CASCOMI

La lucha anti-minera de CASCOMI, a un año de los desalojos en Tundayme

 

Al cumplirse un año de los desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la Comunidad Indígena Amazónica Cordillera del Cóndor-Mirador, CASCOMI,  visibiliza la situación de las familias desalojadas y recibe el respaldo de la CONAIE, del pueblo shuar Arutam y de la prefectura de Zamora Chinchipe.

 

El 13 de octubre de 2016 se recordaron los hechos con una rueda de prensa, una exhibición fotográfica y una marcha pacífica. Durante la rueda de prensa, presidente de la CONAIE dio a conocer que de las 24 provincias de Ecuador, solo la de Tungurahua está libre de concesiones mineras, que si bien nuestro país no tiene experiencia en minería a cielo abierto,  sí existen experiencias negativas como la de Cajamarca-Perú, cuya población ha sido empobrecida por la minería yafectada por la corrupción,  la delincuencia y la prostitución.  Afirma que esto se debe al modelo económico capitalista que está destruyendo el mundo y que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresa, además:

 

“Nosotros conocimos y recorrimos el territorio de San Marcos, era un lugar de paisaje verde, donde nuestros hermanos hacían efectivo el Sumak Kawsay, ahora ese territorio está lleno de tantas maquinarias, contaminación. Los ríos que eran antes de color azul ahora tienen un color negro, pardo, esa no es la vida de los amazónicos, esa no era la vida de la cordillera del Cóndor y por eso estamos conscientes de todas las amenazas que vienen”

 

En la exhibición fotográfica que acompañó el acto, se mostraron los daños ambientales que ha provocado la empresa ECSA durante la construcción de la infraestructura para el desarrollo minero a gran escala. Se pudo apreciar imágenes secuenciales del levantamiento de la capa vegetal de la Cordillera del Cóndor, la contaminación del agua y las inundaciones.

 

En contraste, un afiche mostró la diversidad de especies de aves que habitan la zona y que se encuentran amenazadas por la contaminación. Así mismo se mostraron imágenes de actividades alternativas al desarrollo extractivista, respecto a lo cual el prefecto de Zamora Chinchipe, denunció la destrucción de viveros de San Marcos, ocurrida durante el desalojo de hace un año. Estos viveros habrían formado parte de pequeñas inversiones públicas del Gobierno Provincial y de la Junta Parroquial de Tundayme, y por cuyos daños nadie ha respondido. Comenta que el Gobierno Provincial ha resuelto, en varias ocasiones, la suspensión de los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor.

 

“El foro mundial en París decidió crear un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para la mitigación del cambio climático. Hemos planteado que con una parte de ese fondo se indemnice a estas empresas mineras y se vayan. Ese fondo ya existe lo está manejando las Naciones Unidas”.
 

El prefecto, invita además, a revisar la información científica que se ha generado respecto a los daños de la minería a gran escala y que entiendan que su oposición está bien fundamentada.

 

El representante del pueblo Shuar Arutam, al igual que el presidente de CONAIE, expresó la necesidad de consolidar las luchas de los pueblos por la defensa de los territorios, indicando:

 

“Nuestro territorio está ubicado desde el cantón Tiwinza hasta Gualaquiza, en todas las faldas de la Cordillera del Cóndor, el 11 de agosto (de 2016) la comunidad de Nankintz fue desalojadapor este régimen. Nuestro gobierno plantea que con la minería ‘responsable’ saldremos de la pobreza. ¡Qué absurdo! Esa noes la realidad de un pueblo ancestral que ha vivido luchando, que enfrentó la guerra contra el vecino país Perú, que fue declarado héroe del Cenepa, de la cordillera del Cóndor, y ahora la cordillera está amenazada por la minería”.

 

El presidente de CASCOMI hizo un recuento de los derechos violentados a las familias desalojas a partir del 30 de septiembre de 2015. Afirma que:

 

“Se ha faltado el respeto a muchos derechos que están en la Constitución: se ha violado el derecho a la vivienda, a la salud, a los territorios comunitarios, a la calidad y cantidad de agua, el derecho a la alimentación. Ahora nuestras familias: sin casa, sin tierra, sin trabajo, ¿qué van hacer, a donde van a ir? es decir que se ha destruido el proyecto de vida de ya medio centenar de familias en la zona. Eso es producto de la intromisión de los proyectos mineros en los territorios y que no es solo en la parroquia Tundayme, esto se va a extenderse en todo el Ecuador. Nuestra gente dice: ‘ahora el agua no sirve ni para lavarse las manos’, ¡eso es verdad, es puro lodo!. Ahora tienen que ir hasta el mercado para comprar sus víveres porque ya no tienen esa chacra que era el supermercado de nuestra gente”.

 

También denunció que se ha vulnerado el derecho a la libre movilidad por parte de la guardia de la empresa EcuaCorriente S.A., ECSA; al mantener el control del ingreso a la zona de San Marcos. Por todo ello, las familias desplazadas exigen la paralización del proyecto, la restitución de sus tierras y la reparación por los daños ocasionados. Culminó invitando a las y los asistentes, a exigir a la Fiscalía de Gualaquiza que tramite las acciones legales presentadaspara la recuperación de sus enseres perdidos durante el desalojo.

 

Tanto el presidente de la CONAIE, como el prefecto de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo a la lucha de la comunidad CASCOMI y su compromiso de consolidar sus procesos reivindicativos.

 

Por la defensa de la Amazonía. Campaña de las organizaciones de base

Durante los días 13 y 14 junio de 2016en la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, tuvo lugar el Taller de Comunicación Comunitaria con énfasis en la organización e implementación de campañas, al cual acudieron comunidades y organizaciones de la Amazonía Sur e invitadas de la Amazonía central. El trabajo dio como resultado la campaña denominada AMAZONIA ES MI VIDA, cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar en la ciudad de Quito, el sábado 13 de agosto del presente año en el marco del Festival “Amazonía Indomable”.

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, convocó a este taller, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU y del colectivo Churo Comunicación. Acudieron representantes de 14 comunidades y organizaciones, entre las que mencionamos las siguientes:   laNASHE (Nacionalidad del PuebloShuar),  Centro Shuar YAWI, Asociación Bomboiza, Centro shuar Kupiamais, Centro Shuar Pakintza, comunidad YANUA KIM, Federación Shuar de Zamora, CASCOMI (Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor); ZAMAZKIJAT en representación del pueblo Saraguro y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Ecuador (CONAIE).

 

Además, participaron como como organizaciones invitadas,  la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P)  y ACIA del cantón Arajuno.

Durante los dos días de taller, los y las participantes definieron como tema de campaña el extractivismo, sus consecuencias yfrente a ello, alternativas económicas desde las diversas comunidades.

La campaña fue creada mediante un diálogo amplio, el mismo que fue posible a partir del trabajo de mesas temáticas: organización social, contexto, comunicación, acciones e incidencia. Cada mesa contó con un/a relator/a responsable de recoger las opiniones y propuestas de los integrantes de la mesa y demas participantes a medida que rotaban de mesa. “Amazonía es mi vida”, fue el título de la campaña diseñada. El objetivo de la misma es la búsqueda deconsciencia en la población sobre el cuidado y protección de la biodiversidad de la región Amazónica.

 

Los y las participantes revisaron materiales de otras campañas para identificar los elementos que debía contener cada uno de los productos comunicacionales de la campaña. Posteriormente,  el grupo se distribuyó el trabajo para su elaboración. Dando como resultadola elaboración de videos, la toma de fotografías, la elaboración de afiches;  un programa de radio; un boletín de prensa; espacios en redes sociales y el establecimiento del hashtag con el nombre de la campaña para su respectivo seguimiento.

 

El festival “Amazonía Indomable”, marco en el cual esta campaña será lanzada, es un espacio de expresiones artísticas, organizado por la CONFENIAE.  Este espacio nació con la finalidad de difundir la diversidad amazónica y divulgar la cultura de sus nacionalidades indígenas mediante presentaciones de música, danza y teatro, ferias de productos agrícolas y artesanales. Con el lanzamiento de la campaña “Amazonía es mi vida”,  las y los comunicadores del Sur amazónico buscan posicionar la importancia de la Amazonía y su conservación.

FIDH condena el desalojo de familias en Tundayme

A raíz de los hechos ocurridos en Tundayme el 30 de septiembre de 2015 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha condenado los desalojos forzados por medio del siguiente comunicado de prensa:

 

Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos

La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado  por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.

En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.

“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sur bienes y sus casas”  afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

La FIDH en el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources Inc., publicado en enero de 2011, ya había denunciado un proceso de adquisición de tierras caracterizado por las irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento; la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales, especialmente en relación al derecho al agua y la ausencia de mecanismos de consulta apropiados. El informe de Contraloría General del Estado da también cuenta de las irregularidades en que se encuentran las concesiones mineras de Mirador.

Entre las recomendaciones de la FIDH, CEDHU e INREDH dirigidas a las autoridades ecuatorianas como a las empresas mineras, consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que: las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas que pesan sobre las personas que defienden sus derechos frente a los proyectos mineros del consorcio chino mencionado; y, se respete el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme, José Tendetza.

Las organizaciones esperan el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala en general y en particular en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago por parte de las empresas chinas o del Gobierno ecuatoriano.

Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos.

La FIDH también llama al Estado canadiense a asegurarse incluso a través de debida diligencia mandatoria, que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

CASCOMI presentó medida cautelar para cesar desalojos en Tundayme

por: Comunicación INREDH

publicado originalmente por: Inredh

Luis Sánchez, titular de CASCOMI presentando medida cautelar. Fuente: Comunicación CASCOMI

Luis Sánchez, titular de CASCOMI presentando medida cautelar. Fuente: Comunicación CASCOMI

 

Luis Sánchez, presidente Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador" (Cascomi) presentó hoy, 1 de octubre de 2015, una medida cautelar para que cesen los desalojos en el sector de San Marcos, parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe.


La medida cautelar fue presentada en el cantón de Gualaquiza para que un juez de primera instancia lo resuelva. Esta medida fue interpuesta en contra Belén Catalina Sánchez Coba, Gerente General y Representante de Ecuacorriente S.A.; Javier Córdova Ministro de Minería; Lorena Tapia, Ministra del Ambiente del Ecuador y Cristina Silva Cadmen, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).


Esto luego de que ayer, guardias de la empresa minera y 135 efectivos de la Policía Nacional (Esto según datos del Ministerio del Interior) ingresarán a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitan en el lugar donde se prevé ejecutar la minería a cielo abierto para extraer cobre y oro.


Estos desalojos forzosos generan desplazamiento de los miembros de la comunidad de Cascomi. Los desplazamientos de comunidades indígenas se encuentran prohibidos por la Constitución del Ecuador en numeral 11 del artículo 57, que establece: las comunidades tienen derecho “a no ser desplazado de sus tierras ancestrales”.


Las familias afectadas son parte de la lista de los perjudicados por los procesos de servidumbre minera iniciados por la empresa ante la Agencia de Control y Regulación Minera (Arcom – Zamora), en contra de las familias comuneras de la zona para dar inicio a los trabajos para la extracción de cobre por parte de la empresa Ecuacorrientes. Esta explotación se dará bajo la modalidad de minería a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor, zona ecológicamente muy sensible y que se encuentra en territorio de comunidades shuar y mestizas.


El juez que conozca de la medida cautelar debe resolver sobre la misma de forma inmediata y urgente conforme lo indica la Constitución y el artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.


Cabe mencionar que el 8 de junio de este año antes de que sucedan los desalojos la comunidad shuar de Cascomi presentó una medida cautelar en Quito para solicitar protección y evitar los hechos de los que hoy son víctimas. Esta primera medida cautelar fue negada. Su argumento fue que no existía ni urgencia ni daño reparable a su territorio.


Ayer varias familias fueron desalojadas de sus casas. La empresa con resguardo policial y maquinaria pesada destruyeron las viviendas de los habitantes de la comunidad indígena, ocasionando los primeros desplazamientos de la comunidad.


Peticiones de la medida cautelar:


1.- Se ordene la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto Mirador conforme a las especificaciones técnicas consensuadas con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas y CASCOMI, hasta que la Corte Constitucional del Ecuador resuelva las acciones por incumplimiento N.° 0039-10-AN y 0033-12-AN (acumuladas).


2.- Se suspenda la ejecución de servidumbres mineras restantes de la zona de influencia del proyecto Mirador, hasta que la Corte Constitucional del Ecuador resuelva las acciones por incumplimiento N.° 0039-10-AN y 0033-12-AN (acumuladas).


3.- Se provea de forma inmediata viviendas a las familias de la comunidad de CASCOMI que ya han sido desplazadas dentro de su mismo territorio ancestral; además de que se ordene la devolución de los bienes despojados durante el proceso de desalojo.


4.- Se ordene al Ministerio del Ambiente el control social y ambiental continuo en la zona del proyecto Mirador, a través de un proceso consensuado con CASCOMI y con informes continuos a su honorable judicatura.

 

Policías y guardia privada inician desalojo en Tundayme

por: Luis Sánchez, presidente de CASCOMI

publicado originalmente por: Inredh

 

Desde la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador" (Cascomi) denuncian hoy, 30 de septiembre de 2015, que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares se encuentran en la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe, desalojando a los habitantes de la zona que se encuentran defendiendo su territorio.

 

“A las 06:00 de la mañana ingresaron a la vivienda de los herederos Uyaguari-Guaman y sacan todas las cosas hacia la calle, esto es un eminente desalojo violento. No se notifico, los comuneros no han ejercido el derecho a la defensa”. Cascomi denuncia que este desalojo se está repitiendo con otras viviendas de otros comuneros de la zona.

 

Hace dos semanas la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador” (Cascomi) denunció que personal de la empresa transnacional minera Ecuacorriente S.A ingresaron con dos máquinas excavadoras y un equipo de perforación al sector de Wawaim, comunidad amazónica Cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.

 

Con esto se causará nuevos daños ambientales y sociales a la comunidad. Aproximadamente cien hectáreas serán afectadas por los trabajos relacionados con actividades mineras pues se destruirá el ecosistema para la apertura de caminos y plataformas para perforaciones. Al momento se han realizado tres perforaciones y seis plataformas están listas para las excavaciones.

 

Alertamos a las autoridades del Estado ecuatoriano y a las organizaciones de derechos humanos del país y del mundo que Ecuacorriente S. A está causando daños ambientales y sociales irreparables a los comuneros al realizar desalojos violentos a vista y paciencia de las autoridades competentes y la justicia parcializada de Ecuador.

 

Cascomi responsabiliza al Estado ecuatoriano y a sus gobiernos de turno por todos los daños ambientales y sociales causados en el territorio y serán responsables directos por daños a la integridad física de los comuneros que están defendiendo su tierra al impedir que personas de la minera continúen ingresando a causar más daños en los terrenos de dicha comunidad.

 

Contacto de prensa:

Luis Sánchez, presidente de CASCOMI

(593) 0967415485

 

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Más de 10 familias desalojadas en Tundayme (AUDIO)

Los comuneros de Tundayme presentaron medidas cautelares en la Sala de Sorteos de Quito

Publicado originalmente por INREDH el 8 de junio de 2015
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Alrededor de 30 habitantes de la parroquia de Tundayme de la provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito hoy, 8 de junio, para presentar las  medidas cautelares, que eviten el desalojo de los habitantes de la zona por las servidumbres mineras y para solicitar  la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto minero Mirador.


El documento de siete hojas fue ingresado hoy  en la Sala de Sorteos y  recayó en el despacho de la juez Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la  Familia.

Para Luis Sánchez, habitante de la zona  y presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), las medidas cautelares pretenden que el juez competente de Pichincha cese temporalmente la ampliación del proyecto de cobre y oro de la empresa Ecuacorriente y el desalojo de los habitantes por las servidumbres mineras.


“Son 18 familias que al momento han sido demandadas por servidumbre mineras por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y por el Ministerio de Minas -dijo Sánchez- si el juez de Pichincha nos niega las medidas, nosotros seremos desalojados y despojados de nuestros territorios”.

Los desalojos podrían afectar a cuatro comunidades de la parroquia de Tundayme, en especial a la comunidad de Cascomi que es el punto central del proyecto minero donde se pretende hacer laguna de relaves, escombreras y huecos.  Este hecho afectaría a 105 familias, es decir, a 600 personas entre hombres, mujeres y niños.


Para Harol Burbano, abogado que acompaña el caso, las medidas cautelares permitirán que el Juez pueda escuchar a las comunidades y así evitar una “gran violación de derechos humanos”.  Si la medida es rechazada, el jurista dijo que llevará el caso a las cortes internacionales. “Si el Estado no cumple y respeta los derechos de la comunidad se llevará el caso a instancia internacionales”.

Según Burbano, el proyecto minero Mirador se dio sin cumplir el Mandato Minero que establece  realizar consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que se encuentran cercanas a la zona de los recursos naturales.

 

Con esa acción jurídica también se busca  que el Ministerio de Ambiente de a  Ecuacorriente  licencias ambientales para el trabajo en la zona. Al momento, los trabajos de la empresa se encuentran paralizados por los daños ambientales cometidos. Sin embargo, Sánchez asegura que aún se ve maquinaria laborando.


Actualmente la empresa realiza trabajos preliminares en el sector, pero estos ya ocasionaron  daños ambientales como la contaminación de los ríos Tundayme y Quime que ya no están cristalinos sino con lodo, aseguró Sánchez.


Para Severino Sharupi, dirigente de tierras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la defensa del territorio es fundamental para los pueblos, por eso la Conaie respalda a la comunidad shuar.


Tras la presentación de las medidas cautelares en Quito, el viernes 12 de junio se presentarán  las  segundas medidas  en la ciudad de Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Inminentes desalojos y daños a la naturaleza en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala, Mirador.

Quito, 14 de mayo de 2015

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

 

En el actual proceso en que se encuentra la empresa EcuaCorriente, de asegurar las condiciones para iniciar la explotación minera (consolidación del territorio, apertura de trochas, obras de infraestructura), ésta continúa  implementando mecanismos para la ocupación de los diversos espacios territoriales requeridos.

Así, al proceso de compra de tierras a las familias y a determinados desalojos forzados ocurridos desde inicios del 2000, se suma la actual interposición de demandas de servidumbres por parte de la empresa EcuaCorriente, así como juicios de reivindicación de tierra. A través de estos mecanismos la empresa busca el desplazamiento total de la población de la zona de influencia directa del proyecto minero.

 

1. SERVIDUMBRES

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

En la actualidad, existen más de 40 procesos administrativos de servidumbres mineras. De éstos, 18 afectan a familias comuneras en resistencia. En 14 casos, los procesos han implicado el depósito de dinero en cheques en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), los mismos que no han sido retirados porque las personas demandadas no están de acuerdo con tales resoluciones. En cualquier caso, el peligro de desalojo es inminente.

Por otro lado, existen 4 demandas de servidumbres en proceso, frente a las cuales la comunidad exigirá el cumplimiento de derechos colectivos.

 

2. JUICIOS DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS

Al juicio de reivindicación de tierras en el que la empresa minera obtuviera sentencia a su favor, en contra de una familia del sector de Santa Cruz, se suman dos juicios de reivindicación de tierras interpuestos por la misma empresa contra dos mujeres.

Entre los dos juicios se encuentran en juego alrededor de 200 hectáreas de territorio en la cordillera del Cóndor. La empresa EcuaCorriente demanda la entrega de las tierras aduciendo su adquisición legal. Sin embargo, esto se contradice con el Informe de la Contraloría General del Estado emitido en el año 2013, el mismo que señala que existiendo el proceso de compra de tierras, este adolece de engaño por parte de la empresa EcuaCorriente, además de que la empresa no ha cumplido con las condiciones de pago y de restitución y compensación a las que se comprometió durante el proceso de compra.

No es posible anteponer la normativa civil,  a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la vigencia y ejercicio del derecho a la alimentación, el derecho al territorio colectivo, al libre desarrollo de la personalidad. Derechos que en los casos enunciados se ven afectados por las decisiones administrativas y judiciales que están favoreciendo los intereses de la empresa minera.

 

3. INVESTIGACIONES PENALES

Más aún, ante acciones de defensa de su territorio emprendidas por la comunidad, la empresa ha interpuesto varias denuncias contra algunos de sus integrantes:

  • Indagación previa Nro. 190601814070003 por asociación ilícita y rotura de cercas, en contra de diez personas.
  • Denuncia por invasión de territorio al centro shuar Ijisam

 

4. DAÑOS AMBIENTALES

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI


Como consecuencia del desarrollo de infraestructura llevado adelante por la empresa, varios efectos negativos contra la naturaleza y contra las personas se evidencian.

  • Uno de estos casos es de la comunidad de Yanúa, en la zona de Tundayme, cuyos cultivos, animales, viviendas y bienes fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y sedimentos arrojados por la empresa a los ríos Wawaym y Tundayme.  
  • Un segundo caso es de una familia cuya vivienda se ubica en San Marcos, cerca de la confluencia de los ríos Tundayme y Kim. Sus tierras, viviendas, enseres del hogar cultivos y demás bienes fueron destruidos debido al desvío de cauce del río Tundayme efectuado por la empresa EcuaCorriente, situación que se ha visto agravada por la infraestructura anti-técnica implantada por la empresa para el paso de maquinaria pesada en esa zona, todo lo cual no permite la libre circulación del agua del mencionado río.


5. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMUNIDAD

Ante los atropellos descritos, la comunidad amazónica de acción social cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), ha efectuado algunas acciones de defensa, entre las que se mencionan las siguientes:

  • Una acción de protección por la violación de su derecho a ser consultada de forma previa, libre y voluntaria, respecto a la afectación que ocasiona la política pública de servidumbres mineras a su territorio, especialmente en el poblado de San Marcos, sitio en el cual la comunidad está reconstruyendo algunos de sus espacios. Esta acción presentada ante la Corte Constitucional fue admitida para trámite, el día 28 de abril de 2015.
  • Acción extraordinaria de protección sobre una de las servidumbres, reivindicando los derechos colectivos y el derecho a la consulta indígena.
  • A raíz del derrocamiento del territorio comunal de San Marcos, CASCOMI presentó una denuncia penal por terrorismo contra la empresa EcuaCorriente.
  • Se denunció a la empresa por hostigamiento a las y los integrantes de la Junta Parroquial de Tundayme.
  • Queja al Ministerio del Ambiente por los daños derivados del proyecto minero. Mediante ésta se solicita que se verifique los incumplimientos de la empresa en relación al proyecto minero y que se paralice las actividades de la empresa hasta que se consulte a las comunidades. El MAE respondió a medias.


PETICIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA


  • Que el Estado y la empresa EcuaCorriente respeten el Mandato Minero y que se suspenda el proyecto Mirador. Además de que se consulte de manera libre, previa e informada y de buena fe cualquier acción pública o privada que afecte el territorio de las comunidades de la cordillera del Cóndor.


  • Que el Estado asuma la responsabilidad por la vida e integridad física y sicológica de dirigentes y líderes comunitarios de la zona y de sus familias, pues por el peligro que representa su trabajo de vidas resistencia a la minería a gran escala en la zona, se teme por sus.


  • Que exista independencia e imparcialidad en todos los procesos administrativos y judiciales emprendidos por la comunidad en defensa de sus derechos.


  • Se pide a la Corte Constitucional que al resolver la demanda por incumplimiento del mandato minero interpuesta por organizaciones sociales, así como la acción extraordinaria de protección (aceptada a trámite el 28 de mayo de 2015), priorice la jerarquía del Mandato Constitucional Minero así como los criterios de protección de los derechos humanos y de la naturaleza.


  • Que el Estado se responsabilice de la reparación integral a quienes, a causa de los desalojos sufridos, se quedaron sin tierra y vivienda, como ha ocurrido con una anciana shuar (desalojada de San Marcos) y una familia campesina (desalojada del sector Santa Cruz).


Cascomi: “Cómo pueden seguir un proceso de socialización de algo que no han consultado”

Escuche la entrevista completa

 

En entrevista en Radio Cenepa, el presidente de Comunidad Amazónica de Acción Social “Cordillera del Cóndor Mirador” habló de los daños que provocan los trabajos de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA) en la ejecución de los trabajos destinados a la explotación de cobre a gran escala y el amendrentamiento del que son objeto los líderes y dirigentes sociales que se oponen al proyecto “Mirador”.

 

El dirigente habló de la investigación fiscal que existe en su contra y de once personas más por invasión de tierras y asociación ilícita por un denuncia puesta por ECSA. Según manifestó, el fortalecimiento organizativo de las comunidades afectadas molesta a la empresa y por tal razón intimida a las personas para evitar que continúen con sus acciones de resistencia. Afirma que, personas que en ocasiones ateriores asistían a las asambleas dejaron de hacerlo por encontrarse amenzadas.

 

La empresa también ha puesto demandas de servidumbres por la totalidad de los terrenos que requiere para continuar con las obras de infraestructura. Cascomi interpuso una acción de protección argumentando el derecho del pueblo shuar a su territorio, sin embargo les fue negada, según manifestó el dirigente, porque el juez consideró que al tratarse de propiedades individuales, la empresa tenía derecho a la servidumbre minera.

 

Se refirió además al seguimiento que está haciendo la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, que pidió información más amplia por las denuncias de persecusión, amedrentamiento y hasta la muerte de dirigentes shuar, como es el caso de José Tendetza.

 

Sobre los daños ambientales que ya se están percibiendo en Tundayme, cuenta que los trabajos que se vienen realizando lo hacen de forma antitécnica, que la tierra sobrante de los cortes de los caminos es depositada en las quebradas que dan a los ríos Quimi, Tundayme y Guaguayme que al momento se encuentran llenos de lodo inutilizando las aguas para el uso humano y consumo del ganado.

 

Habló también de la convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente para socializar una ampliación del proyecto Mirador, que consiste en aumentar de 30 mil a 60 mil toneladas de explotación diaria. Para el dirigente, es imposible que se pretenda socializar una ampliación cuando ni siquiera se hizo la consulta previa e informada, y que deben remediar los daños que han ocasionado.

 

Cuestiona también que la invitación sea solo pública y no exista una invitación directa y formal con las organizaciones. Según indicó, no han decidido si asistirán a la reunión pero que de hacerlo entregarán un documento que muestre el descontento de la población por todo lo ocurrido hasta ahora.

Dirigente de CASCOMI: "El objetivo final es desplazar a la gente"

Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador", CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.

 

Durante la entrevista se relató las acciones que viene tomando la empresa EcuaCorriente, ECSA para desplazar a las personas que viven en territorios ancestrales de la Cordillera del Cóndor, para desarrollar la minería a gran escala.

 

Según manifiesta Sánchez, la empresa empezó adquirir tierras de forma ilegítima, a través de terceras personas y/o haciendo firmar acuerdos a sus habitantes en los que conste que se le había pagado por el terreno y que debían salir, también afirma:

 

"les dijeron que les iban a reubicar en la cabecera parroquial, -le vamos a dar una casa nueva de hormigón-, les ofrecieron trabajo y otras cosas, que nunca se cumplió, (les dijeron) -tienes que desarmar tu casa, casa de madera-, desarmaron las casas, la gente tuvo que salir, y todavía están esperando que les reubiquen"

 

Otra forma de operar de la empresa ha sido, desde 2013, con demandas por servidumbres mineras ante la Agencia de Regulación Minera de la provincia, impuestas contra 43 personas, incluido Luis Sánchez, con las cuales se pretenden hacer uso del total de las propiedades a cambio de una compensasión mínima, por los 25 años que dura el proyecto. Sánchez dice que no están de acuerdo con esto porque las tierras quedaría destruidas.

 

En la entrevista también se habló del derrocamiento de la iglesia y escuela de San Marcos, ocurrido en mayo de 2014. El presidente de CASCOMI cuenta que cuando vieron que alambraban este lugar comunitario, construido a base de mingas y que era usado como espacio de encuentro de la comunidad, se acercaron a reclamar y por ello pesa sobre él y 12 personas más un juicio penal donde son acusados de intentar invadir propiedad privada. Hasta el momento se calcula que EcuaCorriente ha logrado desplazar y apropiarse de 4500 ha. pero necesita alrededor de 12 mil ha. para el proyecto.

 

Los efectos de la minería a gran escala se vienen sintiendo y ni siquiera ha iniciado la explotación. Se denuncia que fruto de las perforaciones para exploraciones avanzadas ya se puede percibir la contaminación de los ríos y la disminución de los peces, por la cantidad de lubricantes y otros materiales que se utilizan para estos trabajos. Al caer la lluvia estos residuos caen a los rios y en ciertos sectores el agua ya es más lodo, no se puede confiar en su uso para la necesidades humanas y está alterando las costumbres y formas de vida campesina, comunitaria e indígena.

 

De las 21 familias que vivieron en el Barrio San Marcos, quedó una que se resiste a salir del lugar, en la parroquia Tundayme existen 900 personas que también podrían resultar afectadas. Actualmente se han organizado en colectivos por la defensa del territorio como es CASCOMI.