Criminalización

Seis shuar de Bomboiza en audiencia de Juzgamiento por participar en el Levantamiento Indígena y Paro Nacional 2015

Con gran respaldo popular se instaló la audiencia de Juzgamiento para los 6 compañeros de Bomboiza, Morona Santiago, quienes son acusados por presunto delito de paralización de servicios públicos, a la sala de audiencia se permitió el ingreso de 5 personas.

Tomás Felipe Jimpikit, José Antonio Pujupat, José Luis Cañar, Etsa Gerardo Taish, Amalia Martha Juep y María Antonieta Pujupat son los procesados que asisten a la audiencia que se desarrolla de forma reservada en la Sala 3, del Complejo Judicial de Morona Santiago.

Los testigos de la fiscalía rinden su versión por Skype al igual que en ocasiones anteriores, lo que recae en una muestra de irregularidades en el proceso de juzgamiento. Rómulo Akachu, vicepresidente de conaie y Jaime Vargas, líder achuar, se hacen presentes en respaldo a los 6 luchadores, de igual manera los ‪#‎7DePastaza‬, #29deSaraguro y diversos grupos sociales.

Tomas Jimpikit, presidente de la Asociación Shuar Bomboiza, y junto a los cinco shuar fueron acusados del presunto delito tras la participación en las jornadas del levantamiento indígena y paro nacional de 2015.

 

Fuente: Comunicación Confeniae e Inredh

CONAIE presentará pedido de Amnistía para criminalizados del Levantamiento de 2015

Boletín de Prensa

D.M. Quito, 7 de Mayo de 2016

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, anunció esta mañana en rueda de prensa en su sede que se presentará un pedido de Amnistía en la Asamblea Nacional mediante legisladores y legisladoras de Pachakutik para quienes son procesados/as, sentenciados/as y criminalizados/as por participar en las acciones de hecho durante el proceso de Levantamiento Indígena el pasado agosto de 2015 en exigencia al cumplimiento de las demandas de los pueblos y nacionalidades.

 

Además, el representante de Naciones Unidas en Quito, Diego Zorrilla, recibió los testimonios de Luisa Lozano, Amable Angamarca y el informe que presentó la CONAIE por medio de su presidente Jorge Herrera. Según Herrera, el delgado de ONU aceptó que estos hechos serán llevados al Alto Comisionado de la ONU y que al interior del país se investigará sobre los hechos.

 

 Jorge Herrera indicó que se encuentran a la puerta “más audiencias para compañeros y compañeras” que participaron en defensa de los Derechos de los pueblos y nacionalidades. Ratificó que los procesos judiciales no detendrán las exigencias que hace el movimiento indígena para que se cumpla las peticiones hechas. Recordó que piden la rectoría de la educación intercultural bilingüe, el libre acceso a la educación, el no cierre a las escuelas comunitarias, y otros.

 

Luisa Lozano y Amable Angamarca agradecieron el respaldo de solidaridad  que realiza la ciudadanía en general. Enfatizaron que no son “culpables”. Angamarca dijo que es un comunicador comunitario y lo único que hacía es informar a la población sobre las necesidades del pueblo Saraguro y las acciones de hecho. Lozano afirmó que “solo por defender a una mujer embazara me sentencian”, ella recordó que la fuerza pública ingresó a territorios comunitarios invadiendo las casas.

 

La presentación del pedido de Amnistía se realizará este día jueves en la Asamblea Nacional de Ecuador. Previo a la entrega se realizará una rueda de prensa a las 10h00 en la sala de prensa de la Asamblea.

 

Comunicación CONAIE

 

URGENTE: Defensor público cuestiona sentencia en Caso Saraguro

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A continuación, el boletín presentado por la Defensoría Pública de Ecuador, en el cual su titular manifiesta preocupación por la sentencia de cuatro años contra dos dirigentes de indígenas del pueblo Saraguro.

 

El Defensor Público General preocupado por la desproporcionalidad de las penas

 

El Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Manifestó que el Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes. Se reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles. En el citado caso, la administración de justicia no acogió el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley, toda vez que en casos muy graves y de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias.

 

El caso de los procesados del Pueblo Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel. Las estadísticas de la prisión están llenas de infractores menores en delitos contra la propiedad y en delitos relacionados con las drogas. La cárcel no es un lugar que se caracteriza por encerrar a los poderosos infractores de la ley.

 

Parte de observar el fenómeno de la criminalización de la pobreza son las sentencias desproporcionadas, imponiendo centralmente el castigo hacia los más débiles y de forma periférica o marginal a los delincuentes de cuello blanco. De ahí que es indispensable preparar el terreno jurídico para concretar un importante imperativo ético: proponer al país entero la resolución pacífica de los conflictos que pueden agudizar aún más las contradicciones sociales, fortaleciendo la reconciliación y la justicia social. Por ahora, cabría la urgente amnistía para todas las lideresas ylíderes comunitarios y sociales del Ecuador, más que por un debate político por la recuperación del equilibrio en la justicia.
 

Quito, 31 de mayo de 2016
B120-2016

 

Por Saraguro: solidaridad desde todas las direcciones

CONAIE

 

Saludos compañeras y compañeros, reciban un atento y fraterno saludo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).


Les escribimos para compartirles nuestra preocupación ante la ilegal y desproporcional sentencia a 4 años de prisión a dos de nuestros compañeros de base del Pueblo Saraguro, acusados por la fiscalía y el Ministerio de Justicia de Paralización de Servicio Público.


Luisa Lozano tiene 39 años. Defensora del derecho a la tierra, agua y a una vida digna para los pueblos y nacionalidad indígenas. Es oriunda de la comunidad Lagunas, lugar donde el 17 de agosto de 2015, los policías y militares ingresaron con bombas lacrimógenas y toletes para restablecer el “orden”. Luisa recuerda que aquel 17 de agosto cruzaba por la comunidad cuando vio que a una mujer embarazada era golpeada por los agentes del Estado. Se acercó ayudarla y fue detenida.

Amable Angamarca, comunicador popular de radio Buen Pastor. Apresado en el ejercicio periodístico. El 17 de agosto fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro.


El 30 de mayo de 2016, los dos fueron sentenciados a 4 años de prisión. La pena máxima de acuerdo al Código Integral Penal ecuatoriano es de 3 años de prisión; en este caso se consideran agravantes y se les impone la máxima sanción más el tercio de la pena.


Las demandas del Pueblo Saraguro para participar pacíficamente del levantamiento indígena (del cual fueron frutalmente reprimidos y posteriormente enjuiciados), consistían en la no concesión de sus territorios ancestrales para la industria minera.

 

Solicitaban también que su educación intercultural bilingüe sea respetada porque la consideran fundamental para su continuidad histórica como Pueblo Indígena; solicitaban que su sistema de producción lechero sea fortalecido y que no se transforme su forma de producción en un agro negocio.


Convocamos a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse y pronunciarse de manera personal o institucional sobre este lamentable hecho que retrocede décadas enderecho adquiridos de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos.

 

Defender los derechos humanos es un derecho internacionalmente recocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ecuador ha ratificado todos los Convenios y Tratados sobre la materia. Se criminaliza la movilización y protesta social en el Ecuador y la noble labor de las personas que sueñan con otro mundo mejor, que en algunos casos como es de los pueblos indígenas, ya lo viven.


Desde la CONAIE estamos impulsando una campaña por todos los criminalizados del levantamiento indígena y paro nacional de trabajadores que asciende a 122 en todo el país. Pueden informarse más al respecto en la páginawww.resistiresmiderecho.org

La presión social en distintas partes del mundo genera oleajes de presión apoyando en las movilizaciones de los pueblos, es por ello que vemos su voz vital para la lucha del pueblo Saraguro. Mencionarles que el proceso penal aun continúa y que existe la posibilidad que sentencien a doce compañeros más.

Les pedimos envíen sus cartas de solidaridad a este correo y al correo de la campaña resistiresmiderecho@gmail.com; posteriormente con su consentimiento haremos uso de las mismas en las diferentes plataformas comunicativas que maneja el equipo de comunicación de la campaña.


Todas las sugerencias y aportes a esta y otras iniciativas serán recibidas con agradecimiento.
Proponemos unificar campaña en redes con los siguientes

Hastags:#SolidaridadSaraguro#SaraguroLibre#ResistirEsMiDerecho

Atentamente, Jurídico CONAIE

Continúa la criminalización de la protesta social en Ecuador, 12 personas más son llamadas a Juicio en Saraguro

 

El pasado lunes, 23 de mayo 2016, el Juzgado de Garantías Penales de Loja resolvió llamar a juicio a 12 de los 19 procesados del caso Saraguro a quienes se les inició un proceso penal por participar en el levantamiento indígena de agosto de 2015. Los otros 7 procesados fueron sobreseídos por falta de elementos probatorios para su enjuiciamiento.

Los 12 compañeros del pueblo Saraguro han sido llamados a juicio por el supuesto delito de Paralización de Servicios Públicos, que según el Código Orgánico Integral Penal puede tener una sanción de pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

En la tarde, del día lunes, decenas de personas de las comunidades de Saraguro se concentraron en la plaza central para realizar una caminata al juzgado donde recibieron la resolución.

Los 12 compañeros se suman a otros 10 que, entre este martes 24 y miércoles 25 de mayo recibirán la sentencia por el mismo presunto delito. En total en Saraguro durante las protestas del Levantamiento y el Paro Nacional en agosto del 2015 fueron procesadas 31 personas. Dos mujeres fueron sobreseídas y 29 continúan con el proceso penal en su contra.

Actualmente existen 22 procesados llamados a juicio por paralización de servicios públicos en Saraguro, ubicado en el sur de Ecuador. A nivel nacional 123 personas han sido criminalizadas en Ecuador por exigir sus derechos y los de la naturaleza.

Desde la CONAIE rechazamos este nuevo intento de acallar las voces de los pueblos que exigimos nuestros derechos, que se respete nuestra educación intercultural, las escuelas comunitarias, nuestra justicia indígena y nuestras territorios.

Esto no nos detendrá, el pueblo de Saraguro ratifica que fortalecerá la resistencia aunque el Estado utilice la justicia para detenernos.

Resistir es Mi derecho

www.resistiresmiderecho.org