ECSA

Anciana shuar en riesgo de ser desalojada por empresa Ecuacorriente

 

Rosario Ware, mujer de alrededor de 100 años, nacida en lo que hoy conocemos como San Marcos, en la Cordillera del Cóndor, donde su familia habitó ancestralmente; corre el riesgo de ser desalojada una vez más por la empresa minera china EcuaCorriente S.A.

 

De acuerdo a la información recibida desde Tundayme, el día de ayer, 7 de enero a alrededor de las 10h00, fue visitada por dos empleados de la empresa, Jorge Miño, quien se presentó como relacionador comunitario, y Arcángel Juep. Ambos habrían advertido a la anciana y a su hijo Mariano Mashendo, que deben desocupar el lugar en el que viven.

 

Hace 13 años, cuando fue desalojado el barrio San Marcos, la casa de esta mujer indígena, fue destruida y quemada. Sin tener otro lugar para vivir, se instaló en un espacio 3 km aguas arriba de la confluencia de los ríos Tundaym, Kimi y Wawaym, cerca de donde ocurrieron los últimos desalojos.

 

En años pasados, cuando se ha conversado con Rosario, solía recordar que en alrededor de 1968 llegó el Ejército Ecuatoriano y tomó posesión de un territorio ancestral shuar, posteriormente fueron llegando colonos con quienes se ha convivido en relativa tranquilidad, hasta la última década, en la que ha perdido todo lo que tenía por la minería.

Rosario Ware y Mariano Mashendo. Foto tomada del video "A punto de estallar" del programa Visión 360.


Mayor información:

Luis Sánchez

CASCOMI

0996028074

Fuimos "reubicados" en la calle: Desalojos por la minería a gran escala

FUIMOS “REUBICADOS” EN LA CALLE

Desalojos por la minería a gran escala

 

Quito, 21 de octubre de 2015

 

Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.

 

Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.

 

Una vez en el sitio, las personas integrantes de la Misión, recabaron testimonios e información de primera mano, ratificando que el día 30 de septiembre de 2015, catorce familias comuneras, ubicadas en el sector de la vía al destacamento militar “Cóndor Mirador” de la parroquia Tundayme, fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas por la guardia privada de la empresa Ecuacorriente S.A., apoyada por miembros de la policía nacional.

 

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

 

Constató que los desalojos se realizaron sin notificación previa, en tierras que poseían títulos de propiedad legalizados, y que salvo en tres casos en que las propiedades eran objeto de servidumbres, para los diez restantes, no pesaban procesos legales o de servidumbres.

 

De las denuncias y testimonios recogidos, se corrobora que los desalojos se produjeron en un ambiente de violencia desproporcionada e indiscriminada. Un número excesivo de policías destruyeron las casas de los comuneros y los bienes que se encontraban en su interior. Igualmente, la Misión pudo observar los hoyos profundos realizados por retroexcavadoras en las que, según las personas desalojadas, fueron enterradas los restos de las viviendas destruidas, presumiblemente para borrar las evidencias.

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

La CEDHU pone a conocimiento de la opinión pública el escenario de desesperación que se vive en Tundayme a raíz de los desalojos descritos previamente. Las familias afectadas viven un verdadero drama humano ya que han sido despojados de sus tierras y pertenencias fruto del esfuerzo de toda una vida y ahora no tienen a donde ir. Por el contrario, el gobierno se empeña en una campaña para legitimar estos desalojos y descalificar a quienes son víctimas del supuesto desarrollo que pregona.

 

Denunciamos que la falta de interés del Estado en brindar solución sustentable a la situación de personas afectadas por proyectos mineros perpetúa la indefensión de los desplazados y es un obstáculo para el pleno goce de derechos individuales y colectivos.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.


OCMAL denuncia desalojos violentos en Tundayme.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL denuncia ante la opinión pública el violento desalojo de poblaciones en Tundayme para allanar el espacio para la minería a gran escala a manos de ECSA, subsidiaria de Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated.

 

Rechazamos toda agresión y atropello a los derechos humanos de las poblaciones que resisten a la instalación de grandes proyectos mineros como el de ECSA en el Ecuador por alterar formas de vida tradicionales, arrebatar el derecho de las poblaciones locales a decidir su propio desarrollo y deteriorar irrecuperablemente el medio ambiente y los ecosistemas.

 

La brutalidad de la minería no respeta ecosistemas, culturas, derechos humanos, economías locales, escuelas y construcciones religiosas.

Innumerables inmuebles han sido destruidos los últimos años para dar paso a la destrucción minera en El Pangui.

 

Una muestra de ello es lo que sucedió el 26 de marzo de 2014, durante la fiesta de San Marcos, la población realizó una celebración religiosa en la iglesia del poblado, sin embargo, el 12 de mayo del mismo año, la empresa resguarda por 50 policías, destruyó la capilla y la escuela.*

 

En la madrugada del 30 de Septiembre de 2015, en un embate más de violencia, 12 familias de San Marcos fueron sacadas de sus viviendas por la Policía Nacional y guardias pertenecientes a la empresa de seguridad privada Serseivi -que actúa bajo órdenes de la empresa minera china-. Una vez que las familias fueron obligadas a salir, sin haber recibido ningún tipo de notificación del desalojo, sus casas fueron derrocadas de manera violenta. Las familias desconocen hasta el momento dónde se encuentran sus enseres.**

Las irregularidades que han acompañado el proceso de despojo de territorios y derechos de las comunidades de Tundayme han sido verificadas por la Contraloría General del Estado el 2013.

 

Declaramos nuestro total y rotundo rechazo a las acciones de ECSA en desmedro de las comunidades afectadas y exigimos la suspensión de toda acción que atropelle los derechos humanos de las poblaciones del Ecuador que legítimamente defienden sus territorios, sus medios de vida y sus ecosistemas.

 

Exigimos a las instancias gubernamentales a abandonar el rol de protección de la gran minería y a tomar partido por los derechos de las comunidades afectadas.

 

Nos mantendremos vigilantes a los futuros hechos y denunciaremos públicamente las amenazas y agresiones de que son víctimas las comunidades de Tundayme.

 

Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a mantenerse alertas, denunciar y difundir públicamente toda información sobre el riesgo de las comunidades afectadas por minería en el Ecuador especialmente las comunidades de Tundayme, El Pangui, Zamora Chinchipe.

FIDH condena el desalojo de familias en Tundayme

A raíz de los hechos ocurridos en Tundayme el 30 de septiembre de 2015 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha condenado los desalojos forzados por medio del siguiente comunicado de prensa:

 

Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos

La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado  por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.

En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.

“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sur bienes y sus casas”  afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

La FIDH en el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources Inc., publicado en enero de 2011, ya había denunciado un proceso de adquisición de tierras caracterizado por las irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento; la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales, especialmente en relación al derecho al agua y la ausencia de mecanismos de consulta apropiados. El informe de Contraloría General del Estado da también cuenta de las irregularidades en que se encuentran las concesiones mineras de Mirador.

Entre las recomendaciones de la FIDH, CEDHU e INREDH dirigidas a las autoridades ecuatorianas como a las empresas mineras, consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que: las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas que pesan sobre las personas que defienden sus derechos frente a los proyectos mineros del consorcio chino mencionado; y, se respete el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme, José Tendetza.

Las organizaciones esperan el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala en general y en particular en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago por parte de las empresas chinas o del Gobierno ecuatoriano.

Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos.

La FIDH también llama al Estado canadiense a asegurarse incluso a través de debida diligencia mandatoria, que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

CONAIE rechaza ingreso de minera China ECSA a Territorios Indígenas en Tundayme

El 30 de septiembre de 2015, fuerzas de seguridad de la empresa EcuaCorriente S.A., con apoyo de la policía nacional desalojaron a 13 familias en la comunidad de San Marcos, Tundayme. A raíz de estos hechos, la CONAIE difundió el siguiente boletín de prensa:

 

CONAIE rechaza ingreso de minera China ECSA a Territorios Indígenas en Tundayme

D.M. Quito, 2 de octubre de 2015

En los Territorios de la Nacionalidad Shuar y de hermanos/as campesinos/as del sector San Marcos de la parroquia Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el día 30 de septiembre de 2015, miembros de la Policía Nacional, militares y seguridad privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A. desalojaron a 13 familias indígenas y campesinos de manera violenta sin ninguna notificación previa, invadiendo territorios comunitarios.

La CONAIE rechaza rotundamente este acto que con claridad en muestra de violación a los Derechos Humanos, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos, la Consulta Previa y demás derechos sobre pueblos y nacionalidades consagrados y garantizados en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales como la OIT y la Declaración de Naciones Unidas.

Sin embargo, el presidente Rafael Correa durante su intervención en la Septuagésimo (70°) Asamblea General de la ONU se enfocó en resaltar la importancia de la protección ambiental. Pero, que en realidad con esos discursos demuestra la doble cara que tiene el gobierno ecuatoriano, cuando en la realidad con las políticas extractivistas (petrolera y minera) a cielo abierto del gobierno ocasiona desastres ambientales y atropellos a los derechos humanos. Además, está claro que la empresa Ecuacorriente S.A. provoca deterioros ambientales en Tundayme.

Por todo esto, La CONAIE responsabiliza de manera directa al Estado Ecuatoriano y al gobierno central por los actos violentos con el actúa contra compañeros/as indígenas y campesinos en los territorios ancestrales, que como consecuencia provoca daños psicológicos, físicos, social, cultural a hombres, mujeres, niños, niñas de la zona de San Marcos. Exigimos el retiro inmediato de las empresas mineras transnacionales y sus maquinarias con la que están desalojando a nuestros comuneros. Alertamos y denunciamos a las instancias de los Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional.

 

Por el Consejo de Gobierno

Jorge Herrera

PRESIDENTE CONAIE

 

¿Fue este líder indígena asesinado por luchar en defensa del territorio en Ecuador?

Publicado originalmente en inglés en The Guardian el 2 de junio de 2015
Por Dan Collyns en Tundayme

 

Nubes oscuras se ciernen sobre la estación de autobuses de Tundayme donde José Isidro Tendetza Antún se despidió de su familia por última vez.

Los cielos cambiantes e impredecibles de la Cordillera del Cóndor debieron haber sido un espectáculo familiar para el líder indígena el 28 de noviembre [de 2014] mientras se despedía para participar en un mitin de protesta en contra de un enorme proyecto minero de capitales chinos que está siendo forjado sobre su tierra ancestral.   

El nunca llegó. Cuatro días más tarde su hijo Jorge encontró el cuerpo de Tendetza en una tumba sin nombre, mostrando señas de tortura y estrangulamiento.

Seis meses después, su muerte continúa retumbando entre los residentes de esta cordillera selvática situada a caballo entre la frontera amazónica del Ecuador y el norte de Perú.

Tendetza fue un destacado crítico del gobierno del presidente Rafael Correa, a quién acusó de girar en U sobre su promesa de respetar la naturaleza y las tierras indígenas. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer legalmente los derechos de la naturaleza en su constitución. Sin embargo, ha aprobado desde entonces una serie de mega-proyectos, incluyendo proyectos mineros a gran escala y represas hidroeléctricas, que están siendo desarrollados en su mayoría por manos chinas.

Proveniente de una familia de siete hermanos, José Tendetza creció en la Cordillera del Cóndor, aprendiendo a cultivar, a cazar y a pescar igual que sus antepasados antes que él.  

Este bosque nublado y biodiverso es el hogar de los Shuar, el segundo grupo indígena más grande del Ecuador, que en el pasado luchó y se enfrentó a los incas y a los conquistadores españoles, y ahora está luchando para hacer frente a la llegada de El Mirador–una mina de oro y cobre de 1,4 billones de dólares.

En la localidad dicen que la comunidad ha experimentado un aumento de conflictos cuando las labores mineras comenzaron en El Mirador, propiedad de la empresa china EcuaCorriente SA–filial de CRCC Tongguan Investment–desde que fue comprado a una empresa canadiense en 2010.

Familias Shuar han sido ya desplazadas por el proyecto, que si se completa resultará en la destrucción de 450.000 hectáreas de bosque nublado.

La familia de Tendetza, sus partidarios y sus abogados sospechan que fue su oposición a la mina lo que lo condujo a su muerte–la tercera muerte violenta de un líder Shuar en seis años. (Freddy Taish recibió un disparo durante una operación militar contra la minería ilegal en 2013 y Bosco Wisum murió a causa de heridas de bala en enfrentamientos con la policía en 2009).

Las tensiones siguen siendo altas. En una visita reciente a territorio Shuar, The Guardian fue seguido y filmado por hombres que los locales identifican como empleados del equipo de seguridad de la mina.

El embajador de Ecuador en el Reino Unido, Juan Falconí Puig, dijo que el gobierno había ofrecido de 100.000 USD (£66,000) de recompensa a cualquiera que pudiera proporcionar información precisa sobre el crimen. En una carta a The Guardian, dijo que la investigación de la muerte de José Tendetza sería supervisada de forma independiente por la Federación Shuar.

Luego, el 23 de mayo, el ministro del Interior del Ecuador, José Serrano Salgado, anunció en Twitter que la policía había detenido a dos hombres sospechosos del asesinato de Tendetza. Ambos sospechosos son hombres Shuar trabajadores de la empresa EcuaCorriente, y según Serrano, uno de ellos fue encontrado en posesión de teléfono celular de Tendetza. En otro tweet el ministro elogió a la policía y a la oficina del Fiscal General, diciendo que perseguirían a los "autores intelectuales" del crimen. Los dos hombres, sin embargo, no han sido acusados de ningún delito, después de que un juez ordenó su libertad por razones de procedimiento tras una audiencia preliminar.

Bruno Segovia, abogado que representa a la familia Tendetza, dice que se mantienen escépticos. "La familia conoce a los hombres acusados y dicen que nunca han tenido ningún problema con ellos", dijo a The Guardian.

Los familiares de Tendetza dicen que hace mucho tiempo han perdido la fe en las autoridades.

Apenas una semana después del asesinato la policía, armada con armas automáticas y apoyo de helicópteros, allanó la casa de la familia de Tendetza en la comunidad de Yanua. La incursión fue ordenada por el fiscal local que sigue el caso supuestamente con el objetivo de encontrar pruebas y "armas" que pudieran explicar su muerte, según la ONG Amazon Watch con sede en Estados Unidos, que, junto con otras 13 organizaciones no gubernamentales, escribió una carta pidiendo transparencia en la investigación del estado sobre el asesinato.

"Mi hermano era un líder que defendió nuestros derechos, nuestros ríos, los derechos de la naturaleza que el mismo gobierno había propuesto, pero ya no creemos en el gobierno", dijo Carlos, el hermano de Tendetza, mientras la lluvia estacional tamborileaba sobre el techo corrugado de zinc en casa de la familia.

Con ojos oscuros y rápidos enmarcados por un rostro angular y enjuto, Carlos se parece a su difunto hermano, un hombre que amigos y familiares describen como un líder natural y carismático.

En el momento de su muerte, Tendetza, de 47 años, se encontraba organizando a las federaciones indígenas locales que protestaban contra la contaminación de los ríos por sedimentos mineros y el desalojo de la población local, tanto Shuar como colonos–el término usado para ecuatorianos mestizos asentados en el lugar. Tendetza había presentado una denuncia contra la mina El Mirador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sus partidarios dicen que había sido objeto de una campaña de acoso, y había recibido una serie de amenazas contra su vida y contra su hogar. En 2012 su casa y los cultivos de su chacra fueron incendiados por un grupo de hombres que la familia sostiene eran empleados de EcuaCorriente.

La última vez que la familia Tendetza le vio, subía al autobús en dirección al pequeño pueblo de Bomboiza, en camino para encontrarse con su tío, Domingo Ankuash, y otros dirigentes Shuar. La familia dice que planeaban discutir cómo iban a denunciar el acoso al que se enfrentaban en la cumbre sobre cambio climático de la ONU en Lima el siguiente mes. Nunca llegó.

Cuatro días más tarde, su hijo Jorge, alertado por un rumor, viajó a la morgue de la ciudad de Yantzaza, donde descubrió que el cadáver de su padre había sido sacado del río Zamora por los trabajadores mineros. Una autopsia se había llevado a cabo, y Tendetza fue enterrado en una tumba marcada "sin nombre".

A petición de la familia, el cuerpo fue exhumado y se realizó una segunda autopsia. Si bien la primera autopsia concluyó la causa de la muerte había sido ahogamiento, la segunda determinó que Tendetza había sido asfixiado. Segovia, el abogado de la familia, dijo que testigos han dicho que sus manos estaban atadas a la cintura y el cuerpo mostraba cortes y contusiones.

“Es curioso que se encuentre un cuerpo en el río y sin investigación, sin identificar el cuerpo, sin informar a la familia para que pudieran investigar lo ocurrido, lo entierren como 'NN'–sin nombre”, dijo Segovia.

Los hermanos de Tendetza ligan su muerte a su oposición a EcuaCorriente, la compañía en la que trabajó como obrero temporal hasta 2006 hasta que fue testigo de la quema de una casa para supuestamente expulsar a una familia de terrenos cedidos a la empresa. A partir de entonces, se opuso activamente a los planes de la compañía para desarrollar el proyecto El Mirador.

En una declaración a The Guardian, un portavoz de EcuaCorriente dijo: “Lamentamos las insinuaciones que han sido recogidos, que constituyen una afrenta a la reputación de la compañía y su comportamiento respetuoso de la ley. Hemos demostrado, y vamos a seguir haciéndolo, total respeto por las personas y sus culturas, lo que es correspondido por las comunidades que nos rodean, que como prueba, participan y colaboran en su mayoría en el trabajo decente y respetuoso de nuestra empresa”.

“La pérdida de una vida humana provoca consternación, más aún cuando algunos de los familiares del señor Tendetza son trabajadores de la empresa, a quienes se les extendió la debidas condolencias tras su muerte”.

“Confiamos plenamente en las investigaciones que realiza el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Interior y la Policía; cuyas conclusiones esperamos para exponer a los responsables de un incidente tan deplorable”.

El impacto de El Mirador es claramente visible tan pronto se entra en las tierras ancestrales Shuar donde campos y bosques están salpicados de carteles naranja donde se leen "propiedad privada" demarcando las tierras compradas por la empresa china.

Al cruzar un río que ha inundado parte de la carretera, una señal en español y mandarín en una casa de madera, advierte: “La persona o empresa que entra o hace daño a esta propiedad será penalmente procesado o sometido a la justicia indígena.”

Nos están siguiendo. Un motociclista con pasamontañas filma nuestros movimientos con una cámara digital de color rojo y luego acelera y se distancia, pero nos continua siguiendo el rastro. Los guardias de seguridad en los puestos de control también nos filman, primero subrepticiamente, luego abiertamente cuando se dan cuenta que han sido vistos.

La niebla se deshace y una cicatriz roja emerge en una ladera verde esmeralda. Está a varios kilómetros de distancia pero se pueden ver excavadoras pesadas en sus bordes. La primera excavación de una mina a cielo abierto en El Mirador tendrá 1,5 kilómetros de ancho y 650 metros de profundidad. Para extraer 2m toneladas de cobre, se excavarán alrededor de 145m toneladas de tierra y rocas, según el informe de impacto ambiental de la empresa de 2010, produciendo cientos de millones de toneladas de relaves ácidos durante su vida útil.

Los ambientalistas están horrorizados.


"Una mina como esta no debería haber sido desarrollada en una zona como esta. Hay demasiado en juego”, dijo Richard Kamp, director de E-Tech International, una consultora de ingeniería con sede en Estados Unidos, que ha estudiado los impactos ambientales potenciales de El Mirador desde 2011.

Su principal preocupación es el plan de la compañía para almacenar millones de toneladas de residuos mineros tóxicos en una enorme balsa de residuos a menos de 1km del río Quimi. Este río desemboca en el río Zamora, que a su vez alimenta al río Santiago, que serpentea hacia el sur en Perú conectando con el Marañón, importante afluente en la cuenca del Amazonas.

Kamp cita el derrame de mina Monte Polley en la Columbia Británica, Canadá, en agosto de 2014, como un precedente preocupante. Una presa en un estanque de residuos estalló liberando 4,5 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en un bosque prácticamente intacto, afectando un área poblada mayoritariamente por pueblos indígenas o “Primeras Naciones” [así llamados en Canadá].


Decisión histórica

Según el abogado Mario Melo–que ayudó a Tendetza a llevar su caso en contra de El Mirador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–[El gobierndo de] Ecuador falló en obtener el consentimiento previo e informado de los Shuar para desarrollar la mina El Mirador en sus tierras.

Al no hacerlo, el gobierno renegó de su compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo Melo, quien ganó el año pasado un fallo histórico que obliga al país a pedir disculpas al pueblo de Sarayaku por la extracción de petróleo en su territorio sin su consentimiento.

A pesar de que fue en gran parte responsable de la decisión histórica de Ecuador a reconocer los derechos de la naturaleza, el presidente Correa ha dicho que la constitución de 2008 no prohíbe al país el uso de sus recursos no renovables.

Correa–quien ha arremetido contra el “ecologismo infantil”–sostiene que las riquezas naturales del Ecuador ofrecen la mejor oportunidad de “desarrollo soberano” para mejorar la educación, la salud y los niveles de vida.

Pero sus opositores políticos acusan al presidente de la entrega en serie de concesiones petroleras, hidroeléctricas y mineras en un esfuerzo por asegurarse fondos chinos. El mapa de concesiones del gobierno es un mosaico de figuras geométricas superpuestas sobre las montañas y ríos del sur de Ecuador.

Cualquier esperanza de respetar los derechos de la naturaleza fue “totalmente borrada cuando el gobierno comenzó a repartir concesiones como volantes”, dijo Carlos Pérez, el exuberante líder de la Confederación Kichwa del Ecuador, que representa al grupo indígena más grande del país. Pérez–un ex aliado que se ha convertido en opositor del presidente Correa, ha sido encarcelado tres veces durante la actual administración–señala que la mayoría de concesiones han ido a empresas chinas.

Ecuador comenzó a solicitar préstamos de Beijing en 2008 cuando suspendió pagos por $3.2 billones de deuda externa, y la dependencia del país en el crédito chino no muestra signos de disminuir.

Los analistas dicen que el país ha acumulado más de $15 mil millones de deuda con China, pero las condiciones de los préstamos carecen de transparencia y podrían incluir una “renuncia de inmunidad soberana” lo que permitiría a China hacerse con activos ecuatorianos si el país dejase de pagarle.

El Gobierno dice que la inversión ha ayudado a mejorar los servicios públicos en todo el país. Para los Shuar, sin embargo, la apertura de territorios indígenas a recursos extranjeros hasta el momento no ha traído sino miseria.

La familia de Tendetza dice que desde que José fue asesinado ha llovido de manera continua y fuertemente. Es la estación de lluvias más húmeda que pueden recordar.
 
“Nosotros, los Shuar, somos los dueños de todo esto, el bosque, las cascadas, los animales, los ríos”, señala Carlos Tendetza y con un amplio movimiento de su mano abarca el horizonte y más allá. “Pero la compañía lo está destruyendo y no recibimos nada a cambio excepto abusos”.

La otrora tribu guerrera que resistió por siglos a los españoles fue famosa por la práctica de reducción de cabezas. Mucho ha cambiado, pero el avance continuo de la mina y la falta de justicia percibida en la muerte de su hermano, hace que Tendetza considere tomar el asunto en sus propias manos.

“Somos civilizados ahora”, añadió, como si estuviera dando voz a un debate interno. “Pero estamos dispuestos a luchar hasta la muerte para recobrar lo que es nuestro”.  

 

Cascomi: “Cómo pueden seguir un proceso de socialización de algo que no han consultado”

Escuche la entrevista completa

 

En entrevista en Radio Cenepa, el presidente de Comunidad Amazónica de Acción Social “Cordillera del Cóndor Mirador” habló de los daños que provocan los trabajos de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA) en la ejecución de los trabajos destinados a la explotación de cobre a gran escala y el amendrentamiento del que son objeto los líderes y dirigentes sociales que se oponen al proyecto “Mirador”.

 

El dirigente habló de la investigación fiscal que existe en su contra y de once personas más por invasión de tierras y asociación ilícita por un denuncia puesta por ECSA. Según manifestó, el fortalecimiento organizativo de las comunidades afectadas molesta a la empresa y por tal razón intimida a las personas para evitar que continúen con sus acciones de resistencia. Afirma que, personas que en ocasiones ateriores asistían a las asambleas dejaron de hacerlo por encontrarse amenzadas.

 

La empresa también ha puesto demandas de servidumbres por la totalidad de los terrenos que requiere para continuar con las obras de infraestructura. Cascomi interpuso una acción de protección argumentando el derecho del pueblo shuar a su territorio, sin embargo les fue negada, según manifestó el dirigente, porque el juez consideró que al tratarse de propiedades individuales, la empresa tenía derecho a la servidumbre minera.

 

Se refirió además al seguimiento que está haciendo la Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, que pidió información más amplia por las denuncias de persecusión, amedrentamiento y hasta la muerte de dirigentes shuar, como es el caso de José Tendetza.

 

Sobre los daños ambientales que ya se están percibiendo en Tundayme, cuenta que los trabajos que se vienen realizando lo hacen de forma antitécnica, que la tierra sobrante de los cortes de los caminos es depositada en las quebradas que dan a los ríos Quimi, Tundayme y Guaguayme que al momento se encuentran llenos de lodo inutilizando las aguas para el uso humano y consumo del ganado.

 

Habló también de la convocatoria realizada por el Ministerio de Ambiente para socializar una ampliación del proyecto Mirador, que consiste en aumentar de 30 mil a 60 mil toneladas de explotación diaria. Para el dirigente, es imposible que se pretenda socializar una ampliación cuando ni siquiera se hizo la consulta previa e informada, y que deben remediar los daños que han ocasionado.

 

Cuestiona también que la invitación sea solo pública y no exista una invitación directa y formal con las organizaciones. Según indicó, no han decidido si asistirán a la reunión pero que de hacerlo entregarán un documento que muestre el descontento de la población por todo lo ocurrido hasta ahora.