” de las mismas características de “Mirador”.

 

Para demostrar sus descontento a esta situación los diferentes centros de la nacionalidad shuar, en asamblea, acordaron respaldar la decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y unirse al levantamiento indígena de agosto de 2015, cerrando la vía Gualaquiza – Loja.  

 

Según nos cuenta Tomás Jimpikit, presidente de la Asociación Bomboiza, el 14 de agosto de 2015 fueron desalojados de la vía y detenidas seis personas, quienes fueron juzgadas el día 11 de agosto de 2016 por el delito de paralización de servicios públicos. A criterio del abogado defensor, la fiscalía no pudo demostrar la participación de las seis personas en el delito que se les imputaba, por lo que sorprende que cinco sean absueltas y solo una condenada; todavía están a la espera de la sentencia escrita para conocer la argumentación del tribunal y poder ejercer el derecho a la apelación.

 

La CONAIE ha informado que son más de 100 personas las que han enfrentado y/o enfrentan procesos a partir del levantamiento indígena de agosto de 2015 y por lo tanto criminalizadas por defender el territorio1. Este es uno de esos casos. Considerando las sentencias emitidas en otras causas, se cree que la razón principal para sentenciar a Jimpikit, es su calidad de dirigente y de esta manera, amedrentar la lucha social.

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente han participado en medidas de hecho, como el cierre de vías, para exigir que se les escuche y se respeten sus derechos, sobretodo cuando los otros canales de diálogo se han restringido. En los meses previos al levantamiento indígena, el presidente de la Asociación Bomboiza, fue uno de los actores de la acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente por la violación al derecho de NO consulta previa a las poblaciones indígenas que serán afectadas directamente por el proyecto minero Panantza-San Carlos2, la misma que fue rechazada por la justicia ecuatoriana.

 

De acuerdo a la acción, una de las poblaciones afectadas es Nankintz, comunidad desalojada el mismo día en que Tomás Jimpikit era sentenciado a un año de prisión. Videos que circularon en redes sociales y posteriormente, en los noticieros, dieron cuenta de la resistencia de la población3, la destrucción de casas4 y la restricción del paso hacia la comunidad por parte de la fuerza pública5.

 

El dirigente han manifestado: “Nosotros no vamos a permitir la entrada de las compañías extranjeras en nuestros territorio shuar, en particular de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Nuestra protesta profunda y rechazo total ante instancias nacionales e internacionales, porque se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos la consulta libre e informada para la extracción de recursos tanto ahí como en Tundaymi”5.

 


Seis shuar de Bomboiza en audiencia de Juzgamiento por participar en el Levantamiento Indígena y Paro Nacional 2015

Con gran respaldo popular se instaló la audiencia de Juzgamiento para los 6 compañeros de Bomboiza, Morona Santiago, quienes son acusados por presunto delito de paralización de servicios públicos, a la sala de audiencia se permitió el ingreso de 5 personas.

Tomás Felipe Jimpikit, José Antonio Pujupat, José Luis Cañar, Etsa Gerardo Taish, Amalia Martha Juep y María Antonieta Pujupat son los procesados que asisten a la audiencia que se desarrolla de forma reservada en la Sala 3, del Complejo Judicial de Morona Santiago.

Los testigos de la fiscalía rinden su versión por Skype al igual que en ocasiones anteriores, lo que recae en una muestra de irregularidades en el proceso de juzgamiento. Rómulo Akachu, vicepresidente de conaie y Jaime Vargas, líder achuar, se hacen presentes en respaldo a los 6 luchadores, de igual manera los ‪#‎7DePastaza‬, #29deSaraguro y diversos grupos sociales.

Tomas Jimpikit, presidente de la Asociación Shuar Bomboiza, y junto a los cinco shuar fueron acusados del presunto delito tras la participación en las jornadas del levantamiento indígena y paro nacional de 2015.

 

Fuente: Comunicación Confeniae e Inredh

Resoluciones de Asamblea General de las asociaciones Shuar Bomboiza y Arutam

28 de noviembre de 2014

Las asociaciones shuar de Bomboiza y Arutam en una Asamblea General, con la presencia de los síndicos, los socios de los centros shuar, del abogado Luis Bueno,  técnicos y otros  funcionarios de la Subsecretaria de energía y minas y del ARCOM, resuelven lo siguiente:

  1. Que se respeten los derechos colectivos y  ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, en especial de  la nacionalidad  shuar, para garantizar la conservación, preservación y cuidado de la biodiversidad y los recursos existentes dentro de la jurisdicción del territorio shuar.
  2. Que se deje sin efecto y de nulidad absoluta  las concesiones mineras, de las compañías: DASGOY, SURI MINING CIA. LTDA. EN Kampanak Entsa, PROMIADEL S.A. CREDIZA, en Kupiamais, LA MISIONERA, en  todo la cuenca del Rio Bomboiza, ECUACORRIENTE, S.A. ECSA CHINA, en Tundayme y todas las demás compañías mineras, pequeñas o a gran escala, asentadas dentro de las jurisdicción del territorio shuar.
  3. Exigimos a las autoridades competentes y a los funcionarios del gobierno y en especial,  a los ministerios del ARCOM y Subsecretaria de Energía y Minas a, QUE SE RESPETEN LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONALIDAD SHUAR DE MORONA SANTIAGO, y no otorguen  las concesiones y permisos a las compañías mineras, violentando los derechos colectivos que como pueblos y nacionalidades consagra en la Constitución Política, el convenio 169 de la OIT, La Declaración de los Derechos Humanos de los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
  4. Rechazamos categóricamente todas las concesiones y permisos otorgados por parte del ARCOM y el ministerio de subsecretaria de energía y minas, a las compañías mineras de manera ilegal, inconstitucional, atentatorio a los derechos humanos, derechos colectivos, e inconsulta a las autoridades de la Nacion Shuar y a las organizaciones de base en Morona Santiago
  5. Que todo funcionario del gobierno, así como la Fuerza Pública, para ingresar en los Centros shuar, deberá hacerlo previa coordinación  y con autorización del sindico y de los presidentes de las asociaciones de Arutam y Bomboiza.

Encuentro Regional de Organizaciones de Base del Sur de Ecuador

Durante los días 11 y 12 de julio de 2014, tuvo lugar el Encuentro Regional de Organizaciones de Base del Sur del Ecuador.

Este evento realizado en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones: Asociación Bomboiza, Asociación Kakaram, Centro Kupiamais, Asociación Cóndor Mirador, comunidad Tsantsarum, comunidad Micha Nunka, Asociación shuar El Pangui, organización Zamas Kijat, Federación Interprovincial de Centros shuar, FICSH, Pastoral Social de Zamora, Centro shuar Tiink, Centro shuar Piunts, comunidad San Roque del Pangui, comunidad Shiram Entsa, comunidad Kenkium, comunidad Puruwua, Centro shuar Pumpuis, comunidad Shakanas, Centro shuar Yanua y Asamblea de los Pueblos del Sur.

 

Durante el primer día, las y los asistentes escucharon dos exposiciones. Una, sobre los impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala a cielo abierto, impartida por una representante de la organización ELAW Alianza de Derecho Ambiental (que reúne a técnicos y abogadas de alrededor del mundo, con el fin de intercambiar información legal y técnica con las comunidades). La segunda exposición giró en torno al marco normativo de la minería metálica a gran escala y derechos, impartida por una representante de CEDENMA (Coordinadora ecuatoriana de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente).

El tema de impactos ambientales y sociales de la minería a gran escala incluyó la revisión de conceptos tales como la minería metálica y no metálica; la minería a gran escala, la mediana y pequeña minería; las etapas mineras de exploración y prospección, perforación y explotación.

Igualmente, se abordó la contaminación ambiental que puede surgir en estas etapas y la importancia de contar con una línea base, para luego evaluar efectivamente el nivel de afectación de los bosques y ríos durante el proceso minero.

Por su parte, las y los participantes aportaron describiendo los impactos ambientales y sociales (como los desplazamientos) ocurridos durante las fases de exploración inicial y avanzada de las zonas de influencia de los proyectos mineros locales, llevados adelante por las subsidiarias EcuaCorriente y ExplorCobres. Recalcaron la importancia de contar con una línea base que permita el levantamiento de  información técnica sobre el agua, los bosques, la biología y biodiversidad, que les permita reclamar los cambios negativos que van ocurriendo. La organización ELAW ofreció revisar el Estudio de Impacto Amabiental (EIA), para la fase de explotación del proyecto Mirador.

En cuanto a la exposición acerca del marco normativo de la minería a gran escala, ésta se centró en el tema de derechos de la población local en el contexto de intervención minera, uno ellos, el derecho a la tierra y al territorio y a la protección legal que tienen las posesiones y propiedades colectivas. Algunos participantes expresaron que uno de los problemas para el ejercicio de este derecho es que algunas personas individualizaron tierras colectivas. En otros casos, ciertas propiedades fueron vendidas con escrituras públicas a la empresa, lo que legalizó esas ventas. Uno de los participantes, expresó: “de todas maneras,  en estas ventas  no se ha respetado el derecho de libertad de las personas porque son presionadas, llamadas en la noche, engañadas. ¿Cómo va a existir libertad si sobre esa tierra hay una concesión minera?. Eso vicia el consentimiento según el código civil".

Otro de los derechos constitucionales abordados fue el de la consulta, y las nuevas restricciones legales que ponen en riesgo al consentimiento libre, previo, informado. Se expuso que la Corte Interamericana, en el caso de Sarayaku (Amazonía ecuatoriana), “no mencionó que el consentimiento es obligatorio”.

Con respecto al derecho de la naturaleza, se explicó que este debe ser respetado a partir la acción de las y los defensores de derechos humanos.

Un ejemplo, sería solicitar a la Contraloría General del Estado, la elaboración de un segundo informe, que concrete la aplicación de sus recomendaciones en relación al cumplimiento del mandato minero (es decir, suspender aquellos proyectos que estén en fuentes de agua y bosques protectores), como es el caso de los proyectos Mirador y Panantza San Carlos, y las sanciones correspondientes a aquellos funcionarios que hicieron caso omiso de este mandato.

La exposición concluyó con el derecho a la resistencia, el mismo que significa la creación de nuevos derechos y la correspondiente demanda de su cumplimiento.  Los y las dirigentes abordaron este tema durante el día siguiente.

Durante el segundo día del encuentro, de debate y reflexiones de las y los representantes de las organizaciones de base presentes, surgió la importancia de las jornadas de capacitación ampliadas, dirigidas a las organizaciones y comunidades. Igualmente, se puso énfasis en la coordinación y articulación de las organizaciones locales, sobre todo mediante la realización de asambleas periódicas; se anotó la necesidad de apropiarse de los derechos y conquistas sociales, conocer y difundir el Informe de la Contraloría General del Estado en tanto instrumento con el que se puede argumentar y orientar la elaboración de un sistema para que las personas puedan elaborar sus propias denuncias.