Ecuador

Tribunal de Loja emite sentencia escrita en caso Saraguro

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Por: Nelson Atupaña

El Tribunal de Garantías Penales con sede en Loja conformado por Máximo René Muñoz Palacios, Mercy Vilma Hurtado Flores y Pablo Santiago Narváez Cano, emitió la sentencia escrita sobre Luisa Lozano y Servio Amable Angamarca, condenados a 4 años de prisión y a una multa de cuatro salarios básicos unificados, es decir de 1500 dólares, por el delito de paralización de servicio público por los hechos ocurridos el 17 de agosto del año anterior durante el levantamiento indígena y paro nacional.

El pasado 31 de mayo, el Tribunal condenó a Luisa y Amable como presuntos autores del delito de paralización de servicio público y exculpa a ocho procesados más de caso denominado los “29 de Saraguro.

La sentencia de 4 años contra Luisa y Amable fue más de lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona el delito de paralización con una pena de 1 a 3 años. No obstante, el juez dictaminó 3 años y ¼ de la pena, es decir, 4 años.  (Adjunto sentencia).

El argumento del Tribunal fue que existen tres circunstancias agravantes dentro del cometimiento de la infracción y que estos se han probado en los numerales 4, 5 y 14 del artículo 47 del COIPque se refieren a lascircunstancias agravantes de la infracción que establece: "Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la infracción, 5. Cometer la infracción con participación de dos o más personas y 14. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción”.

El juez del Tribunal de Garantías Penales de Loja, Pablo Narváez Cano, aclara la sentencia y dice: “hay tres circunstancias agravantes dentro del cometimiento de la infracción: la primera, que los procesados se aprovecharon de una calamidad pública, es decir por la erupción del volcán Cotopaxi; la segunda, por cometer la infracción con participación de dos o más personas y se lo estableció por un delito de tumulto; y, la tercera, que se afectaron a varias víctimas durante la protesta”[1].

A pesar de ser inocentes y no haber cometido ninguna de las agravantes de los numerales del artículo antes descrito fueron condenados. Además, los indígenas del pueblo kichwa Saraguro procesados ya fueron juzgados y absueltos por la jurisdicción indígena, a pesar de esto fueron nuevamente juzgados y sentenciados por la jurisdicción ordinaria.

Frente a esta sentencia, el Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Dijoque el “Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes”.

Además dijo que “Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia en donde los derechos están sobre la Ley. Todo derecho, toda garantía le pone un límite al poder”[2].

“El mismo Tribunal de Garantías Penales de Loja, con el mismo juez ponente del caso Saraguro, dicta sentencia por paralización de servicios públicos, es decir por el mismo delito de los indígenas del pueblo Kichwa Saraguro, y les impone a los policías del 30S que paralizaron los servicios públicos; las calles, las carreteras en Loja, les impone la pena de 1 año de prisión y una multa de 87 USD”. Ahí está un claro ejemplo sobre la desproporcionalidad de las penas, dijo el defensor.

Mientras que a los indígenas del Pueblo Kichwa Saraguro por ser indígenas son condenados a 4 años de prisión y al pago de una multa de 1500 dólares y a los policías por el mismo delito y por el mismo juez les sancionan a 1 año de prisión y al pago de una suma irrisoria de 87 USD de multa. Esas cosas no pueden seguir pasando en la justicia de un Estado constitucional de derechos y justicia como lo establece el Art. 1 de la Constitución de nuestro país.

Según el Art. 76 numeral 6 de la Constitución la “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.

Para la dirigencia del movimiento indígena y en particular del Pueblo Saraguro, manifiestan que este caso es de competencia y jurisdicción de la Administración de Justicia Indígena porque así lo reconoce y garantiza tanto la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que ya conoció y resolvió el asunto de los 29 de Saraguro, absolviendo a los implicados.

Es por eso que la resolución del Tribunal de Garantías Penales de Loja es nula ya que la constitución prohíbe juzgar dos veces sobre la misma causa.

Por lo tanto, el caso de los procesados del Pueblo kichwa Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles y vulnerables de la sociedad ecuatoriana (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel.

Esta sentencia condenatoria en contra de Luisa Lozano y Amable Angamarca, oriundos de la comunidad de Laguna, cantón Saraguro, de la provincia de Loja, es arbitraria, ilegal e ilegítima y totalmente inconstitucional, porque vulnera los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

En Saraguro en total fueron detenidos 31 personas: 12 mujeres y 19 varones. De las 12 mujeres, 2 fueron sobreseídas, es decir, que el juez no encontró pruebas suficientes para juzgarlas. 10 mujeres y 19 varones fueron acusados de paralización de servicio público.

Actualmente existen 22 procesados llamados a juicio por paralización de servicios públicos en Saraguro. Doce fueron llamados a juicio.

A nivel nacional 123 personas han sido criminalizadas en Ecuador por exigir sus derechos y los de la naturaleza durante las movilizaciones del levantamiento yparo nacional de agosto del 2015. En su detención los policías y militares los agredieron.

 

Cronología del proceso penal

El 17 de agosto de 2015: 35 personas aprehendidas. De estas, 27 personas procesada, de las cuales 26 con prisión preventiva.

El juicio lo conoce la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Saraguro. Juicio No. 11313-2015-00435. Juez Alex Damián Torres Robalino.

El sábado 22 de agosto de 2015 fue negada la acción de hábeas corpus por la Corte Provincial de Loja.

El 21 de septiembre de 2015 fueron vinculados 4 personas más al proceso por el delito de paralización de servicios públicos.

El 28 de septiembre de 2015.- Se reúnen las Autoridades de la Justicia Indígena, en la Asamblea Judicial Comunitaria del Consejo de Ayllus conformado por tres comunidades (Chukidel Ayllu llakta, Ilincho y Gunudel) emitió su resolución absolviendo a los procesados “porque ellos no son culpables, más bien han sido perseguidos y por eso es necesario continuar un proceso de investigación con la finalidad de determinar quiénes son los responsables por las violaciones que ocurrieron el 17 de agosto”.

El 26 de noviembre de 2015.- Audiencia preparatoria de juicio. De los 29 a 10 se llama a juicio y el fiscal se abstuvo de acusar a 21 personas.

La decisión sobre los 21 compañeros se consulta al Fiscal Provincial quien ratificó la abstención y sobreseimiento de 2 personas, pero la revocó con respecto a los restantes 19 compañeros, designando a otro fiscal para que conozca la causa en contra de estos últimos. Para los 19procesados se llamó a una nueva audiencia preparatoria de juicio (Art. 600 COIP).

12 de enero de 2016. El Tribunal del Garantías Penales de Loja avoca conocimiento en contra de los 10 procesados.

El 18 de enero de 2016. El Tribunal del Garantías Penales señala fecha para la audiencia de juicio (21 de marzo).

El 18 de marzo. El Consejo de Ayllus a fin de hacer efectivo el principio de contradicción se dispone correr traslado a las partes para que conozcan que la solicitud pretendida por ésta sobre el archivo de la causa para los señores: Servio Amable Angamarca Morocho, Asunción Zhunaula Sarango, Ángel Polivio Medina Quizhpe, María Luisa Lozano Quizhpe y Karina Fernanda Monteros Paguay que cuentan con sentencia ejecutoriada en la jurisdicción indígena. Así como el pedido de declinación de competencia de los señores: José Manuel Cartuche Quizhpe, Julio Aurelio Lima Quizhpe, Atahualpa Yupanki Macas Ambuludí y Delfín Reinaldo Japón Suquilanda.

El 21 de marzo de 2016. El Tribunal fija la instalación de la audiencia para el 28 de marzo de 2016, previo al despacho de varias solicitudes.

El 28 de marzo de 2016. Se instala la audiencia de juzgamiento en el Tribunal del Garantías Penales de Loja donde los jueces rechazaron los pedidos de declinación de competencia para 5 procesados y el archivo de la causa para los otros 5 y suspenden la audiencia por falta de la actuación de un intérprete kichwa.

El 1 de abril de 2016. El Tribunal del Garantías Penales de Loja señala nueva fecha para reinstalar la audiencia de juzgamiento en contra de los 10 procesados (del 11 al 15 de mayo y del 25 al 6 de junio).

El 5 de abril de 2016. El Consejo de Ayllus se reúne luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Loja rechaza la solicitud de declinación de competencia para 5 compañeros y el archivo de la causa para los otros 5, de los 10 llamados a juicio y ratifican la Resolución de la Asamblea Judicial Comunitaria del Consejo de Ayllus del 28 de septiembre de 2015, nuevamente absolviendo a los procesados.

El 11, 12, 13, 25, 26 y 27 de mayo de 2016. Se reinstala la audiencia de juzgamiento en contra de 10 de los 29 enjuiciados en el Tribunal del Garantías Penales de Loja. En el transcurso de esta audiencia se receptó la prueba testimonial, documental y alegatos de las partes.

El 20 de mayo 2016. Se realiza la audiencia preparatoria de juicio en contra de los otros 19 procesados. El nuevo fiscal emite dictamen acusatorio contra 12 de los procesados y se abstiene de acusar a 7.

El 23 de mayo de 2016. El Juzgado de Garantías Penales de Loja resolvió llamar a juicio a los otros 12 de los 19 procesados del caso Saraguro, los mismos que son el segundo grupo de los 29 procesados, a quienes se les inició un proceso penal por participar en el levantamiento indígena de agosto de 2015. Los otros 7 procesados fueron sobreseídos por falta de elementos probatorios para su enjuiciamiento.

Los 12 procesados del pueblo kichwa Saraguro han sido llamados a juicio y la audiencia de juzgamiento se desarrollará a partir del 25 de junio hasta el 10 de julio del 2016, por el delito de paralización de servicios públicos, que según el Código Orgánico Integral Penal puede tener una sanción de pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Los 12 compañeros se suman a los otros 10 que, el 30 de mayo de 2016, luego de haber concluido los alegatos de las partes en la audiencia de juzgamiento en contra de los 10 procesados por el Tribunal de Garantías Penales de Loja, resolvió ratificar la inocencia de 8 de los 10 procesados y declarar la culpabilidad a 2 de los procesados, los condenó a 4 años de prisión y al pago de 4 salarios básicos unificados.

 

Irregularidades que se dieron dentro del proceso:

Primero, Fiscalía no logró probar la culpabilidad de Luisa ni Amable en el delito que se le imputa, no obstante se dictaminó una sentencia condenatoria. Dos, el Tribunal no contó con interprete Kichwas para el desarrollo de las audiencias. Tres, no se respetó la resolución de las autoridades indígenas sobre los 10 procesados que cuentan con sentencia ejecutoriada en la jurisdicción indígena; y cuatro, no se dio paso a la declinación de competencias, pese a que la Ley Orgánica de la Función Judicial reconoce y garantiza la declinación de competencias de jueces ordinarios a las autoridades indígenas.

En todo proceso penal administrativo, civil,etc., los jueces y juezas deben respetar los derechos lingüísticos de la persona o personas que están vinculadas en el juicio. Este es uno de los deberes fundamentales que el juzgador debe cumplir.

La Constitución en el Artículo 76, numeral 7, manifiesta que "En todo proceso en el que se determinenderechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...)Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, sino comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento''.[3]

En igual medida, el Artículo 344 literal b) del Código Orgánico de la Función Judicial, obliga a los servidores públicos a garantizar:

“Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la compresión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto,dispondrán, entre otras medidas,la intervención procesal detraductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena”.[4]

Es decir, los jueces ordinarios, en el desarrollo del proceso, esto es: confesiones, audiencias, versiones, etc. Deben dotar de traductores a las personas que perteneciendo a pueblos y nacionalidades indígenas están dentro de un juicio ordinario.

 

¿Puede un conflicto que ya ha sido solucionado por la justicia indígena ser juzgado nuevamente por la justicia ordinaria?

No, la ConstituciónensuArt. 76 Nº 7 literali), determina que “Nadie podrá ser juzgado másde una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”[5].

De igual manera,  elArt.  344delCódigoOrgánico de la Función Judicial garantiza el principio denominado "Non Bis in Ídem",  el queexplícitamente precisa “Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad administrativaalguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuiciodel control constitucional”[6].

Con lo cual queda claro, que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo “delito”, por eso, si la justicia indígena ya ha solucionado un conflicto ninguna autoridad ordinaria puede volver a sancionar a esta persona. Así como tampoco, pueden los jueces y juezas de la justicia ordinaria revisar las resoluciones tomadas por las autoridades indígenas.

La única instancia que puede revisar la actuación de las autoridades indígenas es la Corte Constitucional del Ecuador.

No obstante, si los miembros de las comunidades indígenas son juzgados por la justicia ordinaria, estos jueces deben aplicar el Art. 10 del Convenio 169 de la O.I.T que establece:

1. “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”[7].

Por lo tanto, la sanción debe ser diferente a la cárcel. Por consiguiente, lo que se debe exigir a la o las autoridades ordinarias es que la sanción o pena no sea la cárcel sino otras medidas, que tendrían que cumplir con criterios de interculturalidad.

 

¿Cuáles son las normas a nivel nacional que avalan que las sanciones en la justicia ordinaria sean tomadas bajo criterios interculturales, cuando se trata de un miembro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena?

 

1.- El Art. 1 de la Constitución establece: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”[8].

 

2.- El Art. 24 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere al principio de interculturalidadque dispone: “En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante”[9].

 

3.- El Art. 344 ibídem también se refiere a los principios de la justicia intercultural y dice: “La actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios:

 

e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales”[10].

 

¿Quiénes son los enjuiciados?

 

Luisa Lozano tiene 39 años y es defensora del derecho a la tierra, agua y a una vida digna para los pueblos y nacionalidad indígenas. Es madre de 4 hijos: 3 son menores de edad. También trabaja de conserje en una escuela comunitaria de Las Lagunas, lugar donde vive y donde el 17 de agosto de 2015, los policías y militares ingresaron con bombas lacrimógenas y toletes para restablecer el “orden”. Luisa recuerda que aquel 17 de agosto cruzaba por la comunidad cuando vio que a una mujer embarazada era golpeada por los agentes del Estado. Se acercó ayudarla y fue detenida y, es sentenciada a 4 años de prisión.

 

 

Amable Angamarca, miembro de la Asociación Cristiana de indígenas Saraguro. Defiende el derecho a la tierra, al agua, al territorio y la dignidad de los pueblos. El 17 de agosto fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro. También sentenciado a 4 años de prisión.

 


[1] Crónica: Aclaran la condena en contra de dos personas de Saragurohttp://bit.ly/29CIYE7

[2] Ecuavisa. Entrevista a Ernesto Pazmiño, 7 de julio de 2016.

[3] Constitución de la República

[4] Código Orgánico de la Función Judicial

[5] Constitución de la República

[6] Código Orgánico de la Función Judicial

[7] Convenio 169 de la O.I.T

[8] Constitución de la República

[9]  Código Orgánico de la Función Judicial.

[10] Código Orgánico de la Función Judicial.
 

 

CONAIE presentará pedido de Amnistía para criminalizados del Levantamiento de 2015

Boletín de Prensa

D.M. Quito, 7 de Mayo de 2016

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, anunció esta mañana en rueda de prensa en su sede que se presentará un pedido de Amnistía en la Asamblea Nacional mediante legisladores y legisladoras de Pachakutik para quienes son procesados/as, sentenciados/as y criminalizados/as por participar en las acciones de hecho durante el proceso de Levantamiento Indígena el pasado agosto de 2015 en exigencia al cumplimiento de las demandas de los pueblos y nacionalidades.

 

Además, el representante de Naciones Unidas en Quito, Diego Zorrilla, recibió los testimonios de Luisa Lozano, Amable Angamarca y el informe que presentó la CONAIE por medio de su presidente Jorge Herrera. Según Herrera, el delgado de ONU aceptó que estos hechos serán llevados al Alto Comisionado de la ONU y que al interior del país se investigará sobre los hechos.

 

 Jorge Herrera indicó que se encuentran a la puerta “más audiencias para compañeros y compañeras” que participaron en defensa de los Derechos de los pueblos y nacionalidades. Ratificó que los procesos judiciales no detendrán las exigencias que hace el movimiento indígena para que se cumpla las peticiones hechas. Recordó que piden la rectoría de la educación intercultural bilingüe, el libre acceso a la educación, el no cierre a las escuelas comunitarias, y otros.

 

Luisa Lozano y Amable Angamarca agradecieron el respaldo de solidaridad  que realiza la ciudadanía en general. Enfatizaron que no son “culpables”. Angamarca dijo que es un comunicador comunitario y lo único que hacía es informar a la población sobre las necesidades del pueblo Saraguro y las acciones de hecho. Lozano afirmó que “solo por defender a una mujer embazara me sentencian”, ella recordó que la fuerza pública ingresó a territorios comunitarios invadiendo las casas.

 

La presentación del pedido de Amnistía se realizará este día jueves en la Asamblea Nacional de Ecuador. Previo a la entrega se realizará una rueda de prensa a las 10h00 en la sala de prensa de la Asamblea.

 

Comunicación CONAIE

 

Acción Ecológica opina sobre: LOS 29 DE SARAGURO Y EL DERECHO A LA RESISTENCIA ANTE MEDIDAS SANITARIAS QUE AFECTAN SU FORMA DE VIDA

Para el Pueblo Indígena Saraguro la elaboración de “quesillo” es una práctica tradicional de la que depende su alimentación y sus ingresos económicos. En los últimos meses se inició una persecución al quesillo Saraguro por no contar con registro sanitario, lo que dio lugar a que en las movilizaciones realizadas en agosto de 2015, las familias Saraguro demanden, entre otras cosas, la suspensión de estos requerimientos. (Acción Ecológica)

 

Muchas fueron las razones por las cuales las organizaciones sociales del Ecuador se movilizaron en agosto de 2015, y muchas de las demandas e insatisfacciones fueron compartidas por varios sectores de la sociedad. Para el Pueblo Saraguro, una motivación principal fue la imposición de normas de carácter sanitario, fitosanitario, de inocuidad alimenticia y de "buenas prácticas de manufactura" para la elaboración del quesillo.

 

El quesillo dinamiza la economía de Saraguro. Cerca del 50% de la leche que se produce en las comunidades es transformada en quesillo, que se destina a la venta y el autoconsumo. Sólo un 10% de la producción se vende como leche líquida. Los ganaderos prefieren transformar la leche en quesillo para darle valor agregado y evitar su comercialización diaria, porque las comunidades se encuentran a grandes distancias de los centros de comercialización.

 

La intención del gobierno es imponer en las comunidades rurales que elaboran alimentos, el registro sanitario y otras normas de control que serán muy difíciles de cumplir, o imposibles; y por alguna razón se las empezó a imponer en Loja.

 

Estas normas han sido desarrolladas en gran medida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y diseñadas para la producción industrial de alimentos. Su objetivo, lejos de velar por la salud de los consumidores responde en realidad a la necesidad de controlar el comercio mundial de alimentos. Un país puede usar argumentos sanitarios en el seno de la OMC para frenar importaciones de ciertos productos que pueden perjudicar a su industria; también se pueden imponer retaliaciones económicas sobre un país que quiere limitar legítimamente la importación de un producto por razones sanitarias.

 

Lo que sucede en el escenario mundial, se está aplicando ahora al interior de los países. La imposición de normativa sanitaria imposible de cumplir, desplaza del mercado interno a la producción campesina o artesanal, para dejar la cancha abierta a la producción industrial.

 

En este punto es necesario preguntarse ¿y qué pasa con nuestra salud?. La población de Manabí ha crecido alimentada con el que hoy se ha dado en llamar “queso manaba”, sin que hayan existido casos de enfermedades a causa de su consumo. Lo mismo ocurre en Loja con el Quesillo Saraguro.

 

Por el contrario, es en la crianza industrial de animales donde han surgido algunas de las enfermedades emergidas en las últimas décadas. Este es el caso de la gripe aviar, la gripe porcícola y el mal de la vaca loca. La gripe aviar, aunque fue asociada con la cría familiar de pollos en el Sudeste asiático y hasta con las aves silvestres migratorias, ésta se desarrolló fue en las gigantescas granjas de cría industrial de pollos de la región. En cuanto a la gripe porcícola o conocida también como gripe AH1-N1, recordemos que el primer registro fue en México, en lacomunidad La Gloria, contigua a las Granjas Carroll, donde se crían decenas de miles de chanchos. Ya en el pasado, los moradores de esta comunidad y de otras contiguas, habían protestado por las lamentables condiciones de salubridad de estos planteles porcícolas, por el ascinamiento, la inmensa generación de desechos, el uso de antibióticos, entre muchos otros factores.

 

Aplicar el mismo tipo de normatividad a la producción industrial que a un pequeño productor de quesillo que en Saraguro elabora unos pocos quesos diarios provenientes de la leche de 5 a 6 vacas, es una sinrazón. Sin embargo, su aplicación podría tener efectos nefastos para las formas de vida de estas comunidades, su derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

 

Lo mismo podría suceder con más de 700 mil personas que de manera directa están involucradas en la producción de lácteos; muchas de ellas son pequeños productores y campesinos, especialmente mujeres. Porque aunque la aplicación de estas normas se iniciaron en Loja, van a imponerse en todo el país, y en todas partes los campesinos ganaderos y productores que queso saben que no podrán cumplir con una normativa desproporcionada.

 

La aplicación de esta serie de normas sacaría del mercado la producción artesanal y campesina de alimentos. En el caso de los productos lácteos, este nicho será ocupado por grandes empresas productoras de lácteos como Nestlé o Tony.

 

Lo que está en juego es la sobrevivencia de una forma de vida. Los productores de lácteos, especialmente de queso, serán reducidos, si tienen suerte, a ser proveedores de leche cruda para esas industrias. Este problema se agudizará con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues en las negociaciones el Ecuador se abrió a la importación de distintos tipos de productos lácteos, incluyendo los quesos.

 

Por eso la protesta de agosto del 2015 tuvo tanta fuerza en Saraguro, porque estaban defendiendo su forma de vida que hoy está en peligro. Y lo hicieron acogiéndose al artículo 98 de la Constitución que reconoce el Derecho a la Resistencia cuando los derechos constitucionales están en peligro.

 

La aplicación de estas normas atenta contra el Derecho a la Alimentación reconocido en el Art. 13 de la Constitución del Ecuador. En él, no sólo se establece que la población cuente con alimentos suficientes, sino que además éstos deben ser “producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.

 

Se viola además el derecho de los pueblos a “mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias y tecnologías” (Art. 75.12). Se atenta además contra su derecho al desarrollo.

 

Paradójicamente, las movilizaciones ocurridas en Saraguro en agosto del año pasado fueron duramente reprimidas dejando un saldo de 29 personas judicializadas por parte del Tribunal de Garantías Penales de Loja, lo que ha merecido el rechazo de muchos sectores sociales del país. Luisa María Lozano y Amable Angamarca, ambos del Pueblo Saraguro, han sido sentenciados a cuatro años de prisión, mientras otros casos recientes han tenido sentencias de un año de prisión por lavado de activos, y de ocho meses por trama criminal en los pases policiales. Claramente, una señal de advertencia a quienes se resistan a obedecer las reglas vigentes, inclusive las nuevas normas sanitarias.

 

ACCIÓN ECOLÓGICA

Más información: ebravo@rallt.org - verdevegetal@yahoo.com

URGENTE: Defensor público cuestiona sentencia en Caso Saraguro

ver original

A continuación, el boletín presentado por la Defensoría Pública de Ecuador, en el cual su titular manifiesta preocupación por la sentencia de cuatro años contra dos dirigentes de indígenas del pueblo Saraguro.

 

El Defensor Público General preocupado por la desproporcionalidad de las penas

 

El Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño Granizo, expresó su preocupación por las penas desproporcionadas que se están registrando en el país. Manifestó que el Estado Constitucional de derechos y justicia no es una simple promesa o retórica normativa: las penas impuestas a Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca del Pueblo Saraguro son preocupantes. Se reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles. En el citado caso, la administración de justicia no acogió el estándar constitucional que dice que todos somos iguales ante la ley, toda vez que en casos muy graves y de notoriedad pública las penas han sido “suaves”, a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias.

 

El caso de los procesados del Pueblo Saraguro es desigual, pues no se trata de defender la impunidad en la persecución de los delitos, sino de exigir proporcionalidad en las penas, tal como sabiamente nos han trasmitido a manera de refrán, que con la misma vara de la justicia se mida a todos. No es coherente que las personas más débiles (no banqueros, no exministros, no empresarios, no directivos del fútbol) sean más propensas de recibir el servicio público de la cárcel. Las estadísticas de la prisión están llenas de infractores menores en delitos contra la propiedad y en delitos relacionados con las drogas. La cárcel no es un lugar que se caracteriza por encerrar a los poderosos infractores de la ley.

 

Parte de observar el fenómeno de la criminalización de la pobreza son las sentencias desproporcionadas, imponiendo centralmente el castigo hacia los más débiles y de forma periférica o marginal a los delincuentes de cuello blanco. De ahí que es indispensable preparar el terreno jurídico para concretar un importante imperativo ético: proponer al país entero la resolución pacífica de los conflictos que pueden agudizar aún más las contradicciones sociales, fortaleciendo la reconciliación y la justicia social. Por ahora, cabría la urgente amnistía para todas las lideresas ylíderes comunitarios y sociales del Ecuador, más que por un debate político por la recuperación del equilibrio en la justicia.
 

Quito, 31 de mayo de 2016
B120-2016

 

Por Saraguro: solidaridad desde todas las direcciones

CONAIE

 

Saludos compañeras y compañeros, reciban un atento y fraterno saludo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).


Les escribimos para compartirles nuestra preocupación ante la ilegal y desproporcional sentencia a 4 años de prisión a dos de nuestros compañeros de base del Pueblo Saraguro, acusados por la fiscalía y el Ministerio de Justicia de Paralización de Servicio Público.


Luisa Lozano tiene 39 años. Defensora del derecho a la tierra, agua y a una vida digna para los pueblos y nacionalidad indígenas. Es oriunda de la comunidad Lagunas, lugar donde el 17 de agosto de 2015, los policías y militares ingresaron con bombas lacrimógenas y toletes para restablecer el “orden”. Luisa recuerda que aquel 17 de agosto cruzaba por la comunidad cuando vio que a una mujer embarazada era golpeada por los agentes del Estado. Se acercó ayudarla y fue detenida.

Amable Angamarca, comunicador popular de radio Buen Pastor. Apresado en el ejercicio periodístico. El 17 de agosto fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro.


El 30 de mayo de 2016, los dos fueron sentenciados a 4 años de prisión. La pena máxima de acuerdo al Código Integral Penal ecuatoriano es de 3 años de prisión; en este caso se consideran agravantes y se les impone la máxima sanción más el tercio de la pena.


Las demandas del Pueblo Saraguro para participar pacíficamente del levantamiento indígena (del cual fueron frutalmente reprimidos y posteriormente enjuiciados), consistían en la no concesión de sus territorios ancestrales para la industria minera.

 

Solicitaban también que su educación intercultural bilingüe sea respetada porque la consideran fundamental para su continuidad histórica como Pueblo Indígena; solicitaban que su sistema de producción lechero sea fortalecido y que no se transforme su forma de producción en un agro negocio.


Convocamos a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse y pronunciarse de manera personal o institucional sobre este lamentable hecho que retrocede décadas enderecho adquiridos de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos.

 

Defender los derechos humanos es un derecho internacionalmente recocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ecuador ha ratificado todos los Convenios y Tratados sobre la materia. Se criminaliza la movilización y protesta social en el Ecuador y la noble labor de las personas que sueñan con otro mundo mejor, que en algunos casos como es de los pueblos indígenas, ya lo viven.


Desde la CONAIE estamos impulsando una campaña por todos los criminalizados del levantamiento indígena y paro nacional de trabajadores que asciende a 122 en todo el país. Pueden informarse más al respecto en la páginawww.resistiresmiderecho.org

La presión social en distintas partes del mundo genera oleajes de presión apoyando en las movilizaciones de los pueblos, es por ello que vemos su voz vital para la lucha del pueblo Saraguro. Mencionarles que el proceso penal aun continúa y que existe la posibilidad que sentencien a doce compañeros más.

Les pedimos envíen sus cartas de solidaridad a este correo y al correo de la campaña resistiresmiderecho@gmail.com; posteriormente con su consentimiento haremos uso de las mismas en las diferentes plataformas comunicativas que maneja el equipo de comunicación de la campaña.


Todas las sugerencias y aportes a esta y otras iniciativas serán recibidas con agradecimiento.
Proponemos unificar campaña en redes con los siguientes

Hastags:#SolidaridadSaraguro#SaraguroLibre#ResistirEsMiDerecho

Atentamente, Jurídico CONAIE

Dos miembros del pueblo Kichwa de Saraguro, Ecuador, sentenciados a 4 años de Cárcel por defender los Derechos Humanos

Después de casi diez meses de proceso, hoy en el Tribunal de Garantías Penales dela ciudad de Loja, los jueces: Mercy Hurtado, Pablo Narvaez y Rene Muñoz, dictaron sentencia para 10 del grupo de 29 personas que fueron judicializadas después del ultimo paro nacional del 17 de agosto del 2015.

A pesar de que 8 han sido declarados inocentes, 2 de ellos están condenados a 4 años de prisión. Llama la atención que a estos dos procesados, les den la pena máxima mas el tercio de la pena, según los jueces por poseer pruebas contundentes (fotos, videos) que están totalmente en contra de las versiones de los compañeros.

La coordinadora de movimientos sociales de Saraguro, la Coordinadora nacional de Comunicacion: Resistir Es Mi Derecho, asi como las organizaciones afines, comunidades, amigos y familiares, expresamos total repudio al accionar cuestionable de las autoridades, denunciamos que ha sido un proceso lleno de irregularidades e injusticias, con pruebas tergiversadas, testimonios falsos, violación al debido proceso, reunión de los abogados del ministerio del interior con los jueces, negación de derechos y desconocimiento de las garantías constitucionales y de los instrumentos jurídicos internacionales que legitiman la Justicia Comunitaria.

Exigimos la libertad de inmediata de todos los procesados de Saraguro, además el respeto a la resolución de la justicia Indígena que declara inocentes a los 29 compañeros y compañeras así como la investigación a los responsables de la represión violenta que dejo heridos y detenidos que hoy han sido sentenciados.

Anunciamos medidas de resistencia ante el atropello contra todo el pueblo Kichwa Saraguro, hemos resistido 523 años al racismo y la injusticia, seguiremos en la lucha.

Coordinadora de movimientos sociales del Pueblo Kichwa Saraguro.
La Coordinadora nacional de Comunicacion: Resistir Es Mi Derecho.

Boletín Fundamedios: DOS DIRIGENTES DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA SON CONDENADOS A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN POR PROTESTAR

Martes, 31 de mayo de 2016
 
Los ciudadanos Luisa Lozano, conserje de una escuela comunitaria y Servio Angamarca, comunicador social, fueron sentenciados este 30 de mayo de 2016 a cuatro años de prisión por parte del Juzgado de Garantías Penales de Loja, tras ser acusados del delito de paralización de un servicio público -la vía Loja-Saraguro, ubicada al sur del país- por las protestas y levantamiento indígena de agosto de 2015. Ellos forman parte de una de las comunidades indígenas más importantes del Sur del país, la nacionalidad Saraguro. En total 29 personas de este grupo han sido acusadas. De ellas, ocho han sido absueltos y un segundo grupo de 12, han sido llamados a juicio y están a la espera de una sentencia.
 
La resolución del tribunal, que se conoció en horas de la tarde, fue cuestionada por el abogado Luis Guamán, quien aseguró que los dos dirigentes saraguros sentenciados tenían las mismas condiciones que el resto de acusados: su inocencia. "No existe prueba alguna que les permita condenarlos", apuntó.
 
En ese sentido, el abogado aseguró que los jueces vulneraron derechos constitucionales al no valorar la resolución de la administración de justicia indígena (Consejo de Ayllus) que también se encuentra insertada en el expediente del proceso penal, la cual los declaró inocentes bajo la premisa de que solamente estaban ejerciendo su derecho a la resistencia.
 
El abogado Ángel Cartuche, quien también defiende a los ahora sentenciados aseguró que pedirán la suspensión de la pena. "Hemos demostrado que nunca se ha cometido un delito. El pueblo de Saraguro solo ha ejercido su resistencia", dijo.
 
Sobre este caso, el pasado lunes, 23 de mayo 2016, el Juzgado de Garantías Penales de Loja resolvió llamar a juicio a 12 de los 19 procesados pertenecientes al segundo grupo. (De ese grupo, siete procesados fueron sobreseídos por falta de elementos probatorios para su enjuiciamiento). Al respecto, Cartuche aseguró que están preparando la defensa para demostrar que "los 12 compañeros ha sido injustamente llamados a juicio".

Estos procesos se derivan de las protestas contra el gobierno de Rafael Correa que se dieron entre junio y agosto de 2015, cuando los ciudadanos de Saraguro salieron a protestar a la calles en la vía Loja-Saraguro, en donde se produjeron enfrentamientos con la policía y represión, que terminó con la detención de 29 personas.

Continúa la criminalización de la protesta social en Ecuador, 12 personas más son llamadas a Juicio en Saraguro

 

El pasado lunes, 23 de mayo 2016, el Juzgado de Garantías Penales de Loja resolvió llamar a juicio a 12 de los 19 procesados del caso Saraguro a quienes se les inició un proceso penal por participar en el levantamiento indígena de agosto de 2015. Los otros 7 procesados fueron sobreseídos por falta de elementos probatorios para su enjuiciamiento.

Los 12 compañeros del pueblo Saraguro han sido llamados a juicio por el supuesto delito de Paralización de Servicios Públicos, que según el Código Orgánico Integral Penal puede tener una sanción de pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

En la tarde, del día lunes, decenas de personas de las comunidades de Saraguro se concentraron en la plaza central para realizar una caminata al juzgado donde recibieron la resolución.

Los 12 compañeros se suman a otros 10 que, entre este martes 24 y miércoles 25 de mayo recibirán la sentencia por el mismo presunto delito. En total en Saraguro durante las protestas del Levantamiento y el Paro Nacional en agosto del 2015 fueron procesadas 31 personas. Dos mujeres fueron sobreseídas y 29 continúan con el proceso penal en su contra.

Actualmente existen 22 procesados llamados a juicio por paralización de servicios públicos en Saraguro, ubicado en el sur de Ecuador. A nivel nacional 123 personas han sido criminalizadas en Ecuador por exigir sus derechos y los de la naturaleza.

Desde la CONAIE rechazamos este nuevo intento de acallar las voces de los pueblos que exigimos nuestros derechos, que se respete nuestra educación intercultural, las escuelas comunitarias, nuestra justicia indígena y nuestras territorios.

Esto no nos detendrá, el pueblo de Saraguro ratifica que fortalecerá la resistencia aunque el Estado utilice la justicia para detenernos.

Resistir es Mi derecho

www.resistiresmiderecho.org

Comisión de la Verdad solicitará a Fiscalía un informe detallado sobre caso Taish

Publicado originalmente por INREDH el 10 de junio de 2015  ver original

 

La Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado solicitará a la Fiscalía de Gualaquiza, provincia Morona Santiago, un informe detallado sobre lo actuado en el caso Freddy Taish, joven shuar asesinado durante un operativo militar de minería artesanal, el 7 de noviembre de 2013, así  informó ayer, 9 de junio, Domingo Ankuash, familiar de Taish y dirigente de la zona.

 

Este compromiso se lo realizó tras una reunión entre los miembros de la Dirección de Comisión de la Verdad, los familiares de Taish y los abogados de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que patrocinan el caso.

 

Taish fue víctima de una ejecución extrajudicial en la provincia de Morona Santiago cuando se realizó un operativo militar en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Zamora Chinchipe. El operativo se realizo con el objetivo de requisar pequeñas dragas, máquinas con las que los pobladores realizan la minería artesanal en la que muere Taish.

 

Según el Protocolo de Autopsia, Taish se lo encontró muerto con un disparo en el rostro por una munición calibre 9mm, armas exclusivas de uso militar en ese momento.

 

La muerte de Freddy lo presenció su madre, Elvira Tiviram, que dijo: “Yo estaba con mi hijo cuando lo mataron. Con mis ojos he visto quienes lo mataron, fueron militares -dijo Tiviram-. Vi con mis ojos que botaron bombas, disparaban y con ese espanto yo todavía vivo ahora. Él era el único hijo que vivía en ese momento conmigo”.

 

Tiviram está cansada de la justicia ecuatoriana que luego de 19 meses de la muerte de su hijo no da respuestas sobre lo sucedido, pero dice que vino a Quito con la esperanza de que la Dirección de la Comisión de la Verdad haga algo.

 

Otros de los compromisos que asumió la Dirección es dar seguimiento a la investigación del caso y apoyo técnico al fiscal de la causa. Esto debido a que en el país los fiscales no están especializados en tratar casos de graves violaciones a los derechos humanos como es el caso de una muerte extrajudicial.

 

También se pidió asistencia a la familia de Taish iniciando así el proceso de reparación integral. Aquí Domigo Ankuash, específico que no desean indemnización sino justicia y reparación a la familia, pues tras la muerte de Freddy, quedaron en la indefensión los dos pequeños hijos del joven shuar y su esposa que tiene una capacidad especial.

 

La muerte de Taish ha generado impacto en el movimiento indígena. Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que lo sucedió con Freddy Taish no puede quedar en la impunidad. “Seguiremos reclamando nuestros derechos y defendiendo nuestra autonomía -dijo Herrera- y estará todo el movimiento indígena vigilante del proceso”.

 

Actualmente en el proceso todavía faltan ejecutar varias diligencias que esclarezcan el operativo realizado el 7 de noviembre de 2013, en el sector de Tutus, Gualaquiza, provincia Morona Santiago, sin embargo, hasta el momento los familiares y la defensa de Taish no tienen respuesta alguna sobre sus pedidos, así lo informó Raúl Ankuash, cuñado del joven shuar.

 

Dato:

Freddy Taish, no es el único shuar asesinado en las provincias amazónicas, también se registra la muerte de Wosco Wisum, en septiembre de 2009, la de José Tendetza, en diciembre 2014. Para Domingo Ankuash, la muerte de los tres shuar se dio en medio de conflictos mineros, madereros e hidroeléctricas. “El Gobierno no consulto a los pueblos indígenas y convocó a la empresas transnacionales”.

 

¿Fue este líder indígena asesinado por luchar en defensa del territorio en Ecuador?

Publicado originalmente en inglés en The Guardian el 2 de junio de 2015
Por Dan Collyns en Tundayme

 

Nubes oscuras se ciernen sobre la estación de autobuses de Tundayme donde José Isidro Tendetza Antún se despidió de su familia por última vez.

Los cielos cambiantes e impredecibles de la Cordillera del Cóndor debieron haber sido un espectáculo familiar para el líder indígena el 28 de noviembre [de 2014] mientras se despedía para participar en un mitin de protesta en contra de un enorme proyecto minero de capitales chinos que está siendo forjado sobre su tierra ancestral.   

El nunca llegó. Cuatro días más tarde su hijo Jorge encontró el cuerpo de Tendetza en una tumba sin nombre, mostrando señas de tortura y estrangulamiento.

Seis meses después, su muerte continúa retumbando entre los residentes de esta cordillera selvática situada a caballo entre la frontera amazónica del Ecuador y el norte de Perú.

Tendetza fue un destacado crítico del gobierno del presidente Rafael Correa, a quién acusó de girar en U sobre su promesa de respetar la naturaleza y las tierras indígenas. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer legalmente los derechos de la naturaleza en su constitución. Sin embargo, ha aprobado desde entonces una serie de mega-proyectos, incluyendo proyectos mineros a gran escala y represas hidroeléctricas, que están siendo desarrollados en su mayoría por manos chinas.

Proveniente de una familia de siete hermanos, José Tendetza creció en la Cordillera del Cóndor, aprendiendo a cultivar, a cazar y a pescar igual que sus antepasados antes que él.  

Este bosque nublado y biodiverso es el hogar de los Shuar, el segundo grupo indígena más grande del Ecuador, que en el pasado luchó y se enfrentó a los incas y a los conquistadores españoles, y ahora está luchando para hacer frente a la llegada de El Mirador–una mina de oro y cobre de 1,4 billones de dólares.

En la localidad dicen que la comunidad ha experimentado un aumento de conflictos cuando las labores mineras comenzaron en El Mirador, propiedad de la empresa china EcuaCorriente SA–filial de CRCC Tongguan Investment–desde que fue comprado a una empresa canadiense en 2010.

Familias Shuar han sido ya desplazadas por el proyecto, que si se completa resultará en la destrucción de 450.000 hectáreas de bosque nublado.

La familia de Tendetza, sus partidarios y sus abogados sospechan que fue su oposición a la mina lo que lo condujo a su muerte–la tercera muerte violenta de un líder Shuar en seis años. (Freddy Taish recibió un disparo durante una operación militar contra la minería ilegal en 2013 y Bosco Wisum murió a causa de heridas de bala en enfrentamientos con la policía en 2009).

Las tensiones siguen siendo altas. En una visita reciente a territorio Shuar, The Guardian fue seguido y filmado por hombres que los locales identifican como empleados del equipo de seguridad de la mina.

El embajador de Ecuador en el Reino Unido, Juan Falconí Puig, dijo que el gobierno había ofrecido de 100.000 USD (£66,000) de recompensa a cualquiera que pudiera proporcionar información precisa sobre el crimen. En una carta a The Guardian, dijo que la investigación de la muerte de José Tendetza sería supervisada de forma independiente por la Federación Shuar.

Luego, el 23 de mayo, el ministro del Interior del Ecuador, José Serrano Salgado, anunció en Twitter que la policía había detenido a dos hombres sospechosos del asesinato de Tendetza. Ambos sospechosos son hombres Shuar trabajadores de la empresa EcuaCorriente, y según Serrano, uno de ellos fue encontrado en posesión de teléfono celular de Tendetza. En otro tweet el ministro elogió a la policía y a la oficina del Fiscal General, diciendo que perseguirían a los "autores intelectuales" del crimen. Los dos hombres, sin embargo, no han sido acusados de ningún delito, después de que un juez ordenó su libertad por razones de procedimiento tras una audiencia preliminar.

Bruno Segovia, abogado que representa a la familia Tendetza, dice que se mantienen escépticos. "La familia conoce a los hombres acusados y dicen que nunca han tenido ningún problema con ellos", dijo a The Guardian.

Los familiares de Tendetza dicen que hace mucho tiempo han perdido la fe en las autoridades.

Apenas una semana después del asesinato la policía, armada con armas automáticas y apoyo de helicópteros, allanó la casa de la familia de Tendetza en la comunidad de Yanua. La incursión fue ordenada por el fiscal local que sigue el caso supuestamente con el objetivo de encontrar pruebas y "armas" que pudieran explicar su muerte, según la ONG Amazon Watch con sede en Estados Unidos, que, junto con otras 13 organizaciones no gubernamentales, escribió una carta pidiendo transparencia en la investigación del estado sobre el asesinato.

"Mi hermano era un líder que defendió nuestros derechos, nuestros ríos, los derechos de la naturaleza que el mismo gobierno había propuesto, pero ya no creemos en el gobierno", dijo Carlos, el hermano de Tendetza, mientras la lluvia estacional tamborileaba sobre el techo corrugado de zinc en casa de la familia.

Con ojos oscuros y rápidos enmarcados por un rostro angular y enjuto, Carlos se parece a su difunto hermano, un hombre que amigos y familiares describen como un líder natural y carismático.

En el momento de su muerte, Tendetza, de 47 años, se encontraba organizando a las federaciones indígenas locales que protestaban contra la contaminación de los ríos por sedimentos mineros y el desalojo de la población local, tanto Shuar como colonos–el término usado para ecuatorianos mestizos asentados en el lugar. Tendetza había presentado una denuncia contra la mina El Mirador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sus partidarios dicen que había sido objeto de una campaña de acoso, y había recibido una serie de amenazas contra su vida y contra su hogar. En 2012 su casa y los cultivos de su chacra fueron incendiados por un grupo de hombres que la familia sostiene eran empleados de EcuaCorriente.

La última vez que la familia Tendetza le vio, subía al autobús en dirección al pequeño pueblo de Bomboiza, en camino para encontrarse con su tío, Domingo Ankuash, y otros dirigentes Shuar. La familia dice que planeaban discutir cómo iban a denunciar el acoso al que se enfrentaban en la cumbre sobre cambio climático de la ONU en Lima el siguiente mes. Nunca llegó.

Cuatro días más tarde, su hijo Jorge, alertado por un rumor, viajó a la morgue de la ciudad de Yantzaza, donde descubrió que el cadáver de su padre había sido sacado del río Zamora por los trabajadores mineros. Una autopsia se había llevado a cabo, y Tendetza fue enterrado en una tumba marcada "sin nombre".

A petición de la familia, el cuerpo fue exhumado y se realizó una segunda autopsia. Si bien la primera autopsia concluyó la causa de la muerte había sido ahogamiento, la segunda determinó que Tendetza había sido asfixiado. Segovia, el abogado de la familia, dijo que testigos han dicho que sus manos estaban atadas a la cintura y el cuerpo mostraba cortes y contusiones.

“Es curioso que se encuentre un cuerpo en el río y sin investigación, sin identificar el cuerpo, sin informar a la familia para que pudieran investigar lo ocurrido, lo entierren como 'NN'–sin nombre”, dijo Segovia.

Los hermanos de Tendetza ligan su muerte a su oposición a EcuaCorriente, la compañía en la que trabajó como obrero temporal hasta 2006 hasta que fue testigo de la quema de una casa para supuestamente expulsar a una familia de terrenos cedidos a la empresa. A partir de entonces, se opuso activamente a los planes de la compañía para desarrollar el proyecto El Mirador.

En una declaración a The Guardian, un portavoz de EcuaCorriente dijo: “Lamentamos las insinuaciones que han sido recogidos, que constituyen una afrenta a la reputación de la compañía y su comportamiento respetuoso de la ley. Hemos demostrado, y vamos a seguir haciéndolo, total respeto por las personas y sus culturas, lo que es correspondido por las comunidades que nos rodean, que como prueba, participan y colaboran en su mayoría en el trabajo decente y respetuoso de nuestra empresa”.

“La pérdida de una vida humana provoca consternación, más aún cuando algunos de los familiares del señor Tendetza son trabajadores de la empresa, a quienes se les extendió la debidas condolencias tras su muerte”.

“Confiamos plenamente en las investigaciones que realiza el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Interior y la Policía; cuyas conclusiones esperamos para exponer a los responsables de un incidente tan deplorable”.

El impacto de El Mirador es claramente visible tan pronto se entra en las tierras ancestrales Shuar donde campos y bosques están salpicados de carteles naranja donde se leen "propiedad privada" demarcando las tierras compradas por la empresa china.

Al cruzar un río que ha inundado parte de la carretera, una señal en español y mandarín en una casa de madera, advierte: “La persona o empresa que entra o hace daño a esta propiedad será penalmente procesado o sometido a la justicia indígena.”

Nos están siguiendo. Un motociclista con pasamontañas filma nuestros movimientos con una cámara digital de color rojo y luego acelera y se distancia, pero nos continua siguiendo el rastro. Los guardias de seguridad en los puestos de control también nos filman, primero subrepticiamente, luego abiertamente cuando se dan cuenta que han sido vistos.

La niebla se deshace y una cicatriz roja emerge en una ladera verde esmeralda. Está a varios kilómetros de distancia pero se pueden ver excavadoras pesadas en sus bordes. La primera excavación de una mina a cielo abierto en El Mirador tendrá 1,5 kilómetros de ancho y 650 metros de profundidad. Para extraer 2m toneladas de cobre, se excavarán alrededor de 145m toneladas de tierra y rocas, según el informe de impacto ambiental de la empresa de 2010, produciendo cientos de millones de toneladas de relaves ácidos durante su vida útil.

Los ambientalistas están horrorizados.


"Una mina como esta no debería haber sido desarrollada en una zona como esta. Hay demasiado en juego”, dijo Richard Kamp, director de E-Tech International, una consultora de ingeniería con sede en Estados Unidos, que ha estudiado los impactos ambientales potenciales de El Mirador desde 2011.

Su principal preocupación es el plan de la compañía para almacenar millones de toneladas de residuos mineros tóxicos en una enorme balsa de residuos a menos de 1km del río Quimi. Este río desemboca en el río Zamora, que a su vez alimenta al río Santiago, que serpentea hacia el sur en Perú conectando con el Marañón, importante afluente en la cuenca del Amazonas.

Kamp cita el derrame de mina Monte Polley en la Columbia Británica, Canadá, en agosto de 2014, como un precedente preocupante. Una presa en un estanque de residuos estalló liberando 4,5 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en un bosque prácticamente intacto, afectando un área poblada mayoritariamente por pueblos indígenas o “Primeras Naciones” [así llamados en Canadá].


Decisión histórica

Según el abogado Mario Melo–que ayudó a Tendetza a llevar su caso en contra de El Mirador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–[El gobierndo de] Ecuador falló en obtener el consentimiento previo e informado de los Shuar para desarrollar la mina El Mirador en sus tierras.

Al no hacerlo, el gobierno renegó de su compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo Melo, quien ganó el año pasado un fallo histórico que obliga al país a pedir disculpas al pueblo de Sarayaku por la extracción de petróleo en su territorio sin su consentimiento.

A pesar de que fue en gran parte responsable de la decisión histórica de Ecuador a reconocer los derechos de la naturaleza, el presidente Correa ha dicho que la constitución de 2008 no prohíbe al país el uso de sus recursos no renovables.

Correa–quien ha arremetido contra el “ecologismo infantil”–sostiene que las riquezas naturales del Ecuador ofrecen la mejor oportunidad de “desarrollo soberano” para mejorar la educación, la salud y los niveles de vida.

Pero sus opositores políticos acusan al presidente de la entrega en serie de concesiones petroleras, hidroeléctricas y mineras en un esfuerzo por asegurarse fondos chinos. El mapa de concesiones del gobierno es un mosaico de figuras geométricas superpuestas sobre las montañas y ríos del sur de Ecuador.

Cualquier esperanza de respetar los derechos de la naturaleza fue “totalmente borrada cuando el gobierno comenzó a repartir concesiones como volantes”, dijo Carlos Pérez, el exuberante líder de la Confederación Kichwa del Ecuador, que representa al grupo indígena más grande del país. Pérez–un ex aliado que se ha convertido en opositor del presidente Correa, ha sido encarcelado tres veces durante la actual administración–señala que la mayoría de concesiones han ido a empresas chinas.

Ecuador comenzó a solicitar préstamos de Beijing en 2008 cuando suspendió pagos por $3.2 billones de deuda externa, y la dependencia del país en el crédito chino no muestra signos de disminuir.

Los analistas dicen que el país ha acumulado más de $15 mil millones de deuda con China, pero las condiciones de los préstamos carecen de transparencia y podrían incluir una “renuncia de inmunidad soberana” lo que permitiría a China hacerse con activos ecuatorianos si el país dejase de pagarle.

El Gobierno dice que la inversión ha ayudado a mejorar los servicios públicos en todo el país. Para los Shuar, sin embargo, la apertura de territorios indígenas a recursos extranjeros hasta el momento no ha traído sino miseria.

La familia de Tendetza dice que desde que José fue asesinado ha llovido de manera continua y fuertemente. Es la estación de lluvias más húmeda que pueden recordar.
 
“Nosotros, los Shuar, somos los dueños de todo esto, el bosque, las cascadas, los animales, los ríos”, señala Carlos Tendetza y con un amplio movimiento de su mano abarca el horizonte y más allá. “Pero la compañía lo está destruyendo y no recibimos nada a cambio excepto abusos”.

La otrora tribu guerrera que resistió por siglos a los españoles fue famosa por la práctica de reducción de cabezas. Mucho ha cambiado, pero el avance continuo de la mina y la falta de justicia percibida en la muerte de su hermano, hace que Tendetza considere tomar el asunto en sus propias manos.

“Somos civilizados ahora”, añadió, como si estuviera dando voz a un debate interno. “Pero estamos dispuestos a luchar hasta la muerte para recobrar lo que es nuestro”.