shuar

Confeniae en respaldo al pueblo shuar de #Nankins

 Puyo, 21 de noviembre de 2016

 

En horas de la mañana comuneros de la nacionalidad Shuar del sector Nankins, San Carlos Pananza, provincia de Morona Santiago, se tomaron el campamento que meses atrás instalara la empresa minera Ecsa Ecyacorriente a través de un operativo de la fuerza pública.

 

En horas de la madrugada comuneros de la zona, bases de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH, ocuparon el campamento de manera pacífica sin encontrar resistencia por parte de los trabajadores de la empresa, en estos momentos decenas de comuneros se encuentran posecionados en el lugar y denuncian la intención de movilizar a militares desde otros sectores, situación que mantiene a la población en máxima alerta.

 

Tras la decisión tomada por las bases, las organizaciones provinciales NAE, FICSH, NASHE; regionales CONFENIAE y nacionales CONAIE expresan su total respaldo a la medida adoptada

 

"Las bases shuar han ocupado su territorio de manera legítima pues nunca hubo consulta previa para dar paso a la minera, cualquier hecho producido por ingerencia de la fuerza pública serán de total responsabilidad del gobierno nacional", expresó Marlon Vargas en rueda de prensa brindada esta mañana en la ciudad de Puyo.

 

Confeniae llama a sus bases y a la sociedad en su conjunto a mantenerse en la máxima alerta y exhorta al estado a no movilizar fuerzas policiales ni militares al sector, caso contrario nos veremos obligados a movilizarnos. El pueblo de Nankins nunca fue consultado para que la empresa ingrese a su territorio por tanto la acción tomada goza de total legitimidad y debe ser respetada por el gobierno ecuatoriano

 

Consejo de Gobierno de Confeniae

“Gobierno ecuatoriano viola la Constitución”: indígenas shuar en la ONU

publicado originalmente por RIDH/PANORAMA el 5 de julio de 2015

ver nota original

 

Por: Carmen Lucía Castaño

Ginebra, 5 de julio.- Durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, por el Palacio de las Naciones pasan representantes de comunidades, de organizaciones no gubernamentales, activistas y defensores de los derechos humanos que vienen hasta la sede de las Naciones Unidas en Ginebra a denunciar la realidad que viven en el terreno y que, en muchos casos, difiere de la versión oficial de los Estados.

 

En el marco de la vigesimonovena sesión del Consejo, que tuvo lugar entre el 15 de junio y el 3 de julio de 2015, Panorama conversó con dos indígenas ecuatorianos de la nación shuar quienes acudieron a Ginebra para dar visibilidad a lo que ellos denominan una segunda colonización de sus territorios, esta vez por parte de las empresas mineras.

 

A la cita acudieron Benancio Ayui, presidente de la Asociación Shuar ARUTAM, y Domingo Ankuash, vicecoordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur. Hablamos de su situación actual, de empresas multinacionales y del papel del Gobierno del Ecuador tanto en el caso Chevron como en el de su comunidad.

 

¿Cuál es la razón de su visita a Ginebra?

 

Domingo Ankuash: Venimos a denunciar que el Gobierno ecuatoriano está violando el derecho constitucional de las comunidades a la consulta. Nuestra Constitución Nacional garantiza que el Estado consultará a los pueblos indígenas sobre toda decisión que pueda afectarlos y eso no ha ocurrido con el pueblo shuar en el caso de la instalación de empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio, ubicado en el sur de la Amazonía ecuatoriana.

 

El Gobierno dijo al principio que el proyecto iba a quedar enterrado, pero ahora tomó la decisión de que hay que explotar y negociar todo el petróleo de la zona para que haya desarrollo.

 

Nosotros no lo aceptamos y en este proceso de lucha el Estado nos ataca como a subversivos, terroristas, guerrilleros, saboteadores. Hasta de narcotráfico nos acusan. Tenemos con el Gobierno una discrepancia ideológica y política fundamental.

 

¿En qué consiste esa discrepancia?

 

D.A. Vemos el desarrollo y la naturaleza de maneras opuestas: el desarrollo del que hablan los occidentales es acumulación. Y para acumular los bienes hay que destruir, hay que robar, hay que matar.

 

Desde el punto de vista de nosotros, el desarrollo no es acumulativo: es explotar de acuerdo a la necesidad, vivir con dignidad dentro del territorio demarcado en que la naturaleza nos ha puesto, que las familias tengan una vivienda digna y una educación de acuerdo a sus usos y costumbres.

 

En la selva, que es nuestro mercado, no hay dólares: ahí tenemos plantas, medicamentos, animales. De eso vivimos. No pedimos al Gobierno que nos dé plata. Sí la necesitamos, pero ya vimos lo que pasó con esa explotación que Chevron hizo por 40 años en el norte de la Amazonía ecuatoriana que es donde peores han sido las consecuencias de la extracción.

 

Ellos les dijeron a los pobres indígenas que iban a erradicar la pobreza y lo que hicieron fue empeorarla. Y encima los dejaron con pueblos divididos, dirigentes sobornados, enfermedades, cáncer… Eso es lo que no queremos.

 

¿Han intentado dialogar con el Gobierno ecuatoriano?

D.A. Nuestros líderes, como dueños ancestrales del territorio, han dialogado, sí. Pero lo importante es qué es lo que negociamos. Le pongo un ejemplo: yo en mi casa me pongo hablar con alguien que no es el dueño y que quiere instalarse, ¿de qué podemos dialogar?

 

Con el Estado hay un atentado de entrada porque dice que es dueño del territorio y del subsuelo, entonces es todo contradicción: si destruyen el subsuelo, ¿dónde quedamos nosotros? Si lo acaban, nos hunden.

 

Y nuestro interés por la naturaleza no es exclusivo de nuestra política territorial: aquí estamos escuchando que el mundo pelea en defensa de la naturaleza, que hay normas internacionales: ¡las mismas empresas petroleras y el Estado dicen que la Amazonía es el pulmón del mundo! Sin embargo, la destruyen.

 

Nosotros somos aliados con la naturaleza porque sabemos que si ella desaparece, el ser humano desaparece. Por eso pedimos que nos dejen vivir con autonomía y ejercer nuestra autodeterminación.

 

Benancio Ayui. Sí hemos acudido a instancias nacionales pero allá no nos toman con demasiada importancia. Todos los poderes están en manos del Estado y no valorizan lo que nosotros decimos. Por esa razón nos hemos visto obligados a venir aquí a denunciar todos esos atropellos que se han cometido y a pedirles a ustedes que nos den una mano para poder vivir una vida como la que nos merecemos en nuestro campo, cultivando sin que nadie nos moleste.

 

Y lo más triste: que todo lo hacen sin consulta, violando la constitución. Que alguna vez nos demuestren que el pueblo fue consultado. Claro que cogen a unos dos o tres o a veces al líder, pero lo que hacen es sobornarlos y ya: hablan entre los dos no más y eso lo muestran como una consulta. Pero el líder no puede tomar decisiones: el que toma las decisiones es el pueblo.

 

D. A. Digamos que el presidente Rafael Correa hiciera eso en su territorio, en su finca. ¡Que los ministros entreguen su tierra, su casa, pero que no nos vengan aquí a nuestro territorio a decir que esto es un derecho del Estado!

 

¿Quién es el Estado acaso? Somos el pueblo. Los 14 millones de ecuatorianos lo somos. No el Presidente con su gabinete: esa es simplemente una función otorgada por el pueblo para que lleve la administración por cuatro o seis años.

 

Este Gobierno, por ejemplo, ha estado administrando ya siete años, y no ha mejorado nada. Sí: mejoraría Guayaquil o Quito o Cuenca. Pero en las zonas rurales no va a encontrar nada bueno. Eso nos aqueja. Mire el caso Chevron: de toda la producción de los 40 años en los que explotaron, a la ciudadanía no le llega ni siquiera el 1%. La lógica detrás de eso es que como el indio vive de la caza y la pesca y no necesita dólares, hay que robarlo, hacerle daño, matarlo.

 

¿No les retornan regalías por los proyectos extractivos?

D.A. Nada.

 

¿Qué dice al respecto el presidente Correa?

 

D.A. Yo conversé con él cuando fue elegido. Me preguntó por qué digo que no a la empresa petrolera. Yo le dije que no fui yo, sino mi pueblo en sus asambleas el que dijo que no. A mí no me eligieron para recibir sobornos o para negociar con el Gobierno: a mí me nombraron para que los defienda. Las diez nacionalidades indígenas de la Amazonía dijeron no al petróleo, no a la minería, no a la tala de bosque, no a todo lo que es atropello de su territorio. Sin embargo, pasó por encima de todo, de manera inconsulta y pisoteando las leyes y normas jurídicas del Estado.

 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Ecuador?

 

B. Ayui. Si los indígenas no quieren retirarse de los lugares supuestamente propiedad de las empresas, el Gobierno utiliza la fuerza pública para hacer los desalojos. Y si así no quieren salir, enseguida viene el juicio.

 

¿Por qué un juicio? ¿De qué los acusan?

 

D.A. De sabotaje y terrorismo. Esas dos palabras suenan duro para nosotros que nunca andamos con armas, en contraste con el ejército que lo que hace, para mí, es terrorismo legalizado. Ellos vienen con cascos de guerra, chaleco antibalas, fusil, metralletas. Hasta con helicópteros artillados. Eso sí da terror. Y nosotros, por tapar una vía reclamando un derecho, somos terroristas. Toda una contradicción. Encima cuando vienen a requisarnos y a “incautar las armas”, lo que se llevan son nuestras herramientas: machetes, motosierras, etcétera.

 

Nuestros actos no son terrorismo: si tomamos acciones es porque han venido inconsultamente a molestarnos y porque las instituciones del Estado están violando la Constitución, las leyes, las normas jurídicas nacionales e internacionales y las declaraciones de la ONU.

 

Inclusive el Ministerio de Ambiente, que supuestamente dice no a la destrucción, certifica y da permiso a las empresas para que entren y extraigan devastando y después a los dueños de las tierras, que somos nosotros, no nos dejan ni siquiera ir a la playa con una batea a buscar oro cuando necesitamos un dólar para salud o para comprar una camisa.

 

¿Cuántos procesados hay por cargos relacionados?

D.A. Actualmente hay más de 200 líderes indígenas enjuiciados.

 

¿Y hay presos?

D.A. También, pero eso no es lo más grave. En los últimos años nos han matado a tres compañeros. Primero fue el profesor Bosco Wisum, en 2009, que hizo una marcha en defensa del agua. Los hechos se indagaron y las autoridades concluyeron que nos matamos entre nosotros y quedó en la impunidad.

 

Después mataron a Freddy Taish en 2013 durante una incursión del ejército. Y el último muerto fue José Tendetza, el año pasado. Él trabajo con la empresa ECSA [Ecuacorriente SA, propiedad de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd. y China Railway Construction Corporation Limited] y, cuando se retiró, comenzó a pelearles porque supo lo que ellos iban a hacer.

 

Entonces lo enjuiciaron, destruyeron su casa y tuvimos que defenderlo y denunciar. Nos faltaban cuatro días para viajar a Lima a hacer diligencias judiciales cuando lo encontraron muerto. La investigación y el proceso de juicio están estancados.

 

¿Ustedes saben quién los mató?

D.A. Esas muertes son un crimen de Estado. Antes de que vinieran las empresas estábamos bien y ningún ejército venía a ponernos problemas en nuestro territorio. Ahora, cuando nos dicen que nosotros nos matamos, yo pregunto ¿cómo se dio la presencia del ejército? Nosotros no fuimos a buscarlos al cuartel: son ellos los que entraron en nuestro territorio.

 

Por eso queremos que el mundo llegue al Ecuador: que vaya la ONU, los periodistas y vean lo que pasa. Ya hemos hablado con más de diez actores presentes en el Consejo de Derechos Humanos, y a todos los hemos invitado para que vengan a ver la realidad. Porque el Gobierno dice que en Ecuador los indígenas estamos bien: que nos tratan bien, que comemos y dormimos bien, pero no es así. Hay persecuciones. Y no pueden mentirle al mundo, tienen que ser sinceros. Si nosotros fuéramos los que mentimos no hubiera habido tres muertos ni más de 200 líderes enjuiciados o en la cárcel.

 

¿Cómo se explican el papel de Ecuador que es muy activo en el caso contra Chevron pero es lo opuesto con ustedes?

D.A. En el caso de Chevron hay en juego millones de dólares que no están siendo reclamados exactamente para hacer la justicia social. El Estado hace tiempo tendría que haber enjuiciado a Chevron, pero fueron los campesinos quienes iniciaron el proceso. Y eso yo lo felicito y si el Gobierno los apoya, también agradecemos esa partecita.

 

También nos han dicho que proponen el instrumento vinculante a nivel internacional. O sea, el Gobierno allá no acepta y aquí presenta. Es una trampa.

 

B. Ayui. Yo me pongo a pensar, si el Gobierno está apoyando el proceso por la destrucción que hizo Chevron, ¿por qué quiere ocasionar otra con la explotación de la minería de gran escala a cielo abierto? Debería darse cuenta de que ya es suficiente con la mala experiencia que se tuvo.

 

Dicen que van a usar tecnología de punta, pero ¿de verdad creen que van a dejar intacto el territorio? Pues no, y todos esos impactos ambientales vamos a sufrirlos nosotros, no el presidente. La gente de las ciudades no va a sufrir: ellos antes se verán beneficiados de toda la explotación, pero nosotros somos los que vamos a quedar con enfermedades, sin hogar y sin un sitio a donde ir. Porque si yo acepto ser reubicado en un pueblo, ¿qué voy a hacer allá? ¿De qué voy a vivir?

 

En el caso de nosotros yo creo que estamos todavía a tiempo de impedir la devastación porque las actividades mineras no están realizándose a fondo. Estamos pidiendo que las actividades autorizadas se suspendan para poder hacer estudios y llevar a cabo la consulta. Aunque estoy seguro de que vamos a decir que no porque no tenemos opción: no podemos aceptar. Tenemos que vivir en nuestro territorio.

 

Finalmente, ¿cómo está el movimiento indígena de la nación shuar en este momento?

B. Ayui. Desde el Gobierno están trabajando para desarticular nuestras organizaciones utilizando a nuestra propia gente: ellos están siendo sobornados y son como un cáncer que va progresivamente dañando todas las comunidades.

 

D.A. Y han comenzado a hacer decretos, como el 016 de 2013 llamado “Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas”, que atenta contra el derecho a la resistencia consagrado en nuestra Constitución.

Pero dejamos en claridad política: nosotros vamos a defendernos. Tengamos o no tengamos nada.

 

Cuando llegaron los españoles, comenzaron a saquear el oro y fue tanta la ambición que tenían que el pueblo shuar, ante todos sus desmanes, cogió el oro caliente y se los hizo tragar. Entonces tenemos una historia de años en que hemos rechazado la minería.

 

Y todo esto que está pasando nos hace decir que ya no más. Tal vez al pueblo shuar tendrán que exterminarlo para quedarse con el territorio. Porque lo hemos intentado por las buenas y por las malas y es como una bomba que va hinchándose. En algún momento va a explotar, y no queremos llegar a eso.

 

Algunos compañeros preguntan qué pasa si viene el ejército. Yo digo que si no nos van a dejar en paz en nuestro territorio, lo mejor es que nos exterminen. Preferible no existir que ver problemas de salud para los nietos y las próximas generaciones.

 

Esa es nuestra posición y de ahí no nos movemos

Justicia legitima violación al derecho a la consulta indígena, en proyecto de minería a gran escala.

 

El 10 de junio del presente año, indígenas shuar ubicados en la zona de influencia del proyecto de minería a gran escala “Panantza - San Carlos”, presentaron una acción de protección ante la violación de su derecho a ser consultados. Esta acción de protección intenta impugnar la Resolución Nro. 194, emitida en mayo de 2011, mediante la cual, el Ministerio del Ambiente, MAE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para la exploración avanzada del proyecto mencionado.

 

Dando curso a la acción, la juez Amparito Zumárraga, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 5, avocó conocimiento de la causa y posteriormente convocó a las partes procesales, a una audiencia pública, la misma que tuvo lugar el día viernes 19 de junio de 2015.

 

En la mencionada audiencia, la parte demandante estableció en sus argumentos la falta de consulta indígena, de conformidad con el Art. 57.7 de la Constitución ecuatoriana , disposiciones del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, haciendo referencia también a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH contra Ecuador en el caso Sarayacu, que entre otros derechos estableció la violación del derecho a la consulta de este pueblo amazónico.

 

Se señaló además, que el MAE haya otorgado una licencia ambiental a este proyecto de minería a gran escala, en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera y ambiental.  A eso, se suma que en el 2010, la Contraloría General del Estado, CGE observó que la licencia ambiental del 2007, que es uno de los soportes a la licencia impugnada, fue otorgada por la Subsecretaría de Protección Ambiental de manera irregular,  al no haber sido realizado según las disposiciones ambientales vigentes a ese momento.1

 

El proyecto Panatza-San Carlos está ubicado al sur-este del Ecuador, en la región amazónica, en Morona Santiago, provincia en la que está localizada la mayor parte de territorios indígenas del pueblo Shuar históricamente conocido como “pueblo de las cascadas sagradas”. Específicamente en las parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón, del cantón San Juan Bosco, y la parroquia San Miguel de Conchay, del cantón Limón Indanza, así como a centros y comunidades shuar y campesinas del cantón Gualaquiza.

 

El pueblo shuar tiene una concepción de territorio por la cual más que propiedad y convencionalidad jurídica, existe la noción de posesión y relación directa con la tierra y la naturaleza. El principal uso que el pueblo shuar hace de la tierra está en relación con sus actividades ocupacionales tradicionales especialmente de auto-subsistencia como son la agricultura en sus chacras, la caza menor en los bosques y últimamente la ganadería especialmente de carne. No es difícil imaginar los graves efectos que el proyecto de minería a gran escala “Panantza San Carlos” pueda ocasionar en el territorio, bosques y ríos utilizados históricamente por el pueblo shuar.

 

Durante la audiencia, también se contó con el testimonio de un dirigente shuar de la Asociación Nankints de Morona Santiago, quien narra el proceso de lucha de su pueblo en contra de varias empresas, entre ellas mineras, que de forma inconsulta ingresaron al territorio para explotación de recursos naturales. Indica que, desde 1952, ingresa la empresa minera Gemsa, que en adelante fue cambiando de nombre, hasta constituirse en 1993 como Explorcobres S.A., subsidiaria de Corriente Resources S.A. de capital chino, registrada en Canadá.

 

Así también, el dirigente shuar señala que su pueblo, al no haber obtenido información oportuna y adecuada acerca de los riesgos y beneficios que el proyecto minero involucra, en noviembre de 2006 varias familias shuar se vieron avocadas a tomar medidas de hecho  como, por ejemplo, la posesión del campamento “Rosa de Oro”, para reivindicar así, la defensa de su territorio ancestral. Manifiestó que el proyecto minero nunca fue debidamente consultado de acuerdo a la Constitución e incluso cuestionó el informe de socialización presentado por la empresa, puesto que el mismo solo consta de ciertas entrevistas a algunos dirigentes, más con las miles de personas que conforman el pueblo shuar.

 

Finalmente, luego de escuchadas las partes y pese a las pruebas aportadas, la jueza resuelve rechazar la acción de protección por considerar que los recursos administrativos y judiciales no se  agotaron. En su exposición afirma que el Estado permanentemente ha venido realizando la consulta previa a las comunidades indígenas y curiosamente expresa que el Estado es el titular de los derechos de la Naturaleza o Pachamama.

 

Nos encontramos a la espera de la respectiva notificación con la sentencia, porque al no estar de acuerdo con mencionado fallo, se apelará ante la Corte Provincial de Pichincha.

 

 

  1. Contraloría General del Estado, Oficio DIAPA/04235, 23 de febrero de 2010.

The Guardian habla sobre José Tendetza y la problemática de la minería a gran escala en territorio shuar

Página web del periódico digital The Guardian con el reportaje sobre José Tendetza

ver video y reportaje en inglés

El periódico digital de origen británico The Guardian publicó el pasado 2 de junio de 2015, el reportaje titulado ¿Fue este líder indígena asesinado por luchar en defensa del territorio en Ecuador? (Was this indigenous leader killed because he fought to save Ecuador's land?) en referencia al líder indígena shuar, José Isidro Tendetza Antún, las condiciones en las que fue hallado su cuerpo y el contexto detrás de su muerte, que al paso de seis meses no termina de ser esclarecida.

El reportaje también habla de la oposición del pueblo shuar de la Cordillera del Cóndor contra la explotación minera a gran escala en su territorio ancestral a través del proyecto Mirador, ejecutado por la empresa de capitales chinos EcuaCorriente S.A. (ECSA). Esta lucha, que Tendetza lideraba, es a consideración de su familia y compañeros, la causa principal de su asesinato.

Se habla además de la detención de dos sospechosos del asesinato, que además resultaron ser trabajadores del empresa ECSA y que fueron liberados inmediatamente por razones de procedimiento.

Human Rights Situation of Leaders and Defenders of the Shuar People in Ecuador

by Paula Cortes

Situación de derechos humanos de los líderes y defensores del Pueblo Shuar en Ecuador

escrito por Paula Cortes

ver original

Indigenous Leader addressing the Commission (Photo by the Inter-American Commission on Human Rights) Indigenous Leader addressing the Commission (Photo by the Inter-American Commission on Human Rights)

Indigenous Leader addressing the Commission (Photo by the Inter-American Commission on Human Rights) Indigenous Leader addressing the Commission
(Photo by the Inter-American Commission on Human Rights)

Commissioners: Rose-Marie Belle Antoine; José de Jesús Orozco Henríquez; Tracy Robinson; Paulo Vannuchi.

Petitioners: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Fundación Shuar

State: Ecuador (absent)

Peticionarios: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)/ Fundación Shuar

Comisionados: Rose-Marie Belle Antoine; José de Jesús Orozco Henríquez; Tracy Robinson; Paulo Vannuchi.

Estado: Ecuador (ausente)

On March 17, 2015, different civil society organizations and Shuar indigenous leaders came before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to denounce the challenges facing the leaders and advocates of the Shuar community. According to the Petitioners, these leaders and advocates face violence and threats from the Ecuadorian government and from transnational corporations.

The Shuar are an indigenous community living in the Ecuadorian Amazon. They described themselves as peaceful people who are against the drilling of petroleum or mining on their lands. According to the Petitioners, during the government of Rafael Correa, Canadian and Chinese transnational corporations have increased their foreign investment in extracting natural resources from the Shuar’s land. These extractive projects are not only affecting the Shuar community’s way of life, but also others who live on that land. As a result of the Shuar’s opposition to these projects, both the government and the transnational corporations are putting pressure on them, intimidating their leaders, and forcibly displacing them from their ancestral lands. Consequently, the Shuar community has rejected the State’s presence on their land.

According to the Petitioners, the government and transnational corporations’ use of social democracy and progress rhetoric is just a political discourse to gain more control of the land by fragmenting and alienating the different tribes. However, this fragmentation strategy is part of one big project that seeks to get the Shuar people out of their land so that a few privileged groups in Ecuadorian society can benefit. In addition to this displacement strategy, there have been reports of killings of Shuar leaders who oppose the government. In recent years, three leaders have been killed; one death occurred in a march for clean water, and the other two cases have gone unpunished. Through these actions, the government is violating the ideal of plurinationality, which was established in the most recent version of the Ecuadorian constitution.

Petitioners argued that the Shuar’s people culture and way of life is about to disappear. Amongst the most serious threats to the livelihood and well being of the Shuar community is a massive hydroelectric project planned by the government of Rafael Correa. This project would be the largest hydroelectric project in the South American continent. However, this project has not had the participation of the indigenous communities living in the territory, violating the right of prior consultation. Moreover, Petitioners claim that this mega project could lead to a spiral of violence. One of the indigenous leaders present, who spoke in his native language, told the Commission about how their territory used to be peaceful but now is violent. He asserted that his people cannot go elsewhere; they cannot go to other land and hope that justice is done. Petitioners concluded by asserting that if the hydroelectric mega project is built, it will affect not only the Shuar community but the entire world, resulting in accelerated climate change and a new range of diseases spreading throughout the continent.

Commissioner Antoine, Rapporteur for Ecuador, expressed concern for the violations of already established property rights of the indigenous peoples to their ancestral lands. She also expressed concern for the complete disregard of the right of prior consultation, as well as the use of unjust laws to prosecute and intimidate indigenous people. She stated that indigenous leaders should not be prosecuted when advocating for their rights. She also stated that the Commission has worked with the Canadian government to try to ensure Canadian corporations comply with international human rights. Commissioner Orozco asked if there were any mechanisms to protect advocates who are in a vulnerable position. Commissioner Robinson expressed disappointment in the government’s failure to attend the hearing. She stated that it was important for the State to give its perspective on the allegations of human rights violations, such as killings and disappearances. She invited the State to come before the Commission and present its perspective. Commissioner Vannuchi proposed a dialogue with the businesses and to create more awareness and social responsibility.

Petitioners responded by stating that there are no effective mechanisms to protect the human rights of advocates. Although protest leaders received an amnesty in 2008, in 2009, the government once again criminalized the act of protesting, labeling it as sabotage, terrorism, and obstruction of public streets. Similarly, it is also difficult to obtain protection given the lack of independence of the judicial sector. In their concluding remarks, the indigenous leaders asserted that the Shuar people are not opposed to development, but that for the Shuar people, development is not about accumulating goods but about enriching the human being through culture and education.


El 17 de marzo del 2015, diferentes organizaciones de la sociedad civil y líderes de la comunidad indígena Shuar se presentaron ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los obstáculos que enfrentan los líderes y defensores de la comunidad Shuar. Según los Peticionarios, los líderes y defensores se enfrentan a violencia y amenazas por parte del gobierno Ecuatoriano y por parte de las corporaciones trasnacionales.


Los Shuar son una comunidad indígena que vive en la Amazonia Ecuatoriana. Ellos se describen a sí mismos como pacíficos y dicen estar en contra de la extracción del petróleo y la minería en sus tierras. Según los Peticionarios, durante el gobierno de Rafael Correa, corporaciones Canadienses y Chinas han incrementado su inversión en el país en las industrias extractivas de recursos naturales. Estos recursos provienen de la tierra de los Shuar. Los proyectos extractivos no solo afectan el estilo de vida de la comunidad Shuar, pero también afectan a otros que viven en esas tierras. Como resultado de la oposición de los Shuar a estos proyectos, tanto el gobierno como las corporaciones están presionando a los Shuar, intimidando a sus líderes, y desplazando forzadamente a los miembros de la comunidad. En consecuencia, la comunidad Shuar ha rechazado la presencia del Estado en sus tierras.


Según los Peticionarios, la retórica de democracia social y el progreso utilizada por gobierno y las corporaciones transnacionales es tan solo un discurso político que es usado para ganar más control sobre el territorio, fragmentando y alienando a las tribus. Sin embargo, esta estrategia de fragmentación es parte de un proyecto más grande que busca sacar al pueblo Shuar de sus tierras para que unos pocos grupos privilegiados en la sociedad Ecuatoriana se puedan beneficiar. Además de esta estrategia de desplazamiento, hubo reportes de asesinatos de líderes Shuar que se oponen al gobierno. En los años más recientes, tres líderes indígenas han sido asesinados; una muerte ocurrió en una marcha por el agua, y los otros dos casos se han quedado impunes. Por medio de estas acciones, el gobierno está violando el ideal del plurinacionalismo, el cual fue establecido en la versión más reciente de la constitución ecuatoriana.


Los Peticionarios argumentaron que la cultura y el estilo de vida del pueblo Shuar están a punto de desaparecer. Dentro de las amenazas más serias a la existencia y bienestar de la comunidad Shuar está el mega proyecto hidroeléctrico planeado por el gobierno de Rafal Correa. Este sería el proyecto hidroeléctrico más grande en todo el continente Sudamericano. Sin embargo, este proyecto no ha contado con la participación de las comunidades indígenas viviendo en los territorios afectados. Además, los Peticionarios alegan que este mega proyecto podría llevar a un espiral de violencia. Uno de los líderes indígenas presentes, quien hablo en su lengua nativa, expresó a la Comisión como su territorio antes era pacífico y ahora se ha vuelto violento. Este afirmó que su gente no puede irse a vivir en ningún otro lugar; ellos no tienen otras tierras a donde puedan irse y por eso esperan que haya justicia. Los Peticionarios concluyeron afirmando que si el mega proyecto hidroeléctrico es construido, este no afectara tan solo a la comunidad Shuar, pero también al mundo entero, resultado en un cambio climático acelerado y en una gama de nuevas enfermedades promulgándose por todo el continente.


La Comisionada Antoine, Relatora para el Ecuador, expresó su preocupación por las violaciones del ya establecido derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales. Esta también expresó preocupación por el total desprecio del derecho de consulta previa, como también por el uso de leyes injustas para enjuiciar e intimidar a las personas indígenas. La Comisionada declaró que los líderes indígenas no deberían ser criminalizados cuando estos tratan de defender sus derechos. Ella también declaró que la Comisión ha estado trabajando con el gobierno Canadiense para tratar de asegurar que las compañías Canadienses cumplan con los estándares de derechos humanos internacionales. El Comisionado Orozco preguntó si había mecanismos para la protección de los defensores que están en situación de riesgo. La Comisionada Robinson expresó su decepción de que el gobierno Ecuatoriano faltara a la audiencia. Esta declaró que es importante para el Estado dar su perspectiva sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos, tales como asesinatos y desapariciones. Esta invito al Estado a presentarse ante la Comisión y exponer su perspectiva. El Comisionado Vannuchi propuso que se lleve a cabo un diálogo con las compañías para crear más conciencia y responsabilidad social.


Los Peticionarios respondieron declarando que no hay ningún mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los defensores. Aunque los lideres protestantes recibieron una amnistía en el 2008, en el 2009, el gobierno empezó otra vez a criminalizar los actos de protesta, clasificándolos bajo crimines como: el sabotaje, actos de terrorismo, u obstrucción de la vía pública. De la misma manera, también es difícil obtener protección dado a la falta de independencia del sector judicial. En sus observaciones finales, los líderes indígenas afirmaron que el pueblo Shuar no se opone al desarrollo, pero que para el pueblo Shuar, el desarrollo no se trata de la acumulación de bienes pero del enriquecimiento del ser humano a través de la cultura y la educación.


El pueblo shuar denunció ante la CIDH, escalada de violencia producto de la intervención minera a gran escala en su territorio

El pasado martes 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones, recibió a una delegación ecuatoriana conformada por integrantes de la nacionalidad shuar, de la Asamblea de los Pueblos del Sur y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. Esta delegación expuso la situación de dirigentes indígenas que denuncian la violación de derechos colectivos del pueblo shuar en el contexto de desarrollo de la minería a gran escala en su territorio.

E Uno de los dirigentes shuar rememoró la posesión de la tierra en manos indígenas previa a la colonia española , y el despojo del que han sido víctimas a través de los años. El representante de la Asamblea de los Pueblos del Sur denunció la intención de convertir a la cordillera del Cóndor en un megadistrito minero, cuya imposición representaría el etnocidio del pueblo shuar.

Otro de los representantes indígenas narró la pérdida de la paz en su territorio y el crecimiento de los conflictos entre los habitantes de la región; habló de la contaminación de los ríos que usan para consumo humano, además del riesgo que corre el derecho a la vida de determinados dirigentes, ejemplo de lo cual es el asesinato de su hermano, José Tendetza.

La CEDHU presentó  un informe que da cuenta de la construcción de un marco jurídico nacional, elaborado de manera inconsulta,  que está destinado a favorecer el desarrollo de la minería a gran escala en el país, sin considerar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos que habitan en las zonas de influencia de los proyectos mineros.

Se igual forma, se señala que las muertes de José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisuma, formarían parte de un patrón más amplio de escalada de violencia, criminalización y represión contra dirigentes indígenas y campesinos que se oponen a los proyectos mineros ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, provincias donde se ubican comunidades indígenas, mayoritariamente del pueblo shuar.

En este contexto, se estaría vulnerando derechos fundamentales de los pueblos indígenas como es el derecho a la consulta libre, previa e informada, igualmente estaría en en riesgo el derecho que tienen estos pueblos a conservar sus territorios y ríos,  a mantener sus prácticas ocupacionales y alimentarias autosustentables.  Por otro lado, se estarían conculcando derechos y libertades fundamentales como son el derecho a la vida e integridad personal y sicológica y el derecho a la libre expresión.

Por otro lado,  se solicitó a la CIDH lo siguiente: que recomiende al Estado ecuatoriano la realización de investigaciones imparciales que lleven a identificar responsabilidades en los asesinatos a los tres líderes shuar mencionados; que realice procesos de consulta incluyentes con el pueblo shuar antes de iniciar cualquier actividad extractiva en sus territorios;el  respeto a la integridad territorial indígena, a su cultura, tradiciones y costumbres, entre otros aspectos. Además, se solicitó una visita al país para que la CIDH pueda constatar las situaciones denunciadas.

Situación del pueblo shuar del Ecuador, expuesta ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas


La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

 

Estas organizaciones hacen un llamamiento urgente  a las Naciones Unidas por la situación de vulnerabilidad que experimentan líderes sociales de las provincias de de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

 

La solicitud relata las muertes de José Tendetza, ocurrida en diciembre de 2014; Freddy Taish, sucedida en noviembre de 2013 y la de Bosco Wisum ocurridadurante las protestas contra la Ley de Aguas, el 30 de septiembre de 2009. Los tres- indígenas shuar forman parte de la lucha contra  la minería a gran escala, instalada en el sector.. Las organizaciones expresan consideran que,

 

“los tres asesinatos son parte de un patrón más amplio de la escalada de violencia, criminalización y represión contra dirigentes indígenas que se oponen al proyecto minero Mirador y a los proyectos San Carlos Panantza,  ubicados en territorios indígenas ancestrales Shuar y campesinos de la Cordillera del Cóndor (provincias de Zamora Chinchpe y Morona Santiago, y que dejarían graves e irreparables lesiones a la nacionalidad indígena Shuar del Ecuador”.

 

Denuncian además, que el apoyo otorgado por el Estado  a estos proyectos ha vulnerado  derechos humanos y colectivos contemplados en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales como es el Convenio 169 de la OIT.

 

Así, se han vulnerado los derechos a la consulta libre, previa e informada y corren grave riesgo el derecho al acceso a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, el derecho al agua potable, el poseer y  utilizar sus tierras.

 

Estas violaciones han sido denunciadas con anterioridad, ante diferentes instancias nacionales. Enn el año 2012, se presentó un pedido de auditoría sobre la intervención de la empresa EcuaCorriente en el proyecto Mirador, ante la cual la Contraloría General del Estado emitió un informe que revela múltiples irregularidades, entre ellas, el incumplimiento del Mandato minero. En el año 2013, se presentó una Acción de Protección por los derechos de la Naturaleza e  igualmente, una demanda de incumplimiento del Mandato minero ante  la Corte Constitucional.

 

A nivel internacional, en el año 2013, se  presentó una queja ante la OCDE en Canadá, denunciando una serie de atropellos cometidos por la empresa EcuaCorriente, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Además, se comunicó el comportamiento de esa empresa, a la embajada China y a los bancos chinos que financian el proyecto Mirador.

 

La presencia de la empresa EcuaCorriente en la zona ha afectado negativamente las relaciones sociales entre comunidades, ha provocado el desplazamiento de familias como las delbarrio San Marcos y más alrededores de la parroquia Tundayme, la última acción de la empresa fue la destrucción de la capilla y la escuela comunitarias, por parte de empleados de la empresa. Dirigentes y líderes sociales han sido criminalizados por su trabajo de defensa del territorio.