desalojos san marcos

Anciana shuar en riesgo de ser desalojada por empresa Ecuacorriente

 

Rosario Ware, mujer de alrededor de 100 años, nacida en lo que hoy conocemos como San Marcos, en la Cordillera del Cóndor, donde su familia habitó ancestralmente; corre el riesgo de ser desalojada una vez más por la empresa minera china EcuaCorriente S.A.

 

De acuerdo a la información recibida desde Tundayme, el día de ayer, 7 de enero a alrededor de las 10h00, fue visitada por dos empleados de la empresa, Jorge Miño, quien se presentó como relacionador comunitario, y Arcángel Juep. Ambos habrían advertido a la anciana y a su hijo Mariano Mashendo, que deben desocupar el lugar en el que viven.

 

Hace 13 años, cuando fue desalojado el barrio San Marcos, la casa de esta mujer indígena, fue destruida y quemada. Sin tener otro lugar para vivir, se instaló en un espacio 3 km aguas arriba de la confluencia de los ríos Tundaym, Kimi y Wawaym, cerca de donde ocurrieron los últimos desalojos.

 

En años pasados, cuando se ha conversado con Rosario, solía recordar que en alrededor de 1968 llegó el Ejército Ecuatoriano y tomó posesión de un territorio ancestral shuar, posteriormente fueron llegando colonos con quienes se ha convivido en relativa tranquilidad, hasta la última década, en la que ha perdido todo lo que tenía por la minería.

Rosario Ware y Mariano Mashendo. Foto tomada del video "A punto de estallar" del programa Visión 360.


Mayor información:

Luis Sánchez

CASCOMI

0996028074

Fuimos "reubicados" en la calle: Desalojos por la minería a gran escala

FUIMOS “REUBICADOS” EN LA CALLE

Desalojos por la minería a gran escala

 

Quito, 21 de octubre de 2015

 

Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.

 

Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.

 

Una vez en el sitio, las personas integrantes de la Misión, recabaron testimonios e información de primera mano, ratificando que el día 30 de septiembre de 2015, catorce familias comuneras, ubicadas en el sector de la vía al destacamento militar “Cóndor Mirador” de la parroquia Tundayme, fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas por la guardia privada de la empresa Ecuacorriente S.A., apoyada por miembros de la policía nacional.

 

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

 

Constató que los desalojos se realizaron sin notificación previa, en tierras que poseían títulos de propiedad legalizados, y que salvo en tres casos en que las propiedades eran objeto de servidumbres, para los diez restantes, no pesaban procesos legales o de servidumbres.

 

De las denuncias y testimonios recogidos, se corrobora que los desalojos se produjeron en un ambiente de violencia desproporcionada e indiscriminada. Un número excesivo de policías destruyeron las casas de los comuneros y los bienes que se encontraban en su interior. Igualmente, la Misión pudo observar los hoyos profundos realizados por retroexcavadoras en las que, según las personas desalojadas, fueron enterradas los restos de las viviendas destruidas, presumiblemente para borrar las evidencias.

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

La CEDHU pone a conocimiento de la opinión pública el escenario de desesperación que se vive en Tundayme a raíz de los desalojos descritos previamente. Las familias afectadas viven un verdadero drama humano ya que han sido despojados de sus tierras y pertenencias fruto del esfuerzo de toda una vida y ahora no tienen a donde ir. Por el contrario, el gobierno se empeña en una campaña para legitimar estos desalojos y descalificar a quienes son víctimas del supuesto desarrollo que pregona.

 

Denunciamos que la falta de interés del Estado en brindar solución sustentable a la situación de personas afectadas por proyectos mineros perpetúa la indefensión de los desplazados y es un obstáculo para el pleno goce de derechos individuales y colectivos.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.


FIDH condena el desalojo de familias en Tundayme

A raíz de los hechos ocurridos en Tundayme el 30 de septiembre de 2015 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha condenado los desalojos forzados por medio del siguiente comunicado de prensa:

 

Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos

La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado  por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.

En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.

“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sur bienes y sus casas”  afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

La FIDH en el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources Inc., publicado en enero de 2011, ya había denunciado un proceso de adquisición de tierras caracterizado por las irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento; la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales, especialmente en relación al derecho al agua y la ausencia de mecanismos de consulta apropiados. El informe de Contraloría General del Estado da también cuenta de las irregularidades en que se encuentran las concesiones mineras de Mirador.

Entre las recomendaciones de la FIDH, CEDHU e INREDH dirigidas a las autoridades ecuatorianas como a las empresas mineras, consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que: las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas que pesan sobre las personas que defienden sus derechos frente a los proyectos mineros del consorcio chino mencionado; y, se respete el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme, José Tendetza.

Las organizaciones esperan el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala en general y en particular en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago por parte de las empresas chinas o del Gobierno ecuatoriano.

Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos.

La FIDH también llama al Estado canadiense a asegurarse incluso a través de debida diligencia mandatoria, que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

CONAIE rechaza ingreso de minera China ECSA a Territorios Indígenas en Tundayme

El 30 de septiembre de 2015, fuerzas de seguridad de la empresa EcuaCorriente S.A., con apoyo de la policía nacional desalojaron a 13 familias en la comunidad de San Marcos, Tundayme. A raíz de estos hechos, la CONAIE difundió el siguiente boletín de prensa:

 

CONAIE rechaza ingreso de minera China ECSA a Territorios Indígenas en Tundayme

D.M. Quito, 2 de octubre de 2015

En los Territorios de la Nacionalidad Shuar y de hermanos/as campesinos/as del sector San Marcos de la parroquia Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el día 30 de septiembre de 2015, miembros de la Policía Nacional, militares y seguridad privada de la empresa minera Ecuacorriente S.A. desalojaron a 13 familias indígenas y campesinos de manera violenta sin ninguna notificación previa, invadiendo territorios comunitarios.

La CONAIE rechaza rotundamente este acto que con claridad en muestra de violación a los Derechos Humanos, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos, la Consulta Previa y demás derechos sobre pueblos y nacionalidades consagrados y garantizados en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales como la OIT y la Declaración de Naciones Unidas.

Sin embargo, el presidente Rafael Correa durante su intervención en la Septuagésimo (70°) Asamblea General de la ONU se enfocó en resaltar la importancia de la protección ambiental. Pero, que en realidad con esos discursos demuestra la doble cara que tiene el gobierno ecuatoriano, cuando en la realidad con las políticas extractivistas (petrolera y minera) a cielo abierto del gobierno ocasiona desastres ambientales y atropellos a los derechos humanos. Además, está claro que la empresa Ecuacorriente S.A. provoca deterioros ambientales en Tundayme.

Por todo esto, La CONAIE responsabiliza de manera directa al Estado Ecuatoriano y al gobierno central por los actos violentos con el actúa contra compañeros/as indígenas y campesinos en los territorios ancestrales, que como consecuencia provoca daños psicológicos, físicos, social, cultural a hombres, mujeres, niños, niñas de la zona de San Marcos. Exigimos el retiro inmediato de las empresas mineras transnacionales y sus maquinarias con la que están desalojando a nuestros comuneros. Alertamos y denunciamos a las instancias de los Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional.

 

Por el Consejo de Gobierno

Jorge Herrera

PRESIDENTE CONAIE