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Policías y guardia privada inician desalojo en Tundayme

por: Luis Sánchez, presidente de CASCOMI

publicado originalmente por: Inredh

 

Desde la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador" (Cascomi) denuncian hoy, 30 de septiembre de 2015, que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares se encuentran en la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe, desalojando a los habitantes de la zona que se encuentran defendiendo su territorio.

 

“A las 06:00 de la mañana ingresaron a la vivienda de los herederos Uyaguari-Guaman y sacan todas las cosas hacia la calle, esto es un eminente desalojo violento. No se notifico, los comuneros no han ejercido el derecho a la defensa”. Cascomi denuncia que este desalojo se está repitiendo con otras viviendas de otros comuneros de la zona.

 

Hace dos semanas la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador” (Cascomi) denunció que personal de la empresa transnacional minera Ecuacorriente S.A ingresaron con dos máquinas excavadoras y un equipo de perforación al sector de Wawaim, comunidad amazónica Cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.

 

Con esto se causará nuevos daños ambientales y sociales a la comunidad. Aproximadamente cien hectáreas serán afectadas por los trabajos relacionados con actividades mineras pues se destruirá el ecosistema para la apertura de caminos y plataformas para perforaciones. Al momento se han realizado tres perforaciones y seis plataformas están listas para las excavaciones.

 

Alertamos a las autoridades del Estado ecuatoriano y a las organizaciones de derechos humanos del país y del mundo que Ecuacorriente S. A está causando daños ambientales y sociales irreparables a los comuneros al realizar desalojos violentos a vista y paciencia de las autoridades competentes y la justicia parcializada de Ecuador.

 

Cascomi responsabiliza al Estado ecuatoriano y a sus gobiernos de turno por todos los daños ambientales y sociales causados en el territorio y serán responsables directos por daños a la integridad física de los comuneros que están defendiendo su tierra al impedir que personas de la minera continúen ingresando a causar más daños en los terrenos de dicha comunidad.

 

Contacto de prensa:

Luis Sánchez, presidente de CASCOMI

(593) 0967415485

 

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Desplazamiento forzado y otros abusos de la minera Corriente Resources, en la Amazonía ecuatoriana.

Declaración conjunta FIDH-CEDHU-Mining Watch Canadá

 

París, Quito, Ottawa, 27 de junio de 2014.

Tras once meses de esperar una respuesta a una queja entregada en Ottawa, la FIDH, su liga ecuatoriana, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, urgen a la oficina canadiense proseguir con el caso. Denuncian la gran demora del Punto de Contacto Nacional canadiense, responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras sucede una reunion mundial de la OCDE, el Global Forum on Responsible Business Conduct, en Paris.

 

El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), responsable para administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que la empresa Corriente Resources y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) está generando en la Amazonía ecuatoriana. .

 

En los últimos meses, decenas de familias campesinas se han organizado para dar a conocer nuevas irregularidades de la compañía en su afán de ocupar las tierras para llevar a cabo actividades mineras, inclusive la destrucción de una capilla y el traslado de una escuela, a pesar de las denuncias de los pobladores. Es urgente una respuesta desde Canadá ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen ocurriendo en este caso” , destaca Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU) y Vicepresidenta de la FIDH.

 

La queja alega que el Proyecto Mirador puede ocasionar daños irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor, habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras. En la queja se solicita respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, incluyendo los derechos de la población indígena a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado y el derecho de la población en general a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, tal como reconocen normas de derecho internacional y nacional, así como el espíritu del régimen del buen vivir, o “sumak kawsay”, consignado en la Constitución ecuatoriana.

 

Según los procedimientos de la misma oficina canadiense, el período de evaluación preliminar de una queja debería tomar unos tres meses, sin embargo hemos esperado casi un año para saber si van a admitir o no la queja. Es inaceptable tanta demora mientras la situación sigue agravándose en Ecuador” , comenta Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

 

Tras varios intentos de acceder a la justicia en Ecuador y ante inminentes y potenciales daños irreparables sobre las personas y la naturaleza debido a la ejecución del Proyecto, los querellantes se vieron obligados llevar esta queja a Canadá.

 

Los solicitantes esperan que el Punto de Contacto Canadiense admita la queja y lleve a cabo una investigación para determinar si la empresa ha cumplido o no con las Líneas Directrices de la OCDE – las cuales se refieren a la responsabilidad de las empresas de respetar todos los derechos humanos - y formular las recomendaciones pertinentes.

 

Ver también en fidh.org