sede CONAIE

Situación personas aprehendidas, procesadas y detenidas durante el levantamiento

El 27 de agosto de 2015, en la sede de la CONAIE en Quito se realizó una rueda de prensa sobre la situación de las personas aprehendidas en el contexto de los hechos del levantamiento indígena a nivel nacional. En dicha rueda de prensa se repartió el siguiente boletín de prensa:

 

Aprehendidos, procesados y detenidos durante jornadas del Levantamiento en todo el país

Boletín prensa

D.M. Quito, 27 de Agosto 2015


Las movilizaciones en el marco del Paro Nacional y el Levantamiento han sido jornadas de exigencia activa y pacífica, enmarcadas en el derecho a la resistencia, a la participación, a la organización, a la asociación y reunión pacífica y a la libre expresión. La excesiva represión por parte de agentes de la fuerza pública, han dado como resultado decenas de detenidos en todo el país. 

DATOS CONSOLIDADOS SOBRE LOS DETENIDOS 


Del 13 al 26 de agosto 132 personas han sido aprehendidas por la fuerza pública en todo el Ecuador
De estas 132 personas, 111 fueron puestas a órdenes de juez competente y 21 personas liberadas sin debido proceso.
De los 111 procesados, a 98 se les calificó la flagrancia y se les inició una instrucción fiscal por 30 días.
6 líderes nacionales y regionales del movimiento indígena tienen abierta investigación previa.
De estas hay 61 personas que están en prisión (prisión preventiva)
37 personas se encuentran con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Los delitos más utilizados por la Fiscalía son: Obstrucción de servicios públicos (art. 346 COIP) con una pena de 1 a 3 años, ataque o resistencia a la autoridad (art. 283 COIP) con una pena de 6 meses a 2 años y sabotaje (art. 345 COIP) con una pena de 5 a 7 años.
Las provincias con mayor número de procesados son: Loja, Pichincha, Pastaza y Orellana, sumando entre ellas 71.
Los cantones con mayor número de aprehendidos y procesados son: Quito en Pichincha y Saraguro en Loja, sumando entre ellos 49 procesados.

Principales estadísticas a nivel país

Quito
35 personas fueron aprehendidas, entre los que se encontraban Carlos Pérez, Salvador Quishpe y Katy Betancourt. Ellos fueron liberados, pero su detención fue arbitraria, ya que no estaban cometiendo ningún delito y nunca fueron puestos a orden de juez competente. De estas, a 22 se les calificó la flagrancia y se encuentran procesadas, 10 de ellas con prisión preventiva.
Es el caso también de Manuela Picq, periodista franco- brasileña, quien fue detenida de forma arbitraria e ilegal, llevada al hospital con resguardo policial, sin que ella pueda decidir sobre su movilidad y libertad.
De los procesados por flagrancia, 6 son de la guardia indígena, los demás son jóvenes de otros movimientos y organizaciones de Quito. De los 23 que fueron procesados, 12.
Todos son acusados de delito de Ataque o Resistencia, Art 283 del Código Integral Penal, que puede ser sancionado con 6 meses a 2 años de prisión.  Norma que es inconstitucional porque el derecho a la resistencia es para proteger los derechos de las personas frente al poder, y no son derechos del estado. Este es un delito tan amplio, que cualquier persona que se manifieste en las calles podría ser acusada inconstitucionalmente.


Saraguro
35 personas aprehendidas, 27 personas procesadas, 26 se encuentran con prisión preventiva. El sábado 22 de agosto fue negada la acción de Hábeas Córpues por la Corte Provincial de Loja.


Puyo
30 detenidos, entre ellos dos menores de edad y una mujer de la tercera edad Margoth Escobar, quien denunció ser golpeada fuertemente. 
13 están siendo procesados, 8se encuentran con prisión preventiva.


Gualaquiza
6 indígenas Shuar detenidos, uno de ellos, Presidente de la Asociación de Bomboiza, fueron detenidos y acusados por Ataque o Resistencia a la autoridad, Art 283 del Código Integral Penal. Es el único cantón en el cual todos los procesados fueron liberados con medidas sustitutivas. 


Azuay
3 detenidos, 2 son del Cantón Santa Isabel y 1 de Girón. Se les acusa del delito de Ataque o Resistencia, Art 283 Código Integral Penal.
Estas dos comunidades se oponen a la megaminería. Girón está impulsando una consulta popular para detener el proyecto minero en Kimsacocha.

 
Cotopaxi

10 detenidos, durante el desalojo en Chaski, a donde llegó el Ministro José Serrano, a comandar el operativo de represión, ordenando lanzar gases lacrimógenos, incluso desde el helicóptero, según testimonios de los manifestantes.
4 fueron procesados y los demás liberados. Como resultado de este operativo hay varios indígenas heridos, entre ellos, Luis Hernán Pallasco, presidente de la comuna Razu Yaku UNOCANC, quien perdió el ojo derecho por impacto de bomba lacrimógena.


Cañar
12 personas procesadas por delito de Ataque y Resistencia, 6 salieron en libertad con medida sustitutiva.


Loreto
8 Detenidos procesados por sabotaje, en el marco de la toma pacífica de los pozos petroleros.

Repudiamos la represión y la violencia del Estado expresada de distintas formas contra las personas manifestantes y especialmente contra las mujeres. Rechazamos la presencia de personas infiltradas que generaron violencia en las calles, que según varios testimonios de personas manifestantes, pertenecerían a pandillas urbanas que se han pronunciado públicamente a favor del gobierno.
Responsabilizamos por la violación a los derechos de las personas que se han expresado de forma legítima.

 

 

Atentamente


Mesa Jurídica del Levantamiento

ACCION ECOLOGICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA CONAIE

Acción Ecológica quiere manifestar su rechazo a la decisión del gobierno actual de pretender quitar a la CONAIE su casa, en donde desde hace 23 años ha acogido a pueblos y nacionalidades y desde la que ha impulsado propuestas que hoy iluminan al país y al mundo: el sumak kawsay, la defensa de la pachamama, la plurinacionalidad. La discusión no es el comodato de un inmueble, la discusión es si somos un estado en el que se imponen desde arriba las prioridades, si somos plurinacionales y construimos espacios multiculturales de participación. Lo que está en juego es el accionar de los pueblos y de sus organizaciones, el garantizar su trabajo por sus derechos propios, y porque esto nos enriquece como país.

Los pueblos indígenas han resistido más de 500 años al despojo y lo han hecho de diversas formas: manteniendo sus territorios, enriqueciendo su cultura, hablando sus lenguas, fortaleciendo sus identidades. Esto lo han hecho a pesar del racismo imperante que muchas veces los obligó a hacerse invisibles para sobrevivir o a sostener expresiones más visibles de lucha colectiva para que sobrevivamos todos.

Hay quienes podrían justificar el quitarle la casa a la CONAIE argumentando que se requiere el inmueble para otros fines; otros pensarán que es un castigo, como parte del disciplinamiento cotidiano del gobierno, por las críticas que nacen desde las diferentes comunidades a la destrucción de sus territorios; hasta se podría decir que es parte de una política de censura para allanar el camino a nuevas políticas y proyectos alineados con políticas económicas conservadoras; o, incluso un ejercicio distractor para desviar la atención sobre medidas tan graves como la firma del TLC con la Unión Europea o las enmiendas constitucionales. En cualquier caso, la medida y las motivaciones son repudiables.

Acción Ecológica, como organización defensora de los derechos humanos y de la naturaleza no puede guardar silencio sobre este atropello, porque limita los derechos humanos y colectivos a la participación, a la organización, a la libre expresión, al trabajo de los defensores de derechos. Derechos que ha defendido la CONAIE a lo largo de su historia organizativa.

Recordamos a la autoridad que la "defensa y promoción de los derechos humanos es una actividad legítima y valiente que es necesaria para lograr que las comunidades puedan gozar plenamente de sus derechos y desarrollar su potencial. Los defensores podemos contribuir decisivamente a salvaguardar la democracia y garantizar que siga siendo abierta, pluralista y participativa y que no se aparte de los principios del estado de derecho y la buena gobernanza. Los defensores debemos poder llevar a cabo nuestras actividades en un entorno que nos empodere"* y no en uno que nos limite y condene.

Acción Ecológica

Quito,17 de diciembre de 2014

* Relatora Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/25/55, Párr. 60.

PIDHDD Regional se pronuncia por el despojo de la sede de la CONAIE

Quito, diciembre 16 del 2014

Nota Nº 732-CR-14

 

INMINENTE DESPOJO DE LA SEDE DE LA CONAIE NO CONTRIBUYE A FORTALECER LOS COMPROMISOS DEL ECUADOR ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA NO DISCRIMINACIÓN

 

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) expresa su preocupación por las consecuencias sociales, políticas y jurídicas que generarían el acto administrativo emanado desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en detrimento de los derechos e intereses de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una de las más importantes organizaciones indígenas del país y la región.

 

La resolución Nº 0196, de diciembre 11 del 2014, suscrita por el Coordinador General Administrativo Financiero del MIES, da por terminado el Convenio de Comodato entre la CONAIE y el Ministerio de Bienestar Social (hoy MIES), mediante el cual se entregó a esta organización indígena en comodato gratuito un inmueble de propiedad del Estado ubicado en la Av. Granados y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito. Este convenio se encontraba vigente hasta el año 2021.

 

La PIDHDD reconoce el esfuerzo del Estado ecuatoriano de tomar medidas a favor de “los jóvenes sin referente familiar, que han superado la etapa de crisis por desintoxicación en las ciudades de Guayaquil y Quito”, y que ello haya dado inicio a un proceso de identificación de la infraestructura adecuada para el funcionamiento de cuatro casas para el propósito señalado, mencionado en trece (13) de los dieciocho (18) considerandos del acto administrativo que ha llamado la atención de esta organización regional de derechos humanos.

 

No obstante, la PIDHDD reitera su preocupación por el argumento expresado en el considerando décimo séptimo en el que se asevera “que la utilización del predio no corresponde a los fines propios del servicio público” y que tomando en cuenta “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y en cumplimiento de las políticas y estrategias nacionales de lucha contra la droga” el MIES determina que “es una necesidad institucional urgente contar con el predio entregado en Comodato”.

Esta postura, a juicio de la PIDHDD, evidencia una contradicción entre la argumentación estatal que pretende dar por terminado el convenio de comodato y la trayectoria de esta organización indígena en la defensa de la niñez, adolescencia y juventud indígena.

 

Para la PIDHDD, por un lado, se desconoce que la CONAIE, sus organizaciones filiales y sus dirigentes, en ejercicio de sus derechos, han venido durante años promoviendo y defendiendo los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, en innumerables casos con asistencia técnica de organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como un aporte sustantivo a la formulación y aplicación de políticas públicas a favor de la infancia, adolescencia y juventud en el país. Y, por otro lado, se afirma que la utilización de ese inmueble no corresponde a los fines del servicio público, entre ellos, “equidad, igualdad, participación, solidaridad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y no discriminación” (Art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público).

 

La PIDHDD considera que este tipo de actos administrativos que son contrarios a los principios y las normas constitucionales y, además, a los propios compromisos que el Estado ecuatoriano ha asumido ante la comunidad internacional, como “la promulgación de una normativa para el combate a la discriminación por razones de etnia” (Examen Periódico Universal, Octavo Período de Sesiones, Compromisos Voluntarios del Estado ecuatoriano), deben reverse como una demostración de coherencia política y jurídica con la Constitución de la República y los postulados y las tesis gubernamentales a favor del principio de igualdad y la no discriminación.

 

La PIDHDD ofrece sus buenos oficios con el objeto de encontrar una salida viable que no vulnere los intereses y los derechos en conflicto.

 

Pablo A. de la Vega M.

Coordinador Regional