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RUEDA DE PRENSA COMISIÓN ANTIEXTRACTIVISTA SE PRONUNCIA ANTE DESALOJOS FORZADOS EN TUNDAYME

Ante los desalojos forzados que viven las familias de la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe por la ejecución del Proyecto Minero Mirador.

La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) invitana los medios de comunicación a la presentación de la Acción de Protección con el fin de exigir la reparación integral a las familias que han sido desalojadas.

Esta acción jurídica es respaldada por los de los representantes de la Comisión Antiextractivista conformada por Íntag, Quimsacocha, Tundayme, el Pueblo Shuar Arutam, la Red Agroecológica del Sur y la Federación Interprovincial de Centros Shuar – Ficsh.

Desalojos en Tundayme ejecutado por la empresa Ecuacorriente S.A. y la Policía Nacional.

  • El pasado 30 de septiembre se desalojó a 16 familias

  • La noche del 15 y madrugada de 16 de diciembre de desalojaron a 14 familias.

  • El 4 de febrero se desalojo a la señora Rosario Wari, de 107 años, de su hogar ubicado a 3 kilómetros del río Tundaymi.

  • Presentación de la Acción de protección, en Zamora, siendo allá la sede de la Arcom. 

En Tundayme se encuentra el ProyectoMirador que está siendo ejecutado por la empresa china Ecuacorriente S.A. La concesión minera pretende sacar 4738 millones de libras de cobre.

 

“Devuélvannos nuestro territorio”

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) con el apoyo de la Fundación Regional en Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) invitan a los medios de comunicación al plantón “Devuélvannos nuestro territorio” que se realizará mañana, 30 de octubre, en los exteriores de la Defensoría del Pueblo (Av. Prensa) desde las 08:00.

El pasado 7 de octubre, solicitamos al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, sea parte de la Misión de Verificación para la visita in situ al barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, lugar donde se desalojaron a 16 familias.

Esta Misión debió estar conformada por el Defensor del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y la presencia de representantes de Naciones Unidas y Unión Europea. Sin embargo, los tres funcionarios de las entidades estatales no fueron a la Misión impidiendo de esta forma que los organismos internacionales visiten la zona de Tundayme. Lugar donde se encuentra el proyecto minero Mirador que extraerá oro y cobro de la zona.
 

Frente a eso, nosotros como parte de las 16 familias afectadas por los desalojos ocurridos el 30 de septiembre, en el barrio San Marcos, parroquia Tundayme, venimos a Quito para que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo nos escuche.

 

Carta abierta a los funcionarios del Estado para visitar Tundayme

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), laFundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) hace pública la invitación a laministra de Justicia y Derechos Humanos, Ledy Zúñiga;   Zobeida Gudiño de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional; y Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del Pueblo del Ecuador, para que sean parte de la Misión de Verificación que visitará     la comunidad indígena shuar Cascomi, en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.

Esto luegode quela guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente S.A. acompañados de un operativo de policías y militares, con maquinaria pesada desalojaron forzosamente a las familias de la comunidad shuar, el pasado 30 de septeimbre de 2015.

Esta Misión se espera que esteconformada por un delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y uno de la Unión Europea, quienespor protocolos diplomáticos de cada organismo, solo pueden acompañar esta misión si hay unarespuesta afirmativa de los funcionarios del Estado.

 

Quito, 7 de octubre de 2015 

Dra.                                                                                                                                     Lady Zúñiga                                                                                                                       Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

Dra.                                                                                                                                     Zobeida Gudifio                                                                                                                      Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional 

Dr.                                                                                                                                       Ramiro Rivadeneira Silva                                                                                                         Defensor del Pueblo del Ecuador  

De nuestras considemciones:

Como es de su conocimiento, el día 30 septiembre de 2015, desde las 06:00 horas, la guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente S.A. acompañados de un operativo de policías y militares, con maquinaria pesada desalojaron forzosamente a las familias de la comunidad indígena shuar Cascomi, en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.

Este desalojo, supuestamente se produjo con orden judicial, pero no se indicó la supuesta orden a las familias afectadas, muchas de ellas radicadas en territorio privado, y sobre los cuales no mediaba acción judicial alguna, como es la declaratoria de servidumbre o un contrato de compra- venta

Los comuneros miembros de CASCOMI tampoco son invasores, como se ha querido convencer a la opinión pública. Adjuntamos el certificado del Registrador de la Propiedad del cantón Gualaquiza, que prueba tal propiedad a favor de CASCOMI.

También se ha dicho que las familias desalojadas han sido reubicadas, lo que es falso. A varias familias se las engafió con la oferta de reubicación a fin de que vendieran sus propiedades, pero esta oferta nunca fue cumplida.

Lo sucedido en Tundaymi es una más de las actuaciones de la empresa en clara violación de derechos humanos y de los derechos colectivos.

En los juzgados locales existen varios procesos que no han sido resueltos, a pesar de ellos se procedió a los desalojos en clara violación al debido proceso y violando el derecho a la defensa que les ampara a las personas que han sido objeto de este atropello. 

Rueda de prensa y desayuno "La lucha es por la tierra, no más desalojos"

La Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) invitan a los medios de comunicación al desayuno de trabajo y a la presentación de medidas cautelares para evitar los inminentes desalojosde las familias de Cascomi, ubicadas en la zona de influencia del Proyecto minero Mirador, en la parroquia de Tundayme,  provincia de Zamora Chinchipe.

 Para entregar las medidas cautelares, cerca de 50 representantes de las familias que serán afectadas viajarán desde Tundayme a Quito.

El desayuno se realizará el lunes, 8 de junio de 2015, a las 09:00, en el restaurante La Boca Grande (Edificio Acuariu - Clemente Ponce- 329 y 6 de Diciembre, cerca del Ministerio de Relaciones Laborales). Una vez concluida la rueda de prensa y el desayuno se procederá a presentar las medidas cautelares en la Sala de Sorteos de Quito (Clemente Ponce N15-81 y Pihedrahita).

Las medidas cautelares buscan evitar los desalojos derivados por los procesos de servidumbres impuestos en la zona. Las servidumbres permiten el uso y goce de la empresa minera Ecuacorriente sobre territorio de Cascomi. Esta asignación provoca que los habitantes de la zona deban abandonar sus hogares de forma obligatoria a cambio de un monto económico irrisorio, sin que se haya realizado la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto minero ylos procesos de servidumbres, tal como establece la Constitución.