Panantza-San Carlos

La FIDH le pide a la defensoría del pueblo ecuatoriano promover acciones e intervenir para lograr una solución pacifica con la comunidad Nankints

CARTA ABIERTA:

 

Paris, Bruselas 25 de Noviembre de 2016

 

La FIDH está preocupada frente a la situación que se está dando desde el 21 de noviembre del 2016 en Nankints, provincia de Morona Santiago. En agosto del 2016, la comunidad de Nankints, asentada en la parroquia Panantza, fue desalojada de manera violenta de su territorio, concesionado a la empresa China Ecuacorriente (ECSA). Un territorio que esta comunidad indígena considera ancestral y legítimamente como suyo. El desalojo forzoso de la comunidad de Nankints fue un episodio más de vulneración de derechos que se suma a las continuas presiones, hostigamientos, amenazas, incursiones policiales, y enjuiciamientos sufridas por esta comunidad a lo largo de esta última década.

 

Luego, de los acontecimientos violentos del 21, 22 y 23 de noviembre de este año, la FIDH pide a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto. La efectividad de este proceso dependerá del marco de respeto a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que esta institución propicie.

 

Acogemos con satisfacción la buena disposición de sus oficinas, tal como expresa su llamado del pasado 22 de Noviembre 2016 : “como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional,…,ponemos a disposición de las partes nuestro contingente humano e institucional para restaurar la convivencia pacifica en la localidad. ”, y citando la misma comunicación de “una respuesta adecuada a las demandas que originan el presente contexto de conflictividad”.

 

La FIDH considera esencial que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas incluyendo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Conviene subrayar que en este caso, el proceso de concesiones del proyecto minero Panantza-San Carlos, otorgadas por el Estado inicialmente a la empresa transnacional Corriente Resources y que actualmente es de propiedad china, no respetó ninguna de las condiciones previamente enumeradas. En ese sentido también llamamos a todas las partes, a la empresa, al Estado y a las comunidades Shuar a que se sienten alrededor de una mesa de diálogo, para que este conflicto se pueda resolver de forma pacífica.

 

La lucha social de la nacionalidad indígena shuar amenazada por la criminalización y los desalojos

El 11 de agosto de 2016 la Amazonía Sur del Ecuador fue marcada en la defensa de sus derechos colectivos. En ese día el presidente de la Asociación de Centros Shuar Bomboiza fue sentenciado a un año de prisión por paralización de servicios públicos, al mismo tiempo, miembros de la policía nacional y del ejército desalojaban la población de Nankintz.

 

El territorio de la nacionalidad shuar del Ecuador se ha visto amenazado por el ingreso de empresas transnacionales mineras. A través de la historia, se han registrado varios eventos en los que este pueblo ha demostrado su resistencia. Pero los últimos diez años se han enfrentado a la arremetida de estas empresas que trabajan con aquiescencia estatal.

 

La empresa de capitales chinos EcuaCorriente S.A. (ECSA) mantiene una serie de concesiones para la exploración y posterior explotación de cobre en la Cordillera del Cóndor, la misma que se ubica entre las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, y considerado por la nacionalidad shuar como su territorio ancestral. De esta manera, ECSA, con apoyo de la fuerza pública, ya desalojó comunidades en la provincia de Zamora Chinchipe para desarrollar el proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto “Mirador”, y su empresa filial Explorcobres, ha empezado el mismo proceso contra comunidades en la provincia de Morona Santiago, para dar paso al proyecto “Panantza-San Carlos” de las mismas características de “Mirador”.

 

Para demostrar sus descontento a esta situación los diferentes centros de la nacionalidad shuar, en asamblea, acordaron respaldar la decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y unirse al levantamiento indígena de agosto de 2015, cerrando la vía Gualaquiza – Loja.  

 

Según nos cuenta Tomás Jimpikit, presidente de la Asociación Bomboiza, el 14 de agosto de 2015 fueron desalojados de la vía y detenidas seis personas, quienes fueron juzgadas el día 11 de agosto de 2016 por el delito de paralización de servicios públicos. A criterio del abogado defensor, la fiscalía no pudo demostrar la participación de las seis personas en el delito que se les imputaba, por lo que sorprende que cinco sean absueltas y solo una condenada; todavía están a la espera de la sentencia escrita para conocer la argumentación del tribunal y poder ejercer el derecho a la apelación.

 

La CONAIE ha informado que son más de 100 personas las que han enfrentado y/o enfrentan procesos a partir del levantamiento indígena de agosto de 2015 y por lo tanto criminalizadas por defender el territorio1. Este es uno de esos casos. Considerando las sentencias emitidas en otras causas, se cree que la razón principal para sentenciar a Jimpikit, es su calidad de dirigente y de esta manera, amedrentar la lucha social.

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente han participado en medidas de hecho, como el cierre de vías, para exigir que se les escuche y se respeten sus derechos, sobretodo cuando los otros canales de diálogo se han restringido. En los meses previos al levantamiento indígena, el presidente de la Asociación Bomboiza, fue uno de los actores de la acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente por la violación al derecho de NO consulta previa a las poblaciones indígenas que serán afectadas directamente por el proyecto minero Panantza-San Carlos2, la misma que fue rechazada por la justicia ecuatoriana.

 

De acuerdo a la acción, una de las poblaciones afectadas es Nankintz, comunidad desalojada el mismo día en que Tomás Jimpikit era sentenciado a un año de prisión. Videos que circularon en redes sociales y posteriormente, en los noticieros, dieron cuenta de la resistencia de la población3, la destrucción de casas4 y la restricción del paso hacia la comunidad por parte de la fuerza pública5.

 

El dirigente han manifestado: “Nosotros no vamos a permitir la entrada de las compañías extranjeras en nuestros territorio shuar, en particular de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Nuestra protesta profunda y rechazo total ante instancias nacionales e internacionales, porque se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos la consulta libre e informada para la extracción de recursos tanto ahí como en Tundaymi”5.

 


Justicia legitima violación al derecho a la consulta indígena, en proyecto de minería a gran escala.

 

El 10 de junio del presente año, indígenas shuar ubicados en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala “Panantza - San Carlos”, presentaron una acción de protección ante la violación de su derecho a ser consultados. Esta acción de protección intenta impugnar la Resolución Nro. 194, emitida en mayo de 2011, mediante la cual, el Ministerio del Ambiente, MAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la exploración avanzada del proyecto mencionado.

 

Dando curso a la acción, la juez Amparito Zumárraga, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 5, avocó conocimiento de la causa y posteriormente convocó a las partes procesales, a una audiencia pública, la misma que tuvo lugar el día viernes 19 de junio de 2015.

 

En la mencionada audiencia, la parte demandante estableció en sus argumentos la falta de consulta indígena, de conformidad con el Art. 57.7 de la Constitución ecuatoriana , disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, haciendo referencia también a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH contra Ecuador en el caso Sarayacu, que entre otros derechos estableció la violación del derecho a la consulta de este pueblo amazónico.

 

Se señaló además, que el MAE haya otorgado una licencia ambiental a este proyecto de minería a gran escala, en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera y ambiental.  A eso, se suma que en el 2010, la Contraloría General del Estado, CGE observó que la licencia ambiental del 2007, que es uno de los soportes a la licencia impugnada, fue otorgada por la Subsecretaría de Protección Ambiental de manera irregular,  al no haber sido realizado según las disposiciones ambientales vigentes a ese momento.1

 

El proyecto Panatza-San Carlos está ubicado al sur-este del Ecuador, en la región amazónica, en Morona Santiago, provincia en la que está localizada la mayor parte de territorios indígenas del pueblo Shuar históricamente conocido como “pueblo de las cascadas sagradas”. Específicamente en las parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón, del cantón San Juan Bosco, y la parroquia San Miguel de Conchay, del cantón Limón Indanza, así como a centros y comunidades shuar y campesinas del cantón Gualaquiza.

 

El pueblo shuar tiene una concepción de territorio por la cual más que propiedad y convencionalidad jurídica, existe la noción de posesión y relación directa con la tierra y la naturaleza. El principal uso que el pueblo shuar hace de la tierra está en relación con sus actividades ocupacionales tradicionales especialmente de auto-subsistencia como son la agricultura en sus chacras, la caza menor en los bosques y últimamente la ganadería especialmente de carne. No es difícil imaginar los graves efectos que el proyecto de minería a gran escala “Panantza San Carlos” pueda ocasionar en el territorio, bosques y ríos utilizados históricamente por el pueblo shuar.

 

Durante la audiencia, también se contó con el testimonio de un dirigente shuar de la Asociación Nankints de Morona Santiago, quien narra el proceso de lucha de su pueblo en contra de varias empresas, entre ellas mineras, que de forma inconsulta ingresaron al territorio para explotación de recursos naturales. Indica que, desde 1952, ingresa la empresa minera Gemsa, que en adelante fue cambiando de nombre, hasta constituirse en 1993 como Explorcobres S.A., subsidiaria de Corriente Resources S.A. de capital chino, registrada en Canadá.

 

Así también, el dirigente shuar señala que su pueblo, al no haber obtenido información oportuna y adecuada acerca de los riesgos y beneficios que el proyecto minero involucra, en noviembre de 2006 varias familias shuar se vieron avocadas a tomar medidas de hecho  como, por ejemplo, la posesión del campamento “Rosa de Oro”, para reivindicar así, la defensa de su territorio ancestral. Manifiestó que el proyecto minero nunca fue debidamente consultado de acuerdo a la Constitución e incluso cuestionó el informe de socialización presentado por la empresa, puesto que el mismo solo consta de ciertas entrevistas a algunos dirigentes, más con las miles de personas que conforman el pueblo shuar.

 

Finalmente, luego de escuchadas las partes y pese a las pruebas aportadas, la jueza resuelve rechazar la acción de protección por considerar que los recursos administrativos y judiciales no se  agotaron. En su exposición afirma que el Estado permanentemente ha venido realizando la consulta previa a las comunidades indígenas y curiosamente expresa que el Estado es el titular de los derechos de la Naturaleza o Pachamama.

 

Nos encontramos a la espera de la respectiva notificación con la sentencia, porque al no estar de acuerdo con mencionado fallo, se apelará ante la Corte Provincial de Pichincha.

 

 

  1. Contraloría General del Estado, Oficio DIAPA/04235, 23 de febrero de 2010.