minería

“No vamos a dar un pie atrás, estamos presto para recuperar nuestro territorio”

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Boletín de Prensa

D.M. Quito, 23 de agosto de 2016

Los presidentes de: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, Jorge Herrera; Vicente Tsakimp, del pueblo Shuar Arutam; Agustín Wachapá, Federación Interprovincial del Centro Shuar; el síndico de Nankints, Luis Tiwiram realizaron la denuncia pública sobre la violación a los Derechos Humanos y Derechos Colectivos que el gobierno ecuatoriano ejerce en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas invadiendo territorios ancestrales.

 

Mediante rueda de prensa, en horas de la mañana, dieron a conocer y denunciaron sobre los desalojos ocurridos el pasado 11 de agosto en la comunidad Shuar Nankints, mismo que se dio en el contexto de la implementación del proyecto minero a gran escala en la Cordillera del Cóndor.

 

Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, manifestó que está habiendo una violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas. Pide a los representantes de estas empresas que se retiren de los territorios indígenas ya que no se han cumplido los procesos constitucionales como la Consulta Previa Libre e Informada. Advirtió que cualquier situación que suceda en la zona será responsabilidad del Estado Ecuatoriano.

 

Agustín Wachapá, presidente de la FICSH, expresó que el presidente de los ecuatorianos debe hacer lo que dice la Constitución, “respetar nuestros derechos colectivos”. Además señaló que no darán un pie atrás y que están prestos para recuperar sus territorios “aunque tengamos que dar nuestras vidas”.

 

Luis Tiwiram, síndico de la comunidad Nankints, manifestó que le dieron 5 minutos para sacar sus cosas. Resaltó que quedaron a la intemperie, sus viviendas y cultivos fueron destrozados. Indicó que al momento se encuentran ubicados en la parroquia Panantza.

 

Vicente Tsakimp, presidente del Pueblo Shuar Arutam, dijo: “Este proyecto minero se expandirá en todo el territorio de la Cordillera del Cóndor y hay preocupación de que se siga desalojando a toda le gente Shuar que vive ahí. Nosotros no somos los invasores, vivimos en nuestros territorios ancestrales.

 

Mario Melo, defensor de Derechos Humanos, expresó que como defensores de derechos humanos “vamos a acompañar y defender a las poblaciones afectadas en cumplimiento del Estado de Derecho y utilizando los mecanismos establecidos en la Constitución y en las instancias internacionales de protección de Derechos Humanos”, Hizo una invitación al Estado ecuatoriano “que busque una solución pacífica y en respeto a los Derechos Colectivos.”

 

Los voceros señalaron que enviarán documentos a instancias como la embajada China para que respeten los territorios ancestrales y dejen de invadir. Además, mañana, miércoles 24 de agosto, mantendrán una reunión con Diego Zorrilla, ONU, a las 09h00 para entregar documentaciones y testimonios sobre el desalojo.

 

Fuimos "reubicados" en la calle: Desalojos por la minería a gran escala

FUIMOS “REUBICADOS” EN LA CALLE

Desalojos por la minería a gran escala

 

Quito, 21 de octubre de 2015

 

Ante la campaña del gobierno ecuatoriano para legitimar los desalojos de familias comuneras de la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala Mirador (en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe), argumentando que estas aceptaron dinero a cambio de abandonar sus tierras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión para constatar lo acontecido.

 

Es importante destacar que para esta visita, se extendió una invitación pública al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva; a la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; y a la Asambleísta de Zamora Chinchipe, Sobeida Gudiño (presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos), sin embargo ninguna de estas personas concurrió, impidiendo así la participación de una delegación de las Naciones Unidas en Ecuador, quienes habrían aceptado la invitación siempre y cuando asistieran las autoridades nacionales. Una vez más se obstaculiza la búsqueda de la verdad.

 

Una vez en el sitio, las personas integrantes de la Misión, recabaron testimonios e información de primera mano, ratificando que el día 30 de septiembre de 2015, catorce familias comuneras, ubicadas en el sector de la vía al destacamento militar “Cóndor Mirador” de la parroquia Tundayme, fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas por la guardia privada de la empresa Ecuacorriente S.A., apoyada por miembros de la policía nacional.

 

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

Familia desalojada muestra terreno donde estaba su vivienda a la Hermana Elsie Monge miembro de la Comisión.

 

Constató que los desalojos se realizaron sin notificación previa, en tierras que poseían títulos de propiedad legalizados, y que salvo en tres casos en que las propiedades eran objeto de servidumbres, para los diez restantes, no pesaban procesos legales o de servidumbres.

 

De las denuncias y testimonios recogidos, se corrobora que los desalojos se produjeron en un ambiente de violencia desproporcionada e indiscriminada. Un número excesivo de policías destruyeron las casas de los comuneros y los bienes que se encontraban en su interior. Igualmente, la Misión pudo observar los hoyos profundos realizados por retroexcavadoras en las que, según las personas desalojadas, fueron enterradas los restos de las viviendas destruidas, presumiblemente para borrar las evidencias.

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Retroescavadoras fueron usadas para enterrar viviendas de los desalojados

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

Mujer desalojada y su hija. Su vivienda fue destruida y enterrada

La CEDHU pone a conocimiento de la opinión pública el escenario de desesperación que se vive en Tundayme a raíz de los desalojos descritos previamente. Las familias afectadas viven un verdadero drama humano ya que han sido despojados de sus tierras y pertenencias fruto del esfuerzo de toda una vida y ahora no tienen a donde ir. Por el contrario, el gobierno se empeña en una campaña para legitimar estos desalojos y descalificar a quienes son víctimas del supuesto desarrollo que pregona.

 

Denunciamos que la falta de interés del Estado en brindar solución sustentable a la situación de personas afectadas por proyectos mineros perpetúa la indefensión de los desplazados y es un obstáculo para el pleno goce de derechos individuales y colectivos.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.

Hombre mira el terreno donde solía estar su casa, ahora destruida e inundado por el río Tundayme.


FIDH condena el desalojo de familias en Tundayme

A raíz de los hechos ocurridos en Tundayme el 30 de septiembre de 2015 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha condenado los desalojos forzados por medio del siguiente comunicado de prensa:

 

Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos

La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado  por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.

En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.

“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sur bienes y sus casas”  afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

La FIDH en el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources Inc., publicado en enero de 2011, ya había denunciado un proceso de adquisición de tierras caracterizado por las irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento; la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales, especialmente en relación al derecho al agua y la ausencia de mecanismos de consulta apropiados. El informe de Contraloría General del Estado da también cuenta de las irregularidades en que se encuentran las concesiones mineras de Mirador.

Entre las recomendaciones de la FIDH, CEDHU e INREDH dirigidas a las autoridades ecuatorianas como a las empresas mineras, consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que: las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas que pesan sobre las personas que defienden sus derechos frente a los proyectos mineros del consorcio chino mencionado; y, se respete el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme, José Tendetza.

Las organizaciones esperan el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala en general y en particular en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago por parte de las empresas chinas o del Gobierno ecuatoriano.

Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos.

La FIDH también llama al Estado canadiense a asegurarse incluso a través de debida diligencia mandatoria, que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO AWAJÚN RECHAZANDO LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

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Mamayaque,   09 de Agostodel 2015

 

Señores:

OllantaHumala, Presidentede la Repúblicadel Perú

Pedro CaterianoBellido,  Presidentedel Consejo de Ministros

PatriciaBalbuena, Viceministra     de Interculturalidad

Rosa María Soledad Ortiz Ríos, Ministrade Energía y Minas

Ana María Sánchez Vargas de Ríos, Ministra   de Relaciones Exteriores

CONADIF

Manuel Pulgar – Vidal, Ministro del Ambiente

Verónica Mendoza, Congresista de la República,

Eduardo Nayap, Congresista de la Repúiblica

Gilmer Hornes, Presidente Regional de Amazonas

Prensa nacional e internacional

Presente.-

 

Pronunciamiento delPueblo Awajún   delsectorCenepa,  Comaina,  Imazay AltoMarañón, rechazando   la Organización Nación Awajún-Wampis, en contra de la exploracióny explotación minera en la Cordillera del Cóndory exigiendose respete nuestros derechos como PuebloIndígena.

 

Mediante la presente carta, nos dirigimos a ustedes parasaludarloscordialmente, en nuestra calidad como organizacionesde base reconocidos legalmente: la Federación Indígena Awajún del AltoComainay Sawi Entsa (FIAACSA)[1], la Organizaciónde Desarrollode las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC)[2], la Federación de la Mujeres Awajún del Alto Marañón (FEMAAM), ConsejoIndígenaAmazónicodel   Perú   (CIAP)  ycomo organización regional ORPIAN-P, a la cualestamosafiliadaslas mencionadas organizaciones de base, así como AIDESEP, nuestra organización nacional, a fin de reclamarles el respeto de nuestros derechos como pueblo indígena, reconocidos en tratados   internacionales, los cualesel Gobierno   Peruanose ha comprometido a cumplir.   En particular,   exigimosquese respetenuestros derechos al territorio, al medio ambiente sano y equilibrado, a la consultaprevia   yelconsentimientolibre,   previo   e informado ya nuestro propio modelo de desarrollo, a fin de lograrel bien estar de nuestrasfamilias e hijos.

 

1. Nuevaorganización   Nación Awajún-Wampis.-

En las asambleasdenuestrasorganizaciones   hemosanalizadola creaciónsorpresiva de la nueva organización   "NaciónAwajún-Wampis"  en Agostodel 2014(inscritael 28 de agosto del 2014) ycómo ella crea problemasy divisiones.  Manifestamos los abajo firmantes que la organización Nación Awajún-Wampis no fue electa por ningunade nuestrasorganizaciones ycomunidades,  ni nos afiliamosa ella; por ende, no nos representa. Más bien, el presidente dela organizaciónNaciónAwajún-Wampis, Francisco Shajian,  cometió un delito penal por usurpación del cargo y funcionescuandoanuló  nuestra organización   regionalORPIAN-·P de los registrospúblicosen supuestarepresentatividad nuestra[3], a pesar de que a partir del 15 de juliodel 2014, él ya no teníaningunafacultad,   de acuerdoa las decisionestomadas en la asamblea extraordinaria que constan en el libro de actas de ORPIAN-P. El órganode tomade decisionesen ORPIAN-P es la asambleay no su presidente.  La asambleanunca autorizó la anulaciónde ORPIAN-P.

 

Desde Agostodel año pasado hemos estado reclamando públicamente que dicha organización no nos representa y que el Estado respete a nuestras organizaciones legalmente establecidasy reconocidas.  A través de la presente reiteramos este reclamo y manifestamos nuestro rechazo a laorganización Nación Awajún-Wampis. Igualmente, desconocemos y rechazamos cualquier acuerdo o convenio quemencionada organización habríasuscritocon el Estado y/oel sectorprivado a nombredel PuebloAwajúno nuestras comunidades. En este sentido, respaldamosel pronunciamientode CIAP, OCCAM y FEMAAMdel 17 de mayo del 2015 contrala organizaciónNación Awajún-Wampis.

 

2. Actividad   mineraen la Cordillera   del Cóndor.-

NosotroscomoPuebloAwajúntrabajamos   nuestrosplanesde vidaa finde lograr el buen vivir. Allí  no figurala mineríaauríferaen cabecerasde cuenca.  Porelriesgoinminentea nuestra   saludy vida,  y a la destrucción de ecosistemas únicas y frágiles, rechazamosla mineríaen la Cordillera del Cóndor y exigimos que el Estado cumpla con el acuerdo de Huampamidel 2004 de crear el Parque Nacionallchigkat Mujacon·152.873,76has.

 

DenunciamosqueelINGEMMET,  a pesardequenuestrasorganizacionespresentaronen2014 una solicitudde moratoria   sobre el otorgamientode nuevas concesionesminerashasta que se resuelvael problema del Parque Nacional Ichigkat    Muja-  Cordilleradel Cóndor,  sigue atropellando nuestro derecho al territorio ya la consultaal otorgar 18 nuevasconcesiones mineras   ennuestraCordillera delCóndor e incluso sobre quebradas dentro denuestras comunidades tituladas, comoes el caso delas comunidades Antiguo   Kanamy Tunasy la zona de ampliación   de Tagkegip.  Recordamosque elEstadoreconoció oficialmentequela Cordillera   delCóndores territorio ancestral   delos PueblosAwajún   y Wampis. Segúnla jurisprudencia    delaCorteInteramericana    delosDerechos Humanos,   laposesión   ouso ancestralequivaleal títulode propiedad.

 

Denunciamos al señorLuis   Dupis   (presidente ODECOAC),   quien    - sinlaobligatoria autorizaciónde lascomunidadesafectadas del Cenepa - participa en reuniones con representantes   del MINEM, del GobiernoRegionalde Amazonasy de las empresas minerasAfroditae Hito y firmaacuerdosy convenios. Es inconstitucional la firmade convenios entre el Gobierno y dirigentesindígenas   individuales   a espaldas de las comunidades y organizaciones de la zona. Manifestamos que el SeñorLuis Dupis representasolamente   a la mitadde la comunidadShaim; así que él no tienela facultadde decidirsobre el futuro de las más de 100 comunidades y anexos Awajúndel distritodel Cenepa que se han pronunciado y siguenpronunciándose en contra delaactividadminera   enlaCordillera    delCóndor.  Reiteramos nuestro   rechazo   ydesconocimientodecualquierconveniooacuerdo hubierafirmado   Luis Dupis.

 

Recordamos   quetenemos   derechos   queelGobierno   tiene   quecumplir:   elderecho   a la consulta y consentimiento. El Gobierno ya realizó un procesode consultasobre la Cordillera delCóndory obtuvo nuestroconsentimiento: La Cordillera del Cóndor será destinada a la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja con una extensiónde 152.873,76 has. Cualquier otramedidaserá violarel acuerdoalcanzado.

 

Atentamente

Siguen firmas...


[1] FIAACSA representa a la comunidad titular Kunchai, la mitad de la comunidad titular Shaim y a las comunidades anexas Najem y Teesh, ubicadas en la cuenca del río Comaina, distrito del Cenepa. Anteriormente, estas comunidades estaban afiliadas a ODECOAC (organización que ahora sólo representa a la mitad de c.n. Shaim)

[2] ODECOAC representa a 31 comunidades titulares y 29 comunidades anexas de la cuenca del río Cenepa.

[3] La anulación del ORPIAN-P consta en el libro de actas de la organización Nación Awajún-Wampis con fecha de 28 de agosto del 2014, pero inscrita en Registros Públicos el 06 de abril del 2015.


Consulta Popular en Defensa del Agua de Kimsacocha

La Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, UNAGUA-Girón, junto a la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, están promoviendo una consulta popular en el cantón Girón. En última instancia, ésta busca proteger al páramo de Kimsacocha de los proyectos mineros, pues del páramo mencionado proviene el agua de consumo humano para la ciudad de Cuenca y comunidades aledañas, así como el agua para uso agrícola y ganadero.
 
Lauro Sigcha, presidente de la FOA, relata que el pedido de consulta se gestionó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional, en el año 2012. Sin embargo, la respuesta se obtuvo el 29 de enero de 2015. La entrega de formularios por parte del CNE inició el primero de marzo de este mismo año.  

La consulta gira alrededor de la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realice actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)? SI __  NO __

El proceso de consulta concluirá el domingo 26 de julio de este año. El colectivo Yasunidos-Cuenca y varias organizaciones indígenas y campesinas de Girón se han unido a la labor de recolección de firmas. La entrega oficial de los formularios al CNE tendrá lugar en la ciudad de Quito, el martes 28 de julio.

En el cantón Girón, el 10% del padrón electoral requerido para la validez de la consulta corresponde a 1500 firmas locales. Lauro Sigcha, manifestó que hace dos meses ya se entregaron mil firmas para su validación en el CNE y se espera que hasta el cierre del proceso se duplique el mínimo necesario. Recalca también que se ha trabajado en la verificación de las firmas, para evitar que estas sean descartadas.

El dirigente narra que durante el proceso,  las organizaciones han tenido que enfrentar ciertos obstáculos, el más importante, la aprobación por parte del CNE de un proceso de recolección de firmas paralelo, promovido por el alcalde del cantón Girón. En esta consulta paralela se pregunta si están de acuerdo en que el 65% de regalías del proyecto Loma Larga-Quimsacocha sea usado para obras en favor de la comunidad. El presidente de la FOA indica que esto ha generado confusión en la población, ya que quienes recogen las firmas de la consulta paralela han llegado a señalar que se trata de la consulta para defender el agua de Quimsacocha.

El proyecto minero Loma Larga está  en manos de la empresa INV Metals y tiene el apoyo del gobierno nacional, tan es así que durante el enlace sabatino Nº 426 realizado en el cantón Girón, el presidente de la república, manifestó que “una buena minería puede ser de gran impulso para el desarrollo, con este proyecto Loma Larga cada tres meses recibimos informes sobre el agua (...) este proyecto es subterráneo, de mínimo impacto”1. Por otro lado, en su discurso también descalificó a a los dirigentes de las organizaciones que idearon esta consulta popular.  

Lauro Sigcha informó que INV Metals ya cuenta con un plan de explotación y un cronograma definido hasta el 2017, actualmente intenta elaborar el estudio de impacto ambiental, sin embargo el gobierno nacional ha afirmado que el proyecto todavía está en evaluación.

Como antecedente, UNAGUA ejecutó una consulta comunitaria en octubre de 2011 en las poblaciones de Tarqui y Victoria de Portete, con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la actividad minera en las fuentes de agua de Kimsakocha?, SI/NO”, esto en respuesta a la falta de consulta previa e informada que dirigentes locales afirman, el Estado no realizó2. Este proceso no contaba con el  reconocimiento del CNE, aunque se solicitó la presencia de una persona delegada de la institución para que asista como observadora del evento y se pronuncie sobre su pertinencia3.  
 
De esa experiencia, Lauro Sigcha destaca que “la comunidad empieza a ver que tiene autoridad o tiene poder para decidir lo que debe hacer en su territorio, se genera una consciencia de la población y se debate sobre estos proyectos que afectan indudablemente a las comunidades aledañas”. Añade que Kimsacocha se dio a conocer y ha mantenido activa la defensa por parte de las comunidades, y que sirvió de influencia en otras luchas nacionales como la de Pacto, en el que también se dio una consulta comunitaria en contra de la minería, en abril de 2015.

Países como Guatemala y Perú han realizado acciones similiares logrando poner en el debate público el tema de las afectaciones de la minería en comunidades indígenas y el derecho colectivo a ser consultados y a decidir sobre su territorio.


  1. Enlace Sabatino Nº 426 del 30 de mayo de 2015, desde el cantón Girón https://www.youtube.com/watch?v=66LJibpcEqo
  2. Convocatoria Consulta http://www.phmovement.org/es/node/6195
  3. Azuay: Consulta Comunitaria sobre Mineria en Ecuador http://ecuachaski.blogspot.com/2011/09/azuay-consulta-comunitaria-sobre.html

Ecuador: Girón Avanza hacia una Consulta Popular para frenar la Minería en Kimsacocha

publicado originalmente por MiningWatch-Canadá, el 12 de julio de 2015. Ver publicación original

Fuente: FIAN Ecuador - MiningWatch Canada

(Quito/Ottawa) Miembros de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, provincia del Azuay (UNAGUA – Girón), continúan con la recolección de firmas por una Consulta Popular para decidir el futuro del proyecto minero “Loma Larga” de la empresa canadiense INV Metals en la zona de Kimsacocha.

En abril del 2012, habitantes del cantón Girón iniciaron un proceso de solicitud para convocar a consulta sobre minería ante la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. El 29 de enero de 2015, más de dos años y medio después de ser entregada la solicitud, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a las comunidades los formularios para que inicien con la recolección del 10% de las firmas del registro electoral de este cantón para dar paso a la consulta, tal como establece la ley.

Los miembros de UNAGUA-Girón, que cuentan además con el apoyo de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FOA), ECUARUNARI y del Colectivo YASunidos Guapondelig, hasta la fecha, ya han recolectado cerca de dos mil firmas, cuando el mínimo requerido es alrededor de mil quinientas firmas.

Vicente Ramón, representante de UNAGUA – Girón, ha manifestado en la prensa la importancia de esta iniciativa para evitar una explotación minera en los páramos y humedales de Kimsakocha. Para el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, la consulta popular es importante para “que no sea una sola voluntad, que sea la voluntad de miles de personas en las urnas que digan si prefieren el oro o el agua.”

El 29 de julio las organizaciones involucradas deberán entregar los formularios que contengan las firmas de respaldo a la autoridad electoral para la verificación, quien emitirá un informe de cumplimiento. Posterior a esto, la Corte Constitucional del Ecuador deberá calificar la constitucionalidad de la pregunta planteada: “¿Está Usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)? SI ... NO...".

Las organizaciones sociales han denunciado un posible boicot al proceso de recolección de firmas debido a la confusión que se ha creado en la población por el surgimiento de una contra consulta para apoyar la minería. El Colectivo Unidos por el Desarrollo recibió la aprobación para la recolección de firmas del CNE en marzo de 2015, en menos de una semana después de haber hecho la solicitud. La misma semana, el Vicepresidente Jorge Glass visitó Girón para declarar su respaldo al proyecto de INV Metals y denunciar a quienes respaldan la consulta promocionada por UNAGUA-Girón.

“Es tremenda la asimetría entre los años que demoró el CNE en aprobar la recolección de firmas por UNAGUA-Girón y la urgencia que tiene para facilitar la contra consulta. Es una muestra de la parcialidad del sistema administrativo que se suma a los esfuerzos del gobierno central para estigmatizar a las comunidades y las organizaciones que actúan en defensa del agua y de su bienestar ante la imposición de la gran minería”, observa Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

Contactos:

  •     Nataly Torres – FIAN Ecuador, torres(at)fianecuador.org.ec
  •     Jennifer Moore, Coordinadora del Programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca

Antecedentes

Kimsakocha está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. Comprende una superficie de 10.226,85 hectáreas, ubicada en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas (Río Jubones y Río Santiago). Las extensas zonas de páramo que cubren este territorio lo convierten en fuente de agua para los cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel.

En la zona existen 8.030 hectáreas concesionadas para el proyecto minero “Loma Larga” a cargo de la empresa canadiense INV Metals. La empresa canadiense IAMGOLD fue dueña original del proyecto y aún mantiene un interés en el mismo debido a que controla el 47% de las acciones de la empresa INV Metals.

A partir de la entrega de las concesiones mineras a IAMGOLD en 2004, las comunidades campesinas e indígenas ubicadas aguas abajo, iniciaron un proceso de resistencia contra el proyecto minero por los posibles impactos de esta actividad sobre el agua, la biodiversidad, la integridad y la calidad de la tierra, y la soberanía del territorio.

En abril de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió el llamado “Mandato Minero” que extinguía, sin compensación económica, las concesiones mineras que afecten nacimientos y fuentes de agua, áreas protegidas, y concesiones otorgadas sin consulta previa a las comunidades afectadas. Este mandato no se hizo efectivo por lo que las concesiones mineras otorgada a la empresa IAMGOLD quedaron mayormente intactas. Debido a que el Mandato Minero sigue vigente, Alerta Minera Canadá y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC sus siglas en inglés) han argumentado ante la Corte Constitucional de Ecuador que las concesiones mineras otorgadas a la INV Metals/IAMGOLD son ilegales y deberían anularse.

En octubre de 2011, la asamblea de usuarios del Sistema Comunitario de Agua Tarqui - Victoria del Portete del cantón Cuenca realizó una consulta comunitaria sobre la explotación minera en Kimsakocha. De acuerdo a los resultados de la consulta, el 92,38% de los votantes manifestaron estar en contra de la minería.