San Marcos

Inminentes desalojos y daños a la naturaleza en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala, Mirador.

Quito, 14 de mayo de 2015

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

 

En el actual proceso en que se encuentra la empresa EcuaCorriente, de asegurar las condiciones para iniciar la explotación minera (consolidación del territorio, apertura de trochas, obras de infraestructura), ésta continúa  implementando mecanismos para la ocupación de los diversos espacios territoriales requeridos.

Así, al proceso de compra de tierras a las familias y a determinados desalojos forzados ocurridos desde inicios del 2000, se suma la actual interposición de demandas de servidumbres por parte de la empresa EcuaCorriente, así como juicios de reivindicación de tierra. A través de estos mecanismos la empresa busca el desplazamiento total de la población de la zona de influencia directa del proyecto minero.

 

1. SERVIDUMBRES

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

En la actualidad, existen más de 40 procesos administrativos de servidumbres mineras. De éstos, 18 afectan a familias comuneras en resistencia. En 14 casos, los procesos han implicado el depósito de dinero en cheques en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), los mismos que no han sido retirados porque las personas demandadas no están de acuerdo con tales resoluciones. En cualquier caso, el peligro de desalojo es inminente.

Por otro lado, existen 4 demandas de servidumbres en proceso, frente a las cuales la comunidad exigirá el cumplimiento de derechos colectivos.

 

2. JUICIOS DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS

Al juicio de reivindicación de tierras en el que la empresa minera obtuviera sentencia a su favor, en contra de una familia del sector de Santa Cruz, se suman dos juicios de reivindicación de tierras interpuestos por la misma empresa contra dos mujeres.

Entre los dos juicios se encuentran en juego alrededor de 200 hectáreas de territorio en la cordillera del Cóndor. La empresa EcuaCorriente demanda la entrega de las tierras aduciendo su adquisición legal. Sin embargo, esto se contradice con el Informe de la Contraloría General del Estado emitido en el año 2013, el mismo que señala que existiendo el proceso de compra de tierras, este adolece de engaño por parte de la empresa EcuaCorriente, además de que la empresa no ha cumplido con las condiciones de pago y de restitución y compensación a las que se comprometió durante el proceso de compra.

No es posible anteponer la normativa civil,  a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la vigencia y ejercicio del derecho a la alimentación, el derecho al territorio colectivo, al libre desarrollo de la personalidad. Derechos que en los casos enunciados se ven afectados por las decisiones administrativas y judiciales que están favoreciendo los intereses de la empresa minera.

 

3. INVESTIGACIONES PENALES

Más aún, ante acciones de defensa de su territorio emprendidas por la comunidad, la empresa ha interpuesto varias denuncias contra algunos de sus integrantes:

  • Indagación previa Nro. 190601814070003 por asociación ilícita y rotura de cercas, en contra de diez personas.
  • Denuncia por invasión de territorio al centro shuar Ijisam

 

4. DAÑOS AMBIENTALES

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI


Como consecuencia del desarrollo de infraestructura llevado adelante por la empresa, varios efectos negativos contra la naturaleza y contra las personas se evidencian.

  • Uno de estos casos es de la comunidad de Yanúa, en la zona de Tundayme, cuyos cultivos, animales, viviendas y bienes fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y sedimentos arrojados por la empresa a los ríos Wawaym y Tundayme.  
  • Un segundo caso es de una familia cuya vivienda se ubica en San Marcos, cerca de la confluencia de los ríos Tundayme y Kim. Sus tierras, viviendas, enseres del hogar cultivos y demás bienes fueron destruidos debido al desvío de cauce del río Tundayme efectuado por la empresa EcuaCorriente, situación que se ha visto agravada por la infraestructura anti-técnica implantada por la empresa para el paso de maquinaria pesada en esa zona, todo lo cual no permite la libre circulación del agua del mencionado río.


5. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMUNIDAD

Ante los atropellos descritos, la comunidad amazónica de acción social cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), ha efectuado algunas acciones de defensa, entre las que se mencionan las siguientes:

  • Una acción de protección por la violación de su derecho a ser consultada de forma previa, libre y voluntaria, respecto a la afectación que ocasiona la política pública de servidumbres mineras a su territorio, especialmente en el poblado de San Marcos, sitio en el cual la comunidad está reconstruyendo algunos de sus espacios. Esta acción presentada ante la Corte Constitucional fue admitida para trámite, el día 28 de abril de 2015.
  • Acción extraordinaria de protección sobre una de las servidumbres, reivindicando los derechos colectivos y el derecho a la consulta indígena.
  • A raíz del derrocamiento del territorio comunal de San Marcos, CASCOMI presentó una denuncia penal por terrorismo contra la empresa EcuaCorriente.
  • Se denunció a la empresa por hostigamiento a las y los integrantes de la Junta Parroquial de Tundayme.
  • Queja al Ministerio del Ambiente por los daños derivados del proyecto minero. Mediante ésta se solicita que se verifique los incumplimientos de la empresa en relación al proyecto minero y que se paralice las actividades de la empresa hasta que se consulte a las comunidades. El MAE respondió a medias.


PETICIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA


  • Que el Estado y la empresa EcuaCorriente respeten el Mandato Minero y que se suspenda el proyecto Mirador. Además de que se consulte de manera libre, previa e informada y de buena fe cualquier acción pública o privada que afecte el territorio de las comunidades de la cordillera del Cóndor.


  • Que el Estado asuma la responsabilidad por la vida e integridad física y sicológica de dirigentes y líderes comunitarios de la zona y de sus familias, pues por el peligro que representa su trabajo de vidas resistencia a la minería a gran escala en la zona, se teme por sus.


  • Que exista independencia e imparcialidad en todos los procesos administrativos y judiciales emprendidos por la comunidad en defensa de sus derechos.


  • Se pide a la Corte Constitucional que al resolver la demanda por incumplimiento del mandato minero interpuesta por organizaciones sociales, así como la acción extraordinaria de protección (aceptada a trámite el 28 de mayo de 2015), priorice la jerarquía del Mandato Constitucional Minero así como los criterios de protección de los derechos humanos y de la naturaleza.


  • Que el Estado se responsabilice de la reparación integral a quienes, a causa de los desalojos sufridos, se quedaron sin tierra y vivienda, como ha ocurrido con una anciana shuar (desalojada de San Marcos) y una familia campesina (desalojada del sector Santa Cruz).


La intervención minera a gran escala de EcuaCorriente y la desaparición del poblado “San Marcos”

Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.

En este proceso de ocupación de la empresa, varias denuncias ha presentado la población: desalojos forzados propiciados por la empresa, como es el caso de la quema de la vivienda de una anciana shuar, en San Marcos, hasta el uso de leyes y procedimientos administrativos (juicio por supuesta reivindicación de tierras en un caso, y demandas de servidumbres, en otros).

A esto se suma un proceso de negociación de tierras signado por una serie de irregularidades verificadas por la Contraloría General del Estado, tal cual se desprende de su Informe Definitivo, emitido en septiembre de 20131

La paulatina desaparición de San Marcos

Como parte del proceso de negociación de tierras en la parroquia Tundayme, la empresa EcuaCorriente propuso en el año 2006, la compra de los lotes y viviendas del poblado San Marcos.

Este poblado forma parte de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Fue creado en 1983, en una superficie de cuatro hectáreas. Hasta hace poco, éste incluía 50 lotes y una zona comunitaria donada por uno de los finqueros, en la que mediante mingas (trabajo colectivo), las familias levantaron una iglesia, una escuela, un espacio para deportes, calles y un trazado para la conducción de agua.

En ese lugar requerido para las actividades de la empresa de minería a gran escala (presumiblemente para la instalación de piscinas de desechos durante el proceso de explotación de cobre y otros metales y minerales), la negociación de tierras ha estado atravesada por varias situaciones.

En algunos casos, las familias no accedieron a la venta; en otros, aceptaron firmar convenios de venta y reubicación; en otros casos, como el del finquero que donó la tierra para la constitución del área comunitaria de San Marcos, la empresa obtuvo de éste una escritura pública que incluye no solamente el traspaso de la propiedad del finquero a la empresa sino también el traspaso del área donada a la población, con el compromiso de que la empresa entregara en otro lugar, una hectárea de tierra a la población para su área comunitaria, lo que según las denuncias difundidas, no sucedió.

Luego de años de irregularidades en la compra de tierras por parte de la empresa, de presiones e incumplimientos de reubicaciones, pobladores de San Marcos y de otros sitios de la parroquia Tundayme decidieron reivindicar la propiedad comunitaria de San Marcos, y emprender acciones para evitar más desplazamientos. El 26 de marzo de 2014, durante la fiesta de San Marcos, la población realizó una celebración religiosa en la iglesia del poblado, sin embargo, el 12 de mayo del mismo año, la empresa resguarda por 50 policías, destruyó la capilla y la escuela.

Hoy en día, pese a estos episodios de presión, nueve familias mantienen aún sus lotes en San Marcos, y ante su negativa de vender las tierras a la empresa, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ha interpuesto demandas de servidumbres en su contra, mientras que por su parte, la empresa, a más de continuar con sus ofrecimientos, ha presentado denuncias por invasión y sabotaje en contra de varios pobladores, y ha conseguido de las autoridades, la detención de uno de los finqueros que se opone a vender su propiedad. Esta detención habría ocurrido el día miércoles, 28 de mayo de este año, por no permitir que los trabajadores de la empresa instalaran equipos en su lote.

De estos hechos se desprende la potencial vulneración de derechos humanos fundamentales como es el derecho a la vivienda, al no desplazamiento y más derechos económicos y sociales vinculados.