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La lucha anti-minera de CASCOMI, a un año de los desalojos en Tundayme

 

Al cumplirse un año de los desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, la Comunidad Indígena Amazónica Cordillera del Cóndor-Mirador, CASCOMI,  visibiliza la situación de las familias desalojadas y recibe el respaldo de la CONAIE, del pueblo shuar Arutam y de la prefectura de Zamora Chinchipe.

 

El 13 de octubre de 2016 se recordaron los hechos con una rueda de prensa, una exhibición fotográfica y una marcha pacífica. Durante la rueda de prensa, presidente de la CONAIE dio a conocer que de las 24 provincias de Ecuador, solo la de Tungurahua está libre de concesiones mineras, que si bien nuestro país no tiene experiencia en minería a cielo abierto,  sí existen experiencias negativas como la de Cajamarca-Perú, cuya población ha sido empobrecida por la minería yafectada por la corrupción,  la delincuencia y la prostitución.  Afirma que esto se debe al modelo económico capitalista que está destruyendo el mundo y que “no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expresa, además:

 

“Nosotros conocimos y recorrimos el territorio de San Marcos, era un lugar de paisaje verde, donde nuestros hermanos hacían efectivo el Sumak Kawsay, ahora ese territorio está lleno de tantas maquinarias, contaminación. Los ríos que eran antes de color azul ahora tienen un color negro, pardo, esa no es la vida de los amazónicos, esa no era la vida de la cordillera del Cóndor y por eso estamos conscientes de todas las amenazas que vienen”

 

En la exhibición fotográfica que acompañó el acto, se mostraron los daños ambientales que ha provocado la empresa ECSA durante la construcción de la infraestructura para el desarrollo minero a gran escala. Se pudo apreciar imágenes secuenciales del levantamiento de la capa vegetal de la Cordillera del Cóndor, la contaminación del agua y las inundaciones.

 

En contraste, un afiche mostró la diversidad de especies de aves que habitan la zona y que se encuentran amenazadas por la contaminación. Así mismo se mostraron imágenes de actividades alternativas al desarrollo extractivista, respecto a lo cual el prefecto de Zamora Chinchipe, denunció la destrucción de viveros de San Marcos, ocurrida durante el desalojo de hace un año. Estos viveros habrían formado parte de pequeñas inversiones públicas del Gobierno Provincial y de la Junta Parroquial de Tundayme, y por cuyos daños nadie ha respondido. Comenta que el Gobierno Provincial ha resuelto, en varias ocasiones, la suspensión de los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor.

 

“El foro mundial en París decidió crear un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para la mitigación del cambio climático. Hemos planteado que con una parte de ese fondo se indemnice a estas empresas mineras y se vayan. Ese fondo ya existe lo está manejando las Naciones Unidas”.
 

El prefecto, invita además, a revisar la información científica que se ha generado respecto a los daños de la minería a gran escala y que entiendan que su oposición está bien fundamentada.

 

El representante del pueblo Shuar Arutam, al igual que el presidente de CONAIE, expresó la necesidad de consolidar las luchas de los pueblos por la defensa de los territorios, indicando:

 

“Nuestro territorio está ubicado desde el cantón Tiwinza hasta Gualaquiza, en todas las faldas de la Cordillera del Cóndor, el 11 de agosto (de 2016) la comunidad de Nankintz fue desalojadapor este régimen. Nuestro gobierno plantea que con la minería ‘responsable’ saldremos de la pobreza. ¡Qué absurdo! Esa noes la realidad de un pueblo ancestral que ha vivido luchando, que enfrentó la guerra contra el vecino país Perú, que fue declarado héroe del Cenepa, de la cordillera del Cóndor, y ahora la cordillera está amenazada por la minería”.

 

El presidente de CASCOMI hizo un recuento de los derechos violentados a las familias desalojas a partir del 30 de septiembre de 2015. Afirma que:

 

“Se ha faltado el respeto a muchos derechos que están en la Constitución: se ha violado el derecho a la vivienda, a la salud, a los territorios comunitarios, a la calidad y cantidad de agua, el derecho a la alimentación. Ahora nuestras familias: sin casa, sin tierra, sin trabajo, ¿qué van hacer, a donde van a ir? es decir que se ha destruido el proyecto de vida de ya medio centenar de familias en la zona. Eso es producto de la intromisión de los proyectos mineros en los territorios y que no es solo en la parroquia Tundayme, esto se va a extenderse en todo el Ecuador. Nuestra gente dice: ‘ahora el agua no sirve ni para lavarse las manos’, ¡eso es verdad, es puro lodo!. Ahora tienen que ir hasta el mercado para comprar sus víveres porque ya no tienen esa chacra que era el supermercado de nuestra gente”.

 

También denunció que se ha vulnerado el derecho a la libre movilidad por parte de la guardia de la empresa EcuaCorriente S.A., ECSA; al mantener el control del ingreso a la zona de San Marcos. Por todo ello, las familias desplazadas exigen la paralización del proyecto, la restitución de sus tierras y la reparación por los daños ocasionados. Culminó invitando a las y los asistentes, a exigir a la Fiscalía de Gualaquiza que tramite las acciones legales presentadaspara la recuperación de sus enseres perdidos durante el desalojo.

 

Tanto el presidente de la CONAIE, como el prefecto de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo a la lucha de la comunidad CASCOMI y su compromiso de consolidar sus procesos reivindicativos.

 

OCMAL denuncia desalojos violentos en Tundayme.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL denuncia ante la opinión pública el violento desalojo de poblaciones en Tundayme para allanar el espacio para la minería a gran escala a manos de ECSA, subsidiaria de Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated.

 

Rechazamos toda agresión y atropello a los derechos humanos de las poblaciones que resisten a la instalación de grandes proyectos mineros como el de ECSA en el Ecuador por alterar formas de vida tradicionales, arrebatar el derecho de las poblaciones locales a decidir su propio desarrollo y deteriorar irrecuperablemente el medio ambiente y los ecosistemas.

 

La brutalidad de la minería no respeta ecosistemas, culturas, derechos humanos, economías locales, escuelas y construcciones religiosas.

Innumerables inmuebles han sido destruidos los últimos años para dar paso a la destrucción minera en El Pangui.

 

Una muestra de ello es lo que sucedió el 26 de marzo de 2014, durante la fiesta de San Marcos, la población realizó una celebración religiosa en la iglesia del poblado, sin embargo, el 12 de mayo del mismo año, la empresa resguarda por 50 policías, destruyó la capilla y la escuela.*

 

En la madrugada del 30 de Septiembre de 2015, en un embate más de violencia, 12 familias de San Marcos fueron sacadas de sus viviendas por la Policía Nacional y guardias pertenecientes a la empresa de seguridad privada Serseivi -que actúa bajo órdenes de la empresa minera china-. Una vez que las familias fueron obligadas a salir, sin haber recibido ningún tipo de notificación del desalojo, sus casas fueron derrocadas de manera violenta. Las familias desconocen hasta el momento dónde se encuentran sus enseres.**

Las irregularidades que han acompañado el proceso de despojo de territorios y derechos de las comunidades de Tundayme han sido verificadas por la Contraloría General del Estado el 2013.

 

Declaramos nuestro total y rotundo rechazo a las acciones de ECSA en desmedro de las comunidades afectadas y exigimos la suspensión de toda acción que atropelle los derechos humanos de las poblaciones del Ecuador que legítimamente defienden sus territorios, sus medios de vida y sus ecosistemas.

 

Exigimos a las instancias gubernamentales a abandonar el rol de protección de la gran minería y a tomar partido por los derechos de las comunidades afectadas.

 

Nos mantendremos vigilantes a los futuros hechos y denunciaremos públicamente las amenazas y agresiones de que son víctimas las comunidades de Tundayme.

 

Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a mantenerse alertas, denunciar y difundir públicamente toda información sobre el riesgo de las comunidades afectadas por minería en el Ecuador especialmente las comunidades de Tundayme, El Pangui, Zamora Chinchipe.

Los comuneros de Tundayme presentaron medidas cautelares en la Sala de Sorteos de Quito

Publicado originalmente por INREDH el 8 de junio de 2015
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Alrededor de 30 habitantes de la parroquia de Tundayme de la provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito hoy, 8 de junio, para presentar las  medidas cautelares, que eviten el desalojo de los habitantes de la zona por las servidumbres mineras y para solicitar  la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto minero Mirador.


El documento de siete hojas fue ingresado hoy  en la Sala de Sorteos y  recayó en el despacho de la juez Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la  Familia.

Para Luis Sánchez, habitante de la zona  y presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), las medidas cautelares pretenden que el juez competente de Pichincha cese temporalmente la ampliación del proyecto de cobre y oro de la empresa Ecuacorriente y el desalojo de los habitantes por las servidumbres mineras.


“Son 18 familias que al momento han sido demandadas por servidumbre mineras por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y por el Ministerio de Minas -dijo Sánchez- si el juez de Pichincha nos niega las medidas, nosotros seremos desalojados y despojados de nuestros territorios”.

Los desalojos podrían afectar a cuatro comunidades de la parroquia de Tundayme, en especial a la comunidad de Cascomi que es el punto central del proyecto minero donde se pretende hacer laguna de relaves, escombreras y huecos.  Este hecho afectaría a 105 familias, es decir, a 600 personas entre hombres, mujeres y niños.


Para Harol Burbano, abogado que acompaña el caso, las medidas cautelares permitirán que el Juez pueda escuchar a las comunidades y así evitar una “gran violación de derechos humanos”.  Si la medida es rechazada, el jurista dijo que llevará el caso a las cortes internacionales. “Si el Estado no cumple y respeta los derechos de la comunidad se llevará el caso a instancia internacionales”.

Según Burbano, el proyecto minero Mirador se dio sin cumplir el Mandato Minero que establece  realizar consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas que se encuentran cercanas a la zona de los recursos naturales.

 

Con esa acción jurídica también se busca  que el Ministerio de Ambiente de a  Ecuacorriente  licencias ambientales para el trabajo en la zona. Al momento, los trabajos de la empresa se encuentran paralizados por los daños ambientales cometidos. Sin embargo, Sánchez asegura que aún se ve maquinaria laborando.


Actualmente la empresa realiza trabajos preliminares en el sector, pero estos ya ocasionaron  daños ambientales como la contaminación de los ríos Tundayme y Quime que ya no están cristalinos sino con lodo, aseguró Sánchez.


Para Severino Sharupi, dirigente de tierras de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la defensa del territorio es fundamental para los pueblos, por eso la Conaie respalda a la comunidad shuar.


Tras la presentación de las medidas cautelares en Quito, el viernes 12 de junio se presentarán  las  segundas medidas  en la ciudad de Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Inminentes desalojos y daños a la naturaleza en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala, Mirador.

Quito, 14 de mayo de 2015

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

La empresa inició obras de infraestructura para la explotación minera, en esta foto se aprecia la apertura de carretera que conducirá al tajo de mina. Foto: CASCOMI

 

En el actual proceso en que se encuentra la empresa EcuaCorriente, de asegurar las condiciones para iniciar la explotación minera (consolidación del territorio, apertura de trochas, obras de infraestructura), ésta continúa  implementando mecanismos para la ocupación de los diversos espacios territoriales requeridos.

Así, al proceso de compra de tierras a las familias y a determinados desalojos forzados ocurridos desde inicios del 2000, se suma la actual interposición de demandas de servidumbres por parte de la empresa EcuaCorriente, así como juicios de reivindicación de tierra. A través de estos mecanismos la empresa busca el desplazamiento total de la población de la zona de influencia directa del proyecto minero.

 

1. SERVIDUMBRES

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

Hogares inundados en San Marcos. Foto: CASCOMI

En la actualidad, existen más de 40 procesos administrativos de servidumbres mineras. De éstos, 18 afectan a familias comuneras en resistencia. En 14 casos, los procesos han implicado el depósito de dinero en cheques en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), los mismos que no han sido retirados porque las personas demandadas no están de acuerdo con tales resoluciones. En cualquier caso, el peligro de desalojo es inminente.

Por otro lado, existen 4 demandas de servidumbres en proceso, frente a las cuales la comunidad exigirá el cumplimiento de derechos colectivos.

 

2. JUICIOS DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS

Al juicio de reivindicación de tierras en el que la empresa minera obtuviera sentencia a su favor, en contra de una familia del sector de Santa Cruz, se suman dos juicios de reivindicación de tierras interpuestos por la misma empresa contra dos mujeres.

Entre los dos juicios se encuentran en juego alrededor de 200 hectáreas de territorio en la cordillera del Cóndor. La empresa EcuaCorriente demanda la entrega de las tierras aduciendo su adquisición legal. Sin embargo, esto se contradice con el Informe de la Contraloría General del Estado emitido en el año 2013, el mismo que señala que existiendo el proceso de compra de tierras, este adolece de engaño por parte de la empresa EcuaCorriente, además de que la empresa no ha cumplido con las condiciones de pago y de restitución y compensación a las que se comprometió durante el proceso de compra.

No es posible anteponer la normativa civil,  a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la vigencia y ejercicio del derecho a la alimentación, el derecho al territorio colectivo, al libre desarrollo de la personalidad. Derechos que en los casos enunciados se ven afectados por las decisiones administrativas y judiciales que están favoreciendo los intereses de la empresa minera.

 

3. INVESTIGACIONES PENALES

Más aún, ante acciones de defensa de su territorio emprendidas por la comunidad, la empresa ha interpuesto varias denuncias contra algunos de sus integrantes:

  • Indagación previa Nro. 190601814070003 por asociación ilícita y rotura de cercas, en contra de diez personas.
  • Denuncia por invasión de territorio al centro shuar Ijisam

 

4. DAÑOS AMBIENTALES

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI

Puente construido para el paso de maquinaria pesada. Se aprecia la desviación del cauce que provoca inundaciones y la contaminación del agua. Foto: CASCOMI


Como consecuencia del desarrollo de infraestructura llevado adelante por la empresa, varios efectos negativos contra la naturaleza y contra las personas se evidencian.

  • Uno de estos casos es de la comunidad de Yanúa, en la zona de Tundayme, cuyos cultivos, animales, viviendas y bienes fueron destruidos y contaminados debido a la tierra y sedimentos arrojados por la empresa a los ríos Wawaym y Tundayme.  
  • Un segundo caso es de una familia cuya vivienda se ubica en San Marcos, cerca de la confluencia de los ríos Tundayme y Kim. Sus tierras, viviendas, enseres del hogar cultivos y demás bienes fueron destruidos debido al desvío de cauce del río Tundayme efectuado por la empresa EcuaCorriente, situación que se ha visto agravada por la infraestructura anti-técnica implantada por la empresa para el paso de maquinaria pesada en esa zona, todo lo cual no permite la libre circulación del agua del mencionado río.


5. ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMUNIDAD

Ante los atropellos descritos, la comunidad amazónica de acción social cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI), ha efectuado algunas acciones de defensa, entre las que se mencionan las siguientes:

  • Una acción de protección por la violación de su derecho a ser consultada de forma previa, libre y voluntaria, respecto a la afectación que ocasiona la política pública de servidumbres mineras a su territorio, especialmente en el poblado de San Marcos, sitio en el cual la comunidad está reconstruyendo algunos de sus espacios. Esta acción presentada ante la Corte Constitucional fue admitida para trámite, el día 28 de abril de 2015.
  • Acción extraordinaria de protección sobre una de las servidumbres, reivindicando los derechos colectivos y el derecho a la consulta indígena.
  • A raíz del derrocamiento del territorio comunal de San Marcos, CASCOMI presentó una denuncia penal por terrorismo contra la empresa EcuaCorriente.
  • Se denunció a la empresa por hostigamiento a las y los integrantes de la Junta Parroquial de Tundayme.
  • Queja al Ministerio del Ambiente por los daños derivados del proyecto minero. Mediante ésta se solicita que se verifique los incumplimientos de la empresa en relación al proyecto minero y que se paralice las actividades de la empresa hasta que se consulte a las comunidades. El MAE respondió a medias.


PETICIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA


  • Que el Estado y la empresa EcuaCorriente respeten el Mandato Minero y que se suspenda el proyecto Mirador. Además de que se consulte de manera libre, previa e informada y de buena fe cualquier acción pública o privada que afecte el territorio de las comunidades de la cordillera del Cóndor.


  • Que el Estado asuma la responsabilidad por la vida e integridad física y sicológica de dirigentes y líderes comunitarios de la zona y de sus familias, pues por el peligro que representa su trabajo de vidas resistencia a la minería a gran escala en la zona, se teme por sus.


  • Que exista independencia e imparcialidad en todos los procesos administrativos y judiciales emprendidos por la comunidad en defensa de sus derechos.


  • Se pide a la Corte Constitucional que al resolver la demanda por incumplimiento del mandato minero interpuesta por organizaciones sociales, así como la acción extraordinaria de protección (aceptada a trámite el 28 de mayo de 2015), priorice la jerarquía del Mandato Constitucional Minero así como los criterios de protección de los derechos humanos y de la naturaleza.


  • Que el Estado se responsabilice de la reparación integral a quienes, a causa de los desalojos sufridos, se quedaron sin tierra y vivienda, como ha ocurrido con una anciana shuar (desalojada de San Marcos) y una familia campesina (desalojada del sector Santa Cruz).